La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una extensa entrevista a un canal de YouTube, en la que abordó diversos temas, entre ellos, su análisis de la Constitución de 1994 a tres décadas de su promulgación. Reveló que está elaborando un informe sobre esta reforma y destacó la necesidad de una nueva modificación que contemple cambios significativos, como ajustar “el período de elecciones” a cuatro años en lugar de dos y reformar “el sistema judicial”, una demanda histórica de la líder política. Planteó que debería eliminarse la figura de los “magistrados a perpetuidad” y propuso que sean “elegidos por el voto popular”.
En la conversación, Fernández desmintió rumores sobre un supuesto pacto entre Unión por la Patria (UxP) y el gobierno nacional respecto al proyecto de ficha limpia, que inhabilitaría a quienes tengan sentencias en segunda instancia. “Cuando escucho eso, me pregunto: ‘¿esta gente me está tomando el pelo?’”, ironizó. Criticó la falta de apoyo en Diputados para derogar el DNU 70/2023, señalando que “en el Senado lo logramos, pero en la Cámara baja no tenemos el número”.
Apuntó directamente contra el PRO y sectores dialoguistas, a quienes responsabilizó de bloquear la derogación del mencionado decreto. “¿Quiénes no se juntan? Los dialoguistas y los del PRO. Ellos son los que votan con Milei y luego nos acusan de ser nosotros quienes pactamos”, denunció.
Cristina rememoró su participación en la Convención Constituyente de 1994, experiencia que impulsó su salto de la política provincial a la nacional como senadora por Santa Cruz. Según afirmó, su decisión fue compartida con Néstor Kirchner y destacó que muchos de sus pasos políticos se dieron “sin un plan premeditado”.
En cuanto a la reforma del ’94, criticó que los cambios se limitaron a la reelección presidencial, calificando el acuerdo del Pacto de Olivos como producto de la desconfianza entre las partes. Si bien reconoció avances en el capítulo federal, sostuvo que temas cruciales como la coparticipación quedaron sin modificaciones de fondo. También señaló que la incorporación de los DNU como herramienta legislativa fortaleció el carácter “hiperpresidencialista” del sistema político argentino.
Otro de sus cuestionamientos apuntó al Consejo de la Magistratura, que a su juicio “politizó la Justicia de una manera nunca vista”. Propuso introducir un sistema de enmiendas constitucionales similar al de países como Estados Unidos, Brasil o México, donde los cambios no requieren convocatorias tan engorrosas como las actuales. En su opinión, estas medidas facilitarían futuras actualizaciones sin la necesidad de grandes convenciones constituyentes.
Sobre el período electoral, reiteró que las elecciones deberían concentrarse cada cuatro años para dar mayor estabilidad al sistema político. En cuanto a la Justicia, insistió en la necesidad de modificar tanto el Consejo de la Magistratura como el sistema de designación de jueces, argumentando que “la perpetuidad de los cargos judiciales es una rémora monárquica incompatible con un sistema democrático”.
Respecto a la gestión de Javier Milei, Cristina calificó de anticonstitucional el DNU 70/2023, que derogó 80 leyes y modificó otras 300. Subrayó la pasividad de la Justicia frente a esta medida, contrastándola con su actuación en 2013 cuando declaró inconstitucional la “democratización de la Justicia” impulsada por su gobierno.
En cuanto a la figura del Procurador General, propuso alinearse con el modelo estadounidense, donde el fiscal general es designado por el presidente y permanece en el cargo mientras dura su mandato. Esto, según Fernández, contrasta con el sistema actual, que perpetúa estos nombramientos.
Finalmente, al reflexionar sobre su propio gobierno, Cristina destacó que las críticas que recibió estaban vinculadas a las medidas que implementó y a su condición de mujer en un rol de liderazgo. Sobre la victoria de Milei, consideró que fue producto del descontento con el gobierno de Alberto Fernández y el fracaso en reeditar los logros de 2003-2015.
Fernández concluyó señalando que los desafíos del país pasan por redefinir el rol del Estado y garantizar que sea eficiente, para que los ciudadanos no perciban al empleado público como un privilegio, sino como una herramienta para el bienestar colectivo.
Con información de Tiempo Argentino
Publicado en lanuevacomuna.com
