Mientras Duhalde, Solá, Fernández y otros exfuncionarios del peronismo siguen bajo investigación por las responsabilidades políticas en la Masacre de Avellaneda, el exagente Alejandro Acosta fue favorecido por la decisión de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora. “Nos hierve la sangre, vamos a denunciarlo en donde esté”, expresó Leo Santillán, hermano de Darío, en diálogo con este medio.
“El miércoles a la mañana nos avisó Paula, nuestra abogada, informándonos que Acosta obtuvo la libertad condicional. En parte lo esperábamos, pero es totalmente indignante”, comentó Leo. Su hermano Darío y Maximiliano Kosteki fueron asesinados el 26 de junio de 2002 por el entonces cabo de la Policía Bonaerense Alejandro Gabriel Acosta Castaño y su superior, el comisario Alfredo Fanchiotti.
Ambos fueron sentenciados por la llamada Masacre de Avellaneda, uno de los episodios más brutales de represión estatal contra organizaciones populares desde la vuelta de la democracia en 1983. Aquel día, además de las muertes de Kosteki y Santillán, 33 personas fueron baleadas con munición policial, decenas resultaron heridas de diversas formas, y cerca de 200 fueron detenidas en lo que se reconoció como una auténtica “cacería”.
Otro asesino en libertad
En enero de 2006, el Tribunal en lo Criminal N° 7 de Lomas de Zamora condenó a Fanchiotti y Acosta a cadena perpetua por los homicidios de Darío y Maxi, además de otros siete intentos de asesinato, todos “agravados por alevosía”. Claramente, no se trata de asesinos comunes.
En los últimos años, ambos condenados han solicitado beneficios procesales. En 2022, la Cámara de Apelaciones de Lomas rechazó un pedido de salidas transitorias para Fanchiotti, pero sí concedió salidas a Acosta, quien comenzó a salir 24 horas cada quince días. En 2023, la misma Cámara amplió el beneficio a 48 horas quincenales.
Este año, Acosta volvió a solicitar una ampliación, pidiendo directamente su libertad condicional a través de su defensor público, Javier Jaime. Las familias de Maxi y Darío, junto con la fiscal Paula Martínez Castro, se opusieron al pedido. El 20 de septiembre, la jueza Cecilia Vázquez, del Juzgado de Ejecución N° 3, denegó la solicitud.
No obstante, Acosta apeló la decisión ante la Cámara de Apelaciones. El caso fue derivado a la Sala III, compuesta por los jueces Martín García Díaz, Tomás Bravo y Miguel Alberdi. Este miércoles, dos de ellos votaron a favor de conceder la libertad condicional a Acosta. Hasta ayer, el exagente estaba recluido en la Unidad Penitenciaria 12, en las afueras de La Plata.
El juez García Díaz votó en contra de otorgar la libertad condicional, pero fue superado por sus colegas Bravo y Alberdi. El fallo revocó la resolución de la jueza Vázquez, otorgando a Acosta “el beneficio de la libertad condicional”, lo que le permite circular entre nosotros bajo una vigilancia mínima del Patronato de Liberados.
“Se beneficia del contexto político actual”
Los jueces que votaron a favor justificaron la decisión alegando que el exagente ya había cumplido un “tiempo prolongado” de su condena. Entre otros fundamentos, se basaron en un informe psicológico que aseguraba que Acosta “muestra una actitud crítica y reflexiva” respecto al crimen cometido, y que puede “profundizar en los motivos que lo llevaron a su participación en los hechos, evaluando las consecuencias para él y su entorno”.
Sin embargo, ese razonamiento resulta insuficiente para quienes buscan verdad y justicia. Si Acosta fuera tan “crítico”, habría revelado hace años las órdenes que recibió antes y durante el 26 de junio, y habría aportado pruebas para identificar a los responsables políticos e institucionales de la masacre. En cambio, ha mantenido el pacto de silencio que protege a figuras como Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, entre otros.
Los jueces se basan en un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense que afirma que el exagente tiene una “conducta ejemplar” y una “relación normal” con los demás reclusos y el personal carcelario. Asimismo, destacan su participación en talleres de informática y autoliderazgo como indicadores de su “voluntad de rehabilitación”.
Este informe también fue utilizado para desestimar los argumentos de la fiscalía y de las familias de las víctimas. Para muchos, el fallo pone en evidencia la tendencia del sistema judicial a favorecer a policías condenados por crímenes graves, generando una sensación de impunidad.
“No puede andar libre como si nada”
Leo Santillán subraya que “la represión del 26 de junio fue una operación política clara, y la Policía se encargó del trabajo sucio”. Además de las muertes de Darío y Maxi, recuerda que hubo 33 heridos con balas de plomo y una cacería que se extendió por la estación de Avellaneda. “Acosta debería seguir pagando su condena en la cárcel, pero le conceden este beneficio. No tenemos palabras para describirlo”.
El impacto de la noticia fue fuerte para la familia Santillán, que aunque esperaba que algo así pudiera suceder, no deja de sentirse profundamente afectada. Leo también reconoce que, si bien la decisión está dentro del marco legal, seguirán luchando para que la Masacre de Avellaneda sea reconocida como un delito de lesa humanidad.
El hermano de Darío hace un llamado a quienes siguen luchando en las calles: “Este contexto político favorece a individuos como Acosta. La Justicia está tomando decisiones que no reflejan lo que realmente debería suceder”.
Con información de La izquierda Diario
Publicado en lanuevacomuna.com