Jueces resisten ajuste en jubilaciones y Ganancias
El avispero judicial comenzó a revolucionarse ante la percepción de que el Gobierno Nacional dirigirá sus cañones para forzar que el pedido de «esfuerzo» presupuestario para acompañar el ajuste se plasmen en efectos concretos para el Poder Judicial.
En las vísperas de la elección de los candidatos jueces para representarlos en el Consejo de la Magistratura, las tres listas que compiten emitieron un inédito comunicado conjunto en el que rechazaron cualquier intento de poda en el sistema de jubilaciones que ampara a los funcionarios judiciales; nuevamente se opusieron a la idea del traspaso de los tribunales de la justicia nacional a la órbita de la Capital Federal; y volvieron a renegar de la extensión generalizada del pago del Impuesto a las Ganancias. Sobre el primer punto, en el Poder Ejecutivo hicieron silencio, para no abrir una discusión pública sobre el régimen de retiro de los magistrados que está bajo análisis.
Pero sobre el beneficio impositivo, dejaron la puerta abierta a que sea la Corte Suprema la que tercie por generalizar el pago del tributo. En el máximo Tribunal, tendieron un manto de prudencia: si llega un pedido de la Casa Rosada, se analizará.
«Vienen por todo de verdad», indicó un juez atento a los devaneos gubernamentales. A manos de los integrantes del Poder Judicial llegó un paper oficial que detalla cifras y gráficos sobre una posible reforma de los regímenes especiales de jubilaciones, como los de los magistrados. La conclusión de esos documentos era proyectar cuánto sería el ahorro presupuestario en caso de elevar la edad jubilatoria y aumentar los porcentajes de aportes. La propuesta era modificar la ley N° 24.018 para ir progresivamente elevando la edad de retiro de a un año, fijando los 62 en 2019 hasta llegar a los 65, en 2022; pasar del 13% el año próximo al 15% de retención en 2021 de las remuneraciones activas para elevar los aportes; y cambiar el cálculo de la jubilación inicial (a la baja), tomando en cuenta el promedio de cargos ejercidos en los últimos 120 meses previos al retiro. Adicionalmente, exigirán una «contribución solidaria» del 6% del monto del haber bruto. A los jueces se les erizó el lomo con el proyecto que circuló.
El Ministerio de Justicia hizo «mutis» sobre el tema previsional. Sin embargo, volvió a hacer eje en el tema Ganancias: recordaron que el Congreso aprobó una ley para que todos empiecen a tributar. De todo el universo impactado de posibles contribuyentes, sólo 400 que ingresaron en cualquier estamento por fuera del Poder Judicial pagan. Una oportuna medida cautelar «interpreta» que la ley sólo alcanza a los que «ingresan» al Poder Judicial a partir de 2017, no a quienes ascienden, o que asumen otras funciones. El Gobierno señala que la Corte podría revertir esto cuando lo revise. Todavía no giró por las vocalías para que se expida en un fallo. «Desenganchar» a los Ministerios Públicos y a todos los organismos que se acoplaron a la propia Acordada que durante el menemismo eximió del tributo es otra de las estrategias. Si llegara un pedido por otra vía, el máximo Tribunal lo analizaría. Aseguran que Marcos Peña, en el último acuerdo con los supremos, ni mencionó el tema.
A toda esta confusión, se agregó la reacción de gremialistas que responden a Julio Piumato y de empleados judiciales que se declararon en alerta y movilización ante la firma en Diputados de un dictamen que define traspaso de todos los tribunales nacionales a la ciudad.
Hoy, los jueces concurrirán a las urnas para definir sus propios comicios que -de no mediar sorpresa- volverán a dividirse equitativamente entre las tres listas competidoras, la tradicional y mayoritaria Lista Bordó, la Celeste y Compromiso Judicial, con fuerte incidencia en los tribunales federales de Comodoro Py. Sin embargo ayer, los tres candidatos que encabezan, el camarista civil Ricardo Recondo, el camarista de San Martín Alberto Lugones y el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta firmaron un comunicado conjunto rechazando las iniciativas oficiales que trascendieron para «ajustar» al Poder Judicial. «Los candidatos a consejeros titulares reiteramos nuestra oposición a todo intento de avasallamiento de los derechos de todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos y nos comprometemos a trabajar de manera conjunta en defensa de los mismos», afirmaron. Fue el anuncio de que se pintarán la cara.
Como adelantó Ámbito Financiero, en exclusiva, la guerra entre el Gobierno y la Justicia comenzó a gestarse con el envío de los anteproyectos de presupuesto para el 2019, que contemplaban $10.000 millones para la Corte y otros $35.000 millones para el Consejo que administra los fondos del resto de los tribunales nacionales y federales. En varios despachos del Palacio de Tribunales se preguntaron si todo este combo de cruces por dinero no tendría relación con la posibilidad de que la Corte Suprema prepare fallos previsionales de alto impacto que podrían poner los pelos de punta al Gobierno.
ÁMBITO FINANCIERO
PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM