En el juicio de la obra pública vial en Santa Cruz, el TOF 2 descartó que varios libros de periodistas con un marcado sesgo opositor como Jorge Lanata, Luis Majul, Nicolás y Miguel Wiñazki, Hugo Alconada Mon y Luis Gasulla sean tenidos como prueba en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner.
También fueron descartadas emisiones de programas de televisión como PPT (de Jorge Lanata) e informes elaborados por Elisa Carrió.
Al momento de ofrecer prueba, la Oficina Anticorrupción y la UIF macristas, comandados por Laura Alonso y Mariano Federici respectivamente, pidieron incorporar como prueba en el juicio los siguientes libros:
“Fueron por todo. Historia secreta de la Argentina K”, de Nicolás Wiñazki.
“El negocio político de la obra pública”, de Luis Gasulla.
“La dueña”, escrito por Miguel y Nicolas Wiñazki.
“10K – La década robada”, de Jorge Lanata.
“El dueño”, de Luis Majul.
“La piñata”, de Hugo Alconada Mon.
Sin embargo, ninguno de sus autores fue citado como testigo.
La OA al mando de Alonso también había pedido el registro de dos emisiones del programa televisivo “Periodismo para Todos” conducido por Lanata. Otro elemento que se pidió para tener como prueba fue el informe “El obrador abandonado de Lázaro Báez” que presentó el noticiero de Clarín “Telenoche” el 26 de marzo del año 2016.
También se reclamó incluir como elemento probatorio un extracto del informe “El estado del Estado. Diagnóstico de la administración pública en diciembre de 2015, Presidencia de la Nación”, que elaboró el macrismo cuando llegó al Gobierno para perseguir al kirchnerismo.
Entre otros elementos de prueba que se intentaron incorporar aparece un informe titulado “La distribución de la obra pública – Clientelismo o Política de Estado – 2ª parte”, redactado por Fabiana Ríos y Adrián Pérez bajo la coordinación de Elisa Carrió y la dirección de la diputada “lilita” Paula Oliveto.
El 13 de junio pasado, el abogado de CFK, Carlos Beraldi, señaló en un escrito que presentó ante el TOF 2:
“Si se pretende valorar como ‘prueba’ los dichos de personas -en muchos casos, feroces adversarios políticos de nuestra defendida- reflejados en libros, informes o programas televisivos, lo que hubiera correspondido era que se las convocara al juicio para que declararan bajo juramento de decir verdad, ratificaran o rectificaran sus manifestaciones previas y, en su caso, dieran razón de sus dichos. Lo que de ninguna manera puede ocurrir es que bajo la máscara de una supuesta prueba documental que no se puede controlar se hagan aparecer como ‘evidencias’ meras opiniones o juicios de valor formulados por fuera de los carriles legalmente establecidos”.
En esa línea, Beraldi resaltó cómo se cayeron muchas de las denuncias que se habían publicado en los medios de comunicación cuando quienes arremetían contra CFK declararon como testigos, es decir, bajo juramento de decir verdad en el juicio.
Ante la evidencia de que se estaba ante un escándalo, este 27 de junio el TOF 2 decidió rechazar como prueba los libros de Lanata, Majul, Gasulla, los Wiñazki (padre e hijo) y Alconada Mon así como las emisiones televisivas de PPT y Telenoche, el informe del Estado del Estado y el coordinado por Carrió.
La prueba “aceptada”
No obstante, este lunes el TOF 2 terminó por aceptar la mayoría de los 236 puntos que se habían ofrecido como prueba a ser incorporada al debate.
Entre los diversos puntos se encuentra el libro “El origen”, de la diputada nacional Mariana Zuvic.
Entre otras cosas también se aceptaron pasajes de la causa Fotocopias de los Cuadernos. Al respecto, la defensa de la actual vicepresidenta indicó:
“En el marco de la audiencia de debate nuestra parte ya ha denunciado la absoluta ilegalidad de todo lo actuado en ese proceso (por Cuadernos) y, por ende, se opuso a que ingresara a este juicio cualquier constancia escrita obrante en dicho expediente”. Pero el TOF 2 también hizo oídos sordos a ese reclamo.
Entre otras medidas de prueba, la defensa de la presidenta del Senado había solicitado un peritaje a efectos de determinar detalladamente la asignación presupuestaria en el período 2003-2015. Esto es porque una de las acusaciones contra la expresidenta en este juicio es que direccionó partidas a Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Báez. El TOF no hizo lugar a ese reclamo y solamente pidió unos pocos datos a la Oficina Nacional de Presupuesto, que aportó un informe que no respondía a las cuestiones planteadas por los representantes legales de Cristina.
Beraldí remarcó que:
“A lo largo de la audiencia de debate quedó debidamente demostrado que la acusación formulada en contra de nuestra asistida carece del más mínimo sustento fáctico, probatorio y jurídico. Concretamente, tras casi tres años de juicio oral, público y contradictorio, al que comparecieron casi cien testigos (en su mayoría a instancias de las partes acusadoras), se exhibieron decenas de documentos y se escuchó durante varias audiencias a los peritos contadores e ingenieros oportunamente designados, las insólitas imputaciones deducidas en contra de Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una supuesta asociación ilícita y direccionar fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz con el exclusivo propósito de beneficiar a un empresario, quedaron rebatidas, fuera de toda posible discusión. Es más, el nombre de Cristina Fernández de Kirchner prácticamente ni siquiera fue mencionado a lo largo de todo el debate”, recordó.
Publicado en lanuevacomuna.com