Tras avanzar con los terrenos del Procrear, el Ejecutivo acelera la venta de bienes públicos para hacerse de dólares. El inventario se extiende desde Tierra del Fuego hasta Corrientes.
Tierras del Plan Procrear, predios de las Fuerzas Armadas, terrenos ferroviarios, inmuebles de organismos científicos, espacios vinculados a exCentros Clandestinos de Detención y hasta una porción de cordillera en Mendoza. Ese es el heterogéneo conjunto de más de 180 inmuebles públicos que integran el programa de enajenación de bienes del Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei. Los remates —que volvieron a ocupar la agenda esta semana tras la venta de tierras originalmente destinadas a vivienda social— se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires, con empresas de Eduardo Costantini como principales adjudicatarias y otros actores de peso, como el Grupo IRSA, atentos a las oportunidades.
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y sin intervención del Congreso, el oficialismo libertario ya concretó la venta de cerca de 40 propiedades y mantiene en carpeta otros 140 lotes e inmuebles publicados para subasta durante el resto del mandato. El listado incluye terrenos de hasta 300 hectáreas en distintas provincias, orientados al negocio agropecuario o a megaproyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientales advierten que se trata de “uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente”.
A precio de remate
“Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones”. La afirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, realizada a comienzos de junio, anticipó con precisión la estrategia oficial: rematar tierras estatales para sostener reservas, en paralelo a privatizaciones y concesiones. Desde ese mes, la Agencia abrió subastas por 26 inmuebles, a los que se suman otros 17 procesos iniciados desde fines de 2023. En simultáneo, el Gobierno avanza con la venta de los terrenos del disuelto Plan Procrear y proyecta recaudar entre 800 y 1.000 millones de dólares por el conjunto de operaciones.
Si bien hubo adjudicaciones en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, el grueso de las ventas se concentra en la Ciudad de Buenos Aires. El predio de mayor superficie es el de cuatro hectáreas perteneciente al Ejército, adquirido por Eduardo Costantini por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó también con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, tras imponerse en una subasta disputada incluso frente al Grupo IRSA de Eduardo Elsztain. Con anterioridad, Costantini había incorporado otro terreno a metros del Campo Argentino de Polo. En todos los casos, el destino será el desarrollo inmobiliario.
Aun así, esos predios resultan pequeños frente a otros incluidos en la nómina de 140 bienes catalogados para “subasta futura”, todavía sin fecha ni valores definidos, aunque ya publicados en el sitio web de la AABE. Entre ellos se destacan los identificados como aptos para “grandes proyectos urbanos”, eufemismo que remite a barrios cerrados, complejos hoteleros de alta gama u otros emprendimientos de lujo.
Uno de los casos más llamativos es el de un terreno de 13 hectáreas en Mendoza. La imagen que ilustra la futura subasta es una fotografía satelital de un fragmento de montaña. Ubicado a la vera de la Ruta Provincial 226, a la altura del arroyo Las Torres, el predio se encuentra dentro del departamento de Malargüe, cerca del límite con Chile y del complejo Las Leñas.
Ese terreno arrastra un historial polémico: en 2021 se avanzó allí con la construcción del centro de esquí de lujo El Azufre, a partir de una cesión del gobierno provincial. A mediados de 2023, este diario informó que el Estado nacional había recuperado esas tierras, de propiedad federal. Ahora, el área vuelve a quedar disponible para intereses privados, esta vez con la posibilidad de una venta definitiva.
Entre los predios ubicados fuera de la Capital, el de mayor extensión está en Tandil, en inmediaciones de la Base Aérea. Se trata de casi 360 hectáreas con destino de “desarrollo productivo”, aunque con una particularidad sensible: dentro del terreno se encuentra el edificio del exCentro Clandestino de Detención La Huerta. La imagen del acceso al actual espacio de memoria figura incluso en la publicación oficial de la subasta.
En noviembre pasado, Página/12 reveló que son cuatro los terrenos a la venta que incluyen espacios de memoria: La Perla Chica, en Córdoba; Puerta 8, en Campo de Mayo; el Regimiento de Infantería N°9 “Coronel Pagola”, en Corrientes; y el predio de Tandil. Desde el Ejecutivo sostienen que la enajenación no alcanza a los edificios en sí, sino a los terrenos circundantes.
