Mientras el Gobierno avanza con una reforma laboral regresiva que promete “modernizar” el mercado de trabajo, la realidad muestra un cuadro completamente distinto: en buena parte del país la informalidad se volvió norma. En tres de las seis regiones argentinas —NOA, NEA y Cuyo— más del 50% de quienes trabajan lo hacen sin registrar, y en condiciones que ni siquiera permiten sostener una canasta básica. Es el nivel más alto en 17 años y tiene un correlato directo: cierre de empresas, caída del empleo formal y un deterioro acelerado de las condiciones de vida.
El proceso se intensificó desde 2024, luego de la aplicación de los capítulos laborales de la “Ley Bases”. La evidencia es contundente: mientras el blanqueo incorporó apenas 16 mil trabajadores, el país perdió más de 220 mil empleos privados registrados y cerró casi 20 mil firmas. Solo Neuquén muestra un leve crecimiento empresarial; el resto del país retrocede, sobre todo provincias con fuerte matriz industrial como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe.
En este marco, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, atribuyó el problema a la “unicidad salarial” y sostuvo que permitir salarios más bajos en provincias del norte generaría un aumento del empleo regional. La frase desconoce un dato básico: los salarios financian el consumo y, por ende, la actividad económica. Reducirlos no dinamiza el empleo: lo ajusta a la baja.
Un país fragmentado
El panorama regional confirma una desigualdad cada vez más marcada. Según datos recientes del IIEP-UBA, el 43,2% de los asalariados argentinos trabaja de forma informal. Y el dato más grave: la mitad son pobres aun teniendo empleo. La tasa de informalidad entre asalariados es del 37,7%, pero asciende al 62,5% entre trabajadores independientes.
Por regiones, el deterioro es evidente:
NOA: 52,6% de informalidad.
Cuyo: 51,3%.
NEA: 48%.
Gran Buenos Aires, Pampeana y Patagonia se ubican por debajo del promedio, aunque siguen con niveles elevados.
A nivel de ciudades, la heterogeneidad es extrema: desde Ushuaia–Río Grande con un 18% hasta Gran Tucumán–Tafí Viejo, que roza el 60%. En Cuyo, San Luis registra 47,1% y San Juan sube a 56,7%.
El peso de cada actividad también muestra disparidades. Sectores como la construcción o el servicio doméstico exhiben tasas del 75,4%, mientras que el comercio concentra la mayor porción de empleo informal total, tanto por incidencia como por volumen.
El tamaño de las empresas es otra variable clave: mientras los establecimientos de más de 40 empleados tienen una informalidad del 12,1%, en los comercios de menos de cinco trabajadores la tasa trepa al 65,3%. La reforma laboral aprobada en 2024, al habilitar que “independientes” contraten “colaboradores”, consolidó esta lógica, formalizando lo que ya operaba de hecho.
El nivel educativo también marca brechas enormes: solo 17,1% de los universitarios completos es informal; entre quienes no finalizaron la secundaria, el índice se dispara al 64,6%.
El agravamiento de las condiciones de vida
La desregulación laboral no solo no generó empleo: empeoró las condiciones existentes. La brecha salarial entre trabajadores formales e informales muestra una penalidad del 44%. Es decir: ante iguales características laborales y educativas, un informal cobra casi la mitad. No sorprende entonces que en el primer quintil de ingresos ocho de cada diez ocupados sean informales.
Esto alimenta la figura creciente del “trabajador pobre”: un cuarto de los asalariados vive en hogares pobres, porcentaje que sube al 42% entre informales. La mitad gana menos que el valor de la canasta individual.
Mientras tanto, la administración Milei estudia una nueva reforma que incluiría acuerdos por empresa, extensión de jornada, indemnizaciones en cuotas, cambios en las vacaciones y aumentos salariales por productividad. Para investigadores como Claudio Lozano, el objetivo es claro: abaratar el trabajo, facilitar el despido y fragmentar la negociación colectiva. Lejos de generar empleo, estas medidas, según la experiencia internacional, amplían la desigualdad.
Luis Campos, de la CTA-Autónoma, sintetiza la situación: la reforma no mejora la situación de los informales, recorta derechos a los formales y debilita la acción sindical. Si la economía no se recupera —advierte— el empleo no crecerá más allá de cualquier reforma regresiva.
Una estructura que se debilita
En conjunto, las estadísticas oficiales confirman que la desregulación laboral no solo no genera trabajo sino que consolida un escenario de mayor precariedad, menor protección y caída del poder adquisitivo. El impacto, además, compromete la recaudación y sostenibilidad futura del sistema jubilatorio.
El deterioro del mercado laboral no es una consecuencia colateral: es un resultado directo de las políticas aplicadas desde 2024. Con la actividad estancada y la desigualdad territorial profundizada, el mapa del trabajo argentino muestra algo más que crisis: revela un modelo que legaliza la precariedad mientras erosiona las condiciones de vida en cada rincón del país.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com