La disparidad es enorme, y el gobierno de Javier Milei la enfrenta con represión. Los jubilados que participaron en la marcha del jueves perciben este mes de septiembre 234.000 pesos, sumado un bono de 70.000 pesos, alcanzando un total de 304.000 pesos. Si no se hubiera vetado la medida en el Congreso, habrían recibido 317.000 pesos. Pierden contra la inflación y, aún más, en comparación con los sueldos de los agentes de seguridad que los reprimen. Los policías federales y gendarmes que participaron en la represión, con rangos de inspector (policías) y alférez (gendarmes) o superiores, tienen un sueldo base de 977.000 pesos en septiembre. Sin embargo, con los adicionales, su ingreso se duplica.
Por ejemplo, un gendarme recibe 419.287 pesos por «prevención barrial» y otros 9.933 pesos diarios por «compensación por recargo de servicio», lo que puede sumar más de 200.000 pesos al mes. Otros beneficios incluyen antigüedad y peligrosidad, lo que lleva a muchos de los que participaron en la represión a superar los dos millones de pesos mensuales. Los mandos superiores, que dirigían la operación, ganan más de tres millones.
Así, mientras la mayoría de los jubilados cobran 304.000 pesos, quienes los reprimen ganan más de dos millones y los jefes, más de tres millones de pesos.
La reputación de los grupos especiales
Dentro de las mismas fuerzas de seguridad, los cuerpos especiales tienen fama de ser los más agresivos. Los que ingresan en estos equipos suelen disfrutar de la confrontación física, el uso de bastones, gases y balas de goma. Son considerados los más indisciplinados de las fuerzas, y se burlan de quienes eligen áreas más técnicas como investigaciones. Ellos, a su vez, descalifican a los demás con insultos y afirmaciones de que «no tienen valor».
Los cuerpos especiales, formados por agentes que se creen invulnerables, explican el desordenado operativo del jueves, con gases lanzados de manera indiscriminada, disparos de balas de goma a una jubilada desde una distancia peligrosa, y motocicletas que circulaban sin control. Se sabe dentro de las fuerzas que estos equipos tienen niveles alarmantes de adicciones, lo que afecta su desempeño en operativos, llevando a acciones que no se ajustan a los protocolos ni al entrenamiento.
Los analistas coinciden en que el objetivo del operativo era evitar que los manifestantes se acercaran al Congreso, pero la represión fuera de control mostró el carácter violento de estos cuerpos de seguridad.
El mensaje desde el Ministerio de Seguridad
El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, ha transmitido un mensaje claro: «actúen sin restricciones». En lugar de sancionar a los responsables de las acciones violentas, como el uso de gas lacrimógeno contra una niña y su madre, el gobierno defendió el accionar policial. En tiempos anteriores, se buscaba negociar con los manifestantes, evitando confrontaciones. El gobierno de Javier Milei, en cambio, ha optado por una política de represión abierta.
Luis Rollé, actual jefe de la Policía Federal, es un ejemplo del cambio. Anteriormente, gestionaba operativos sin generar choques violentos. Sin embargo, bajo las órdenes actuales, su función ha pasado a ser la de provocar y confrontar a los manifestantes. A pesar de no haber sido nombrado directamente por Bullrich, sigue en el cargo porque su remoción debilitaría la estrategia represiva que se está aplicando.
Ideología y tensiones internas
La mayoría de los miembros de los cuerpos especiales son simpatizantes de Javier Milei, provenientes de familias con tradición policial o militar, y con una fuerte aversión hacia «los zurdos» y los movimientos sociales. Aunque en las fuerzas de seguridad más politizadas prevalecen estas inclinaciones, los gendarmes y prefectos suelen ser menos ideológicos, atraídos principalmente por los sueldos y la oportunidad de trabajar en las grandes ciudades.
Un tema conflictivo es el antisemitismo dentro de estos cuerpos, ya que muchos de sus integrantes no ven con buenos ojos la cercanía de Milei con la comunidad judía. Algunos todavía sostienen teorías conspirativas sobre el control judío del mundo y su influencia en la pandemia, e incluso cuestionan la legitimidad de Milei como presidente debido a su origen judío, citando una antigua cláusula constitucional ya derogada.
No obstante, lo que más fidelidad genera entre los integrantes de estos cuerpos no es la ideología, sino los altos salarios que perciben, una cifra que, con un nivel educativo básico, difícilmente podrían alcanzar en otro empleo.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com
