La agrupación Bases Federadas, que reúne a representantes rurales de ocho provincias argentinas, advirtió que “los pequeños y medianos productores están en vías de extinción” como consecuencia directa de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. La declaración surgió tras un encuentro de su consejo directivo celebrado recientemente en la ciudad de Rosario.
A través de un comunicado, la organización señaló que “luego de hacer un análisis detallado de la situación que atraviesan los pequeños y medianos productores de las distintas regiones del país, se llegó a la conclusión que los mismos están en vía de extinción, producto de las políticas de apertura indiscriminada de importaciones (se está importando tomate, cebolla, manzana, cerdos, etc.) y de la eliminación de todas las herramientas de contención de la pequeña producción, como por ejemplo, del fondo algodonero, la ley ovina, ley caprina, el fondo compensador para yerba mate”.
Bases Federadas, que surgió como una escisión de la Federación Agraria Argentina (FAA) y que actualmente cuenta con personería jurídica independiente, denunció la ausencia de una estrategia estatal que contemple y defienda a los actores más vulnerables del agro. En sus palabras, en este momento “se nota mucho la falta de una política que planifique y proteja al pequeño y mediano productor, a la chacra mixta, diversificada que históricamente fue el motor de desarrollo, trabajo y arraigo”.
Entre los principales reclamos, la entidad propuso que el Estado impulse “políticas públicas diferenciadas, como antídoto a la enorme concentración que se está dando en el campo argentino”. Como medidas concretas, sugirió “segmentar las retenciones mientras estén vigentes” y avanzar en una legislación específica sobre el arrendamiento rural “que le ponga un límite a los pool de siembra y posibilite a los chacareros e incentive a los pequeños propietarios a trabajar sus campos y no ponerlos en alquiler”.
También hicieron hincapié en la necesidad de reactivar la ley de agricultura familiar, implementar herramientas de fomento al valor agregado en las producciones primarias y en las economías regionales, así como adoptar políticas que favorezcan la comercialización local y frenen la concentración en manos de grandes exportadoras.
Por último, la agrupación expresó su rechazo al vaciamiento del INTA impulsado por el gobierno, que incluye el despido de más de 1500 trabajadores y la venta de terrenos e inmuebles pertenecientes al organismo, considerado clave en la asistencia técnica al sector agropecuario.
La Nueva Comuna