Ante la demora en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la urgencia por conseguir divisas frescas para sostener la intervención del dólar y contener la inflación, el Gobierno anunció recientemente una reducción temporal en las retenciones al agro, con vigencia hasta julio. La medida fue presentada como un alivio fiscal para el sector, y el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que venían trabajando en ello desde hace meses. Sin embargo, la realidad muestra otra historia.
En exclusiva, Página I12 accedió a una conversación en la que, el lunes pasado, un alto funcionario nacional admitió ante dirigentes agropecuarios que la decisión de reducir las retenciones se basó en un informe elaborado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y entregado al Gobierno. El documento sugería una reducción del 20 por ciento en los derechos de exportación sobre los granos, cifra que terminó reflejándose en la normativa oficial. Además, el FMI también jugó su parte: exigió que los exportadores liquiden el 95 por ciento de los contratos en un plazo de 15 días. En definitiva, una decisión clave en materia de política económica y acceso a dólares que debía ser soberana, terminó respondiendo tanto a la organización agropecuaria más influyente como al principal acreedor externo del país.
Reunión clave en Agricultura
El encuentro donde se discutieron los detalles técnicos y la implementación del decreto 38, que oficializó la baja de retenciones, tuvo lugar en una oficina del Ministerio de Agricultura, sobre la avenida Paseo Colón. Allí se reunieron los cuatro representantes de la Mesa de Enlace y tres funcionarios nacionales. Por el lado del Gobierno, participaron Juan Pazo, titular de ARCA y ex Coordinador de Producción; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura; y Pablo Lavigne, secretario de Comercio e Industria. En representación del sector agropecuario estuvieron Andrea Sarnari (Federación Agraria), Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (Coninagro) y Eloisa Frederking, vicepresidenta de la SRA, quien reemplazó a Nicolás Pino, de vacaciones en la Patagonia.
El inicio de la reunión fue sorpresivo. Pazo abrió una carpeta con recortes periodísticos en los que los titulares de CRA, Coninagro y FAA cuestionaban la medida por su carácter temporal y por dificultades en su implementación. «Todo esto es lo que dijeron ustedes, que nos venían pidiendo que bajemos retenciones», lanzó el funcionario, generando un momento de tensión. Curiosamente, no había críticas de la SRA, organización que, como ya había señalado este medio, mantenía una postura más conciliadora con el Gobierno en torno a este tema.
Acto seguido, Pazo les reclamó a los dirigentes por qué no respaldaron con mayor firmeza la decisión en vez de «operar en los medios para que no las volvamos a poner en julio». La sala quedó en silencio. Luego, al abordar cuestiones técnicas, el funcionario reconoció que la reducción de retenciones se había basado en el documento entregado por la SRA, que definía tanto el porcentaje de baja como sus condiciones.
«Ustedes sí entendieron el esfuerzo»
Al concluir la reunión, Pazo se levantó y saludó a cada uno de los presentes, pero con un gesto especial hacia una persona en particular.
«Ustedes tienen que aprender», les dijo a los representantes de CRA, FAA y Coninagro, mientras agregaba: «Ustedes, en cambio, sí entendieron el esfuerzo que estamos haciendo en la baja de impuestos». Se dirigía directamente a Eloisa Frederking, de la SRA. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó instantes después. «Te quiero agradecer particularmente por la mano que nos dieron», expresó. Luego recordó que «fue clave el paper que nos trajo Pino en diciembre, sugiriendo una baja del 20 por ciento a los granos».
El comentario dejó a los demás dirigentes desconcertados y visiblemente molestos. No tenían conocimiento de que Pino había negociado de manera unilateral una reducción de retenciones específicamente sobre la soja, sin haberlo debatido en la Mesa de Enlace.
El FMI y el «puente» de dólares
El trasfondo de esta medida es la urgencia del Gobierno por obtener dólares, debido a la falta de avances en la negociación con el FMI para un nuevo desembolso. Ni siquiera la propia SRA esperaba que su propuesta fuera implementada tan rápidamente. Les informaron el mismo día que, mientras el Presidente estaba de viaje, Caputo llamó con apremio para anunciar la decisión. «Estamos quemando muchos dólares interviniendo y los del Fondo nos piden devaluación o nada para darnos la plata», le dijo al mandatario, quien dio luz verde.
Esa misma mañana, el ministro de Economía había mantenido conversaciones con técnicos del FMI para explorar opciones que permitieran dinamizar la liquidación de exportaciones y generar ingreso de divisas. Primero se evaluó la posibilidad de establecer un nuevo tipo de cambio diferencial para el sector agropecuario, pero la respuesta fue tajante: «Eso no». «¿Y qué hago?», preguntó Caputo. Fue entonces cuando recordó el informe de Pino y planteó la alternativa de reducir retenciones. Sabía que la baja para las economías regionales iba a ser aceptada, pero la reducción en granos sería más difícil de negociar.
Horas más tarde, el FMI respondió con una nueva exigencia: los exportadores debían liquidar el 95 por ciento de sus contratos en un plazo de 15 días, y el Ministerio de Economía debía supervisar estrictamente su cumplimiento. Esa medida fue presentada como el «puente hasta el acuerdo», una expresión utilizada por el propio FMI en sus conversaciones con el Gobierno.
¿Un puente hasta cuándo?
En principio, hasta después de mitad de año. Pero el trasfondo es más complejo. Aunque el Gobierno insiste en que el FMI no exige una devaluación, informes recientes de bancos de Wall Street como Morgan Stanley y Bank of America indican lo contrario: el organismo considera la devaluación como una condición indispensable para destrabar nuevos desembolsos.
En este contexto, la reducción de retenciones no fue una estrategia pensada con meses de anticipación, sino una jugada de urgencia que combinó presiones externas e intereses sectoriales. La medida, impulsada por la SRA y avalada por el FMI, no solo revela la falta de autonomía del Gobierno en decisiones económicas clave, sino que también expone las tensiones internas dentro del agro, donde no todos estaban al tanto de las negociaciones que beneficiaron a algunos en detrimento de otros.
La Nueva Comuna
