A menos de diez días de la apertura de sobres para la licitación más relevante de la gestión de Javier Milei, la Unión Industrial Argentina (UIA) se suma a los sectores que han expresado reparos sobre el proceso. Se trata de la concesión, dragado y balizamiento de la principal vía navegable del comercio exterior argentino por los próximos 30 años. Según pudo saber LA NACION, la UIA presentó al Gobierno una serie de observaciones técnicas al pliego con el objetivo de que la adjudicación resulte “razonable” y el proceso licitatorio sea “inobjetable”. Se espera que la entidad emita un comunicado oficial en los próximos días.
Fuentes cercanas a la UIA adelantaron que este martes se reunirá la junta directiva, donde se definirá la postura oficial sobre la Hidrovía. Para el sector industrial, el resultado de esta licitación es un asunto “trascendental”, dado que por esta vía circula el 80% del comercio exterior del país. Cualquier cambio en su operatividad o en las tarifas de transporte podría afectar la competitividad y la logística de las empresas nacionales. Por su parte, la firma que resulte adjudicataria obtendrá el control de un negocio con una facturación anual estimada entre US$200 y US$410 millones.
Antes de la intervención de la UIA, el Consejo Portuario Argentino (CPA), que nuclea a los puertos del país, ya había presentado sus objeciones en una nota dirigida a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. En el documento, firmado por su presidente, José Lojo, y fechado el 23 de enero, el CPA expresó sus “observaciones que se oponen a la regularidad” del proceso y solicitó la “suspensión inmediata del procedimiento licitatorio en curso”.
Como alternativa, el CPA propuso que la administración de la Hidrovía continúe en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación hasta que el pliego sea revisado o se evalúe otro mecanismo de concesión.
Uno de los principales cuestionamientos planteados gira en torno a la falta de un estudio ambiental actualizado. Según el análisis del CPA, la evaluación vigente data de 2011 y fue realizada por la anterior concesionaria, conformada por las empresas Emepa y Jan de Nul. Esta última es una de las compañías que ahora busca quedarse con la nueva licitación, lo que ha generado reclamos de sus competidores, quienes exigen un estudio más exhaustivo e independiente.
El proceso ya ha derivado en instancias judiciales. La empresa belga Dredging International (DEME), una de las interesadas en el contrato, presentó una medida cautelar solicitando una prórroga en los plazos de la licitación. En paralelo, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) está analizando el pliego, una revisión similar a la que realizó durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando un intento de licitación fue anulado por inconsistencias en el proceso.
Otras críticas se centran en la duración del contrato, que contempla una concesión de 30 años, el esquema tarifario y la falta de previsibilidad en la gestión de la vía navegable. Al respecto, Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), advirtió: “Tenemos la certeza de que en este lapso van a ocurrir cambios estructurales muy importantes en el mundo del comercio marítimo”.
Desde el Senado también surgieron cuestionamientos. Los legisladores Carolina Losada, Eduardo Vischi, Eduardo Galaretto, Mercedes Valenzuela y Stella Maris Olalla enviaron una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que señalaron que el objetivo de la licitación debe ser mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.
En el documento, los senadores subrayaron que “resulta crucial que el diseño y ejecución del nuevo contrato de concesión contemplen medidas que favorezcan la transparencia, la competencia entre oferentes y una mayor eficiencia operativa”. Asimismo, detallaron ocho observaciones, entre ellas la necesidad de actualizar el estudio de impacto ambiental con estándares internacionales y la modificación de los criterios de elegibilidad y ponderación técnica para garantizar una mayor participación de empresas en el proceso.
La Nueva Comuna
