La Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén emitió una carta dirigida al gobernador para «la recuperación del comercio exterior de granos para los argentinos». Afirman que «todo el pueblo de la Prov. de Bs. As. lo va a acompañar».
El gobernador de la provincia de Buenos Aires visita en esta jornada la ciudad de Necochea y Quequén y varias entidades dicen presente, cada una a su manera y con sus reclamos y posturas.
La ASAMBLEA POPULAR POR LA SOBERANÍA DE PUERTO QUEQUÉN emitió una carta abierta al gobernador, donde se refieren a un tema candente y que aún no está resuelto: el destino de la Concesión otorgada a la Empresa
Terminal Quequén S.A., tras vencerse su concesión original y una licitación en proceso.
El texto de la carta se reproduce a continuación:
Sr Gobernador de la Provincia de Bs.As.
Axel Kicillof
Ante todo, queremos agradecerle la Audiencia que nos otorgó en octubre de 2022 a fin de recibir nuestra Propuesta respecto al destino de los Elevadores, Silos y Muelles que pertenecieran a la liquidada J.N.G. al vencerse la Concesión otorgada a la Empresa Terminal Quequén S.A.. Allí le expusimos: *Que no hay garantía alguna del éxito para un nuevo contrato con un concesionario privado dado los groseros incumplimientos suce-didos en los 30 años de concesión. *Que nuestra Propuesta va mucho más allá de la simple toma para operar el Elevador, ella constituye un Plan mucho más amplio: 1° Porque dichas instalaciones en manos del Estado provincial sería el primer paso para constituir una Sociedad del Estado Exportadora que actúe como “testigo” para trans-parentar el comercio exterior en beneficio de todos los argentinos. 2° Porque el Estado provincial pasaría a poseer más herramientas para instrumentar medidas segmentadas a favor de pequeños productores, prestadores de servicios y trabajadores del sector agrario, todos ellos víctimas de las maniobras de las exportadoras multinacionales.
Usted nos reconoció que es muy bueno que la comunidad discuta este tipo de temas tan trascendentes, pero que: “El punto central es discutir el Régimen de los Consorcios y la necesidad de una nueva Ley”, le respondimos que acordamos con ello; pero que en el mientras tanto es mucho más conveniente recuperar los Puertos con las Terminales en manos del Estado por las ventajas económicas de ejercer de la operatoria. El motivo principal de esta carta es manifestarle que no es necesario crear una nueva Ley para que el Estado provincial se haga cargo de la explotación, analicemos las leyes vigentes:
*Ley Nacional de Puertos 24.093 (junio 1992)
Esta Ley expresa que: “En las provincias en las que se sitúan puertos propiedad del Estado Nacional, el Poder Ejecutivo les transfiere a título gratuito, el dominio y la administración portuaria a condición de que se constituyan entes de derecho público no estatales que tendrán a su cargo la administración”. Pero en ningún momento priva a la Provincia del derecho a explotarlas, muy por el contrario, la Ley en su art. 13 explicita taxativamente esa posibilidad “la administración de los puertos podrá ceder la operatoria a personas jurídicas estatales, mixtas o privadas a través de concesión o locación mediante licitación pública”.
*Ley Nacional 20.705 de Sociedades de Estado (agosto 1974)
Dicha ley “Autoriza al Estado Nacional, y a los provinciales y municipales a constituir sociedades para desarrollar actividades de carácter industrial, comercial o explotar servicios públicos”. Existen numerosos ejemplos de su utilidad, por ejemplo la Provincia de Neuquén constituyó la Empresa Gas y Petróleo por medio de la cual produce y exporta esos productos. Su aplicación no puede producir algún tipo de “colisión jurídica” con otras leyes pues: La Constitución Nacional (1994) en su Art. 124 establece que “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social… Podrán celebrar convenios internacionales en tanto no se opongan a las políticas exteriores del gobierno Nacional(1)… Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
(1) Milei ha manifestado su oposición a que Argentina integre los BRICS, pero que no impedirá que otros lo hagan, si no hay oposición para los privados, menos lo habrá para una Provincia que quiera ejercer el derecho de comercializar y establecer trata-dos con quienes le resulte más conveniente para un desarrollo soberano. En el plano político será una muestra de oposición bien clara a la visión sesgada de un Gobierno Nacional subordinado a determinados poderes imperiales, a lo que se suma la necesi-dad económica, hoy agravada por el ahogamiento que éste ejerce sobre las provincias.
Este artículo fragmenta el poder de decisión de un Estado Nación Soberano; pero analizado en esta particular coyuntura política, con Javier Milei como Presidente, ha-bilita al Sr Gobernador a tomar una vía independiente de transformaciones económi-cas profundas, constituyéndose así en figura relevante para el futuro de los intereses nacionales y populares, es por ello que hoy más que nunca, mantenemos firme nues-tra Propuesta para constituir una Sociedad del Estado Exportadora de los granos y sub productos que se producen en el territorio de la Prov. de Bs. As.
