Ante la escasez de divisas, el Ejecutivo se encamina a convertir nuevamente a la Argentina en un refugio fiscal y delictivo. Especialistas advierten sobre las consecuencias, los antecedentes locales y las normativas nacionales e internacionales que podrían ser vulneradas por el blanqueo de capitales.
“Vamos a hacer la fría”. La expresión aparecía reiteradamente en las comunicaciones del narcotraficante colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, uno de los líderes del Cartel del Norte del Valle. Con esa frase aludía a ingresar dinero a la Argentina, un país “frío” en comparación con el clima tropical colombiano. Meyendorff fue extraditado a Estados Unidos en 2013, apenas un año antes de que Argentina lograra salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluye a los países elegidos por redes criminales —trata, narcotráfico, armas, evasión— para lavar activos ilícitos. Para las potencias occidentales esto es fundamental: el capitalismo no puede competir con dinero de origen ilegal, que carece de costos. Ese dinero ingresa en propiedades, empresas y en estructuras de poder económico, político y judicial. La iniciativa de blanqueo promovida por Javier Milei abre la puerta para que el país vuelva a convertirse en una plaza atractiva para estos flujos delictivos. El mandatario declaró: “el narcotráfico es un problema de Seguridad, no se lo combate con la Economía”. Un magistrado de Comodoro Py le aseguró a Página/12 que el Presidente podría ser acusado de instigación al lavado de activos. “Las obligaciones de declarar el origen del dinero y de que escribanos, contadores y bancos informen operaciones sospechosas están consagradas por ley. Incumplirlas implica ser partícipe necesario del delito. Y eso no se resuelve con una resolución del BCRA, la AFIP o cualquier otro organismo”.
José Sbatella, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, rememora lo difícil que fue salir de la lista gris. A los gobiernos no alineados con Estados Unidos, como el de CFK, se les exigía mucho más para ser excluidos del radar internacional. Pero además existían hechos concretos: redes narco que inyectaban capital ilícito en la economía nacional.
El informe que disparó la causa de Salvatore
Carlos Alberto Salvatore fue señalado como el principal narcotraficante del país en 2012. Abogado de profesión, ofrecía servicios legales a narcos y, a su vez, organizaba operaciones de tráfico de cocaína. Fue el cerebro detrás del envío de 1.200 kilos a España en el operativo conocido como Carbón Blanco. Su caída comenzó cuando se detectó que lavaba dinero mediante la compra de campos de más de 150 hectáreas en la Provincia de Buenos Aires, vehículos de alta gama y propiedades en Capital Federal y Mar del Plata. También tenía fondos depositados en cuentas nacionales y uruguayas. Todo se inició cuando un escribano presentó un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por la compra de una casa en Lomas de Zamora por 350.000 dólares. Hoy, Milei plantea eliminar estos mecanismos de control.
Una amenaza al mercado formal
“Para el sistema capitalista, el ingreso de fondos ilegales es una forma de competencia desleal —explica Sbatella—. Se trata de dinero que no tiene costo, como el producto de un robo bancario. Recordemos que Pablo Escobar fue electo diputado suplente por el Partido Liberal en Colombia, tras distribuir dinero y construir infraestructura en barrios populares de Medellín. Es decir, el narco más famoso comenzaba a cumplir su ambición de llegar a la presidencia. Por eso, el propio sistema capitalista rechaza que se legalicen fondos provenientes del crimen organizado: distorsionan el mercado y generan poder político y judicial ilegítimo”. Entre 2011 y 2014, Argentina logró salir de la lista gris del GAFI. “El año pasado hubo gestiones constantes para evitar una nueva inclusión. Estas medidas de Milei nos encaminan nuevamente hacia esa lista”, afirma Sbatella. En Balcarce 50, sin embargo, apuestan a una eventual vuelta de Donald Trump para obtener respaldo político y financiero, como ocurrió con el FMI.
La Hidrovía como zona liberada
Carlos Cruz, extitular de la UIF durante la gestión de Alberto Fernández, advierte que “existe un notable descontrol en zonas como la Hidrovía, donde abundan los reportes de contrabando de drogas, granos y alimentos. Esto afecta directamente los precios, el empleo y el abastecimiento interno. El ingreso de divisas sin control no solo amenaza al sistema financiero, sino también a la economía cotidiana de los argentinos”. Según Cruz, el blanqueo indiscriminado de divisas podría canalizar recursos de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas o terrorismo. Hoy en día, bancos, aseguradoras, escribanos y servicios digitales tienen la obligación de alertar sobre movimientos sospechosos. Son herramientas clave en la lucha contra el crimen financiero.
Alerta en los tribunales
Desde Comodoro Py, varios jueces especializados en causas por lavado de activos alertaron que “si alguien llega con un bolso lleno de dólares a una escribanía, concesionaria o banco, los profesionales tienen la obligación legal de generar un ROS. No hacerlo es delito. Las iniciativas del Presidente rozan la incitación al lavado de dinero, lo cual constituye una infracción penal”. Además, advirtieron que Argentina está atada a compromisos internacionales y no puede modificar estas normas sin una ley que reemplace las vigentes.
Investigación criminal como eje
Para Marcelo Saín, exministro de Seguridad santafesino, el eje debe estar en las investigaciones criminales. “La compra de propiedades o inversiones, como las que proliferan en Rosario, son indicios claves que prueban maniobras delictivas. Con una economía en gran parte informal —incluyendo el comercio de granos—, la prioridad es identificar previamente a las organizaciones narco o delictivas. Si el dinero de estas estructuras se legaliza sin preguntar su origen, ese registro puede servir de evidencia en futuras condenas”.
Un ejemplo: el exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con 250.000 dólares sin justificar, intentó legitimar ese dinero comprando departamentos, tanto allí como en Entre Ríos. Esas adquisiciones ahora constituyen pruebas centrales en su contra.
Un entorno regional adverso
En los últimos años, dos organizaciones criminales brasileñas —el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV)— se consolidaron como actores dominantes en el narcotráfico regional. Un buque llamado Ceci transportaba 470 kilos de cocaína presuntamente vinculados al PCC. En Nordelta se identificaron propiedades adquiridas por integrantes del CV en el exclusivo barrio La Isla.
Si bien no se hallaron armas o explosivos relacionados con el terrorismo islámico en la Triple Frontera, sí se constataron transferencias financieras entre Ciudad del Este y El Líbano. Al no exigir el origen de los fondos, Argentina corre el riesgo de transformarse en plataforma para operaciones ilegales transfronterizas.
Ante la urgencia por divisas, el gobierno de Milei parece dispuesto a facilitar la llegada de capitales opacos. Como señalan en los tribunales: no solo es ilegal. También abre las puertas a un flujo constante de actores del crimen organizado que encuentran cada vez menos barreras para operar.
La Nueva Comuna