En el sur de Chapadmalal, sobre la costa atlántica y cerca de El Marquesado, se ubica el segundo terreno más grande del listado. A la altura del kilómetro 553 de la Ruta Provincial 11, el predio de 140 hectáreas fue escenario en 2023 del desalojo de organizaciones sociales que impulsaban un Complejo Productivo Agroecológico en acuerdo con la AABE. Más de dos años después, el lugar se ofrecerá para un desarrollo urbano de gran escala.
El siguiente en tamaño se encuentra en las cercanías de Curuzú Cuatiá, Corrientes: casi 100 hectáreas dentro del exBatallón de Logística N°3 del Ejército. Le sigue un lote de casi 50 hectáreas en Río Grande, Tierra del Fuego, dentro de terrenos de la Base Aeronaval. En Ushuaia, en tanto, se subastará un predio de nueve hectáreas de la Armada, ubicado sobre el canal Beagle, en la Bahía Golondrina.
“Saqueo sistemático”
Desde el inicio de las ventas, el Observatorio del Derecho a la Ciudad monitorea el proceso y advierte que las subastas vulneran la Constitución, ya que se realizan por decreto y sin debate parlamentario. “Corresponde al Congreso disponer del uso y la enajenación de las tierras de propiedad nacional. Al evitar el Congreso, se anula la posibilidad de discutir qué destino social podrían tener esos predios: parques para mitigar la crisis climática, escuelas o soluciones habitacionales”, afirmó a Página/12 el abogado y titular de la organización, Jonatan Baldiviezo. Y agregó: “gobernar por decreto para vender la tierra pública no es libertad, es autoritarismo de mercado”.
En la misma línea, la ingeniera María Eva Koutsovitis sostuvo que “bajo la retórica de la ‘libertad’ y la ‘eficiencia del Estado’, el gobierno puso en marcha uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente”. “Estamos frente a un saqueo sistemático de los bienes comunes para alimentar la especulación inmobiliaria. Cada metro cuadrado de tierra pública que se vende es un metro cuadrado que el Estado pierde para siempre como herramienta de planificación”, señaló la integrante del movimiento La Ciudad somos quienes la habitamos.
Desde el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), Pablo Mesa coincidió en que “la tierra pública es un activo estratégico” y que venderla a privados implica “ceder toda iniciativa de planificación territorial”, cuando esos predios podrían destinarse a vivienda pública, equipamiento urbano, escuelas, hospitales o espacios verdes.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza el ranking de ventas, Mesa definió el proceso como “una expresión clara de extractivismo urbano”. Advirtió que el ordenamiento ambiental del territorio —clave para ciudades sostenibles— queda relegado, en un contexto de escenarios climáticos cada vez más extremos y con una Ciudad que no alcanza los seis metros cuadrados de espacio verde por habitante.
La Provincia de Buenos Aires también figura en la lista de futuras subastas para grandes desarrollos inmobiliarios. Allí sobresalen dos casos: el predio del Parque de la Costa, en Tigre, con cinco hectáreas, y un terreno de 34 hectáreas junto al Aeropuerto de Ezeiza, sobre la Autopista Ezeiza–Cañuelas, perteneciente al Instituto Nacional del Agua.
Este último despertó la resistencia de trabajadores y trabajadoras del organismo, que advirtieron que la venta incluiría instalaciones clave para desarrollos estratégicos del país, como la Nave Yacyretá —donde se ensayó el modelo hidráulico de la mayor obra pública nacional— y la de Grandes Modelos Marítimos, utilizada para pruebas de proyectos como el Canal de Panamá.
Además del predio en plena montaña, Mendoza será escenario de otras dos subastas de peso: terrenos ferroviarios, uno en el centro de la capital provincial y otro en Guaymallén. El primero comprende las 20 hectáreas del cuadro completo de la estación Mendoza Cargas; el segundo, 25 hectáreas del exferrocarril San Martín en Guaymallén.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com