Hoy el CGPQ se encuentra endeudado y sin recursos para hacer las verdaderas obras que necesita este puerto; Terminal Quequén S.A., tan solo por prestar el servicio de descarga y carga, gana solamente en un año lo que el Consorcio debe recaudar durante más de treinta en concepto de canon, similar situación vive el Municipio de Necochea que debe recaudar durante tres años la suma de sus tasas urbanas y rurales para alcanzar una cifra similar, si a ello sumamos lo que ganan las exportadoras que constituyen Terminal Quequén S.A. estos valores alcanzan cifras siderales. Por otro lado observamos que su patriótica lucha por profundizar el Canal Magdalena no tendría un óptimo aprovechamiento, pues el esfuerzo econó-mico para su concreción, no sería usufructuado fundamentalmente por la Prov. de Bs.As. sino por las corporaciones exportadoras privadas.
*Ley Provincial 11.414 (julio 1993)
Respondiendo a lo impuesto por la Ley nacional 24.093, esta Ley provincial crea el C.G.P.Q. En su Art. 7 define que el Consorcio “Tendrá por objeto administrar el puerto, otorgando las concesiones para la explotación de las terminales portuarias y muelles”, pero no le otorga un poder absoluto, por el contrario, lo condiciona (Art. 4 inciso a): “El CGPQ estará sujeto a las normas legales del derecho público nacional o provincial”, es decir, al volver el Elevador al Consorcio lo hace a un organismo que no se rige solamente por el derecho privado. Esta Asamblea sostiene que ese derecho público debe abarcar también decisiones de políticas soberanas, acaso ¿No es “una función de naturaleza pública” constituir una Empresa del Estado Provincial en insta-laciones que son de su propiedad para ejercer el comercio de bienes que se producen en su propio territorio? Más palpable se hace este derecho de la Provincia, al observar que por el “inciso h”, el CGPQ queda autorizado a “celebrar convenios con entes públi-cos o privados, argentinos o extranjeros” si puede todo ello, ¿No puede celebrar acuerdos con el legítimo titular de las instalaciones?
También la Ley limita las funciones del C.G.P.Q. pues solo cede parcialmente la administración al mantener la presencia del Estado en el Consorcio, el “inciso d”, establece que el Presidente del CGPQ y el Director municipal tendrán el carácter de funcionarios públicos, por tanto deben responder a los intereses del Estado. El Art.27 establece que “El Presidente del C.G.P.Q. podrá vetar las decisiones del Directorio vinculadas a la protección del medio ambiente… o que afecten la seguridad públicas dentro o fuera de su ámbito de actuación, o que puedan afectar la generalidad de los servicios portuarios” (incisos b, c, y d). Nos preguntamos: ¿No se genera más daño al medio ambiente cuando la actividad la desarrolla un privado? ¿No se genera más inseguridad y narcotráfico si el Estado abandona su presencia en los muelles, como sucede en la ciudad de Rosario? ¿No se afecta la generalidad de los servicios cuando la operatividad está en manos de conglomerados monopólicos que le impiden trabajar libremente a los exportadores pymes, como sucede en Puerto Quequén?
Dado que la Ley otorga a la Provincia la potestad de aprobar los Directores propuestos por los sectores privados, con el objeto de defender los intereses generales. ¿Los dos Directores sindicales no tienen el deber de representar los intereses de los traba-jadores de la Provincia antes que los intereses de los capitales privados extranjeros? Los cuatro Directores que representan a los productores y comercializadores prima-rios, a los prestadores de servicios y las empresas armadoras ¿No debieran estar más interesados en que el Estado se transforme en un operador más a los efectos de rom-per la monopolización que ejercen las multinacionales?
El Art. 34 establece que el Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer la intervención del Consorcio, en los supuestos que los Directores realicen actos u omisiones que pongan en peligro grave al ente; impedir que el Estado provincial opere una Terminal de su propiedad sería un claro ejemplo de ello.
Concluyendo: Las leyes le confieren al Estado un formidable bagaje de derechos pues, siendo titular del dominio y ejerciendo los derechos que otorgan las leyes analizadas, la Provincia de Bs As puede ejercer la explotación de la Terminal y constituir una Empresa Exportadora testigo, asociándose con el Estado Nacional en un futuro si lo considera necesario; en total consonancia con el Art 40 de la Constitución de 1949 que nos marcó el camino para evitar la monopolización privada, la evasión impositi-va y la fuga de capitales. Nuestras fundamentaciones no están basadas en subjetivida-des sino en las experiencias negativas que dejó la explotación privada de la Terminal, a lo que debemos sumar el crecimiento de los daños ambientales y el narcotráfico. NO HAY NINGÚN IMPEDIMENTO LEGAL, NINGUNA EROGACIÓN QUE REALIZAR, NO NECE-SITAMOS NI TECNOLOGÍAS NI CONOCIMIENTOS QUE NO POSEAMOS… SOLO SE TRATA DE UNA DECISIÓN POLÍTICA. No dudamos que si el Sr Gobernador se pone al frente de la recuperación del comercio exterior de granos para los argentinos; todo el pueblo de la Prov. de Bs. As. lo va a acompañar y la historia lo recordará como el gran restau-rador de una de las mayores heridas que hemos sufrido los argentinos: No ejercer el Comercio Exterior de granos.
Sin más, lo saludamos con la consideración más distinguida: ASAMBLEA POPULAR POR LA SOBERANÍA DE PUERTO QUEQUÉN – Necochea, 28 de febrero de 2024.
