Transcurrido el primer año de COVID-19, la pandemia demostró lo esencial e imprescindible de los servicios de telecomunicacióne hizo visible la inequidad en la prestación de los mismos en el territorio argentino. El caso de la telefonía celular, sobre 44 millones de habitantes hay 56 millones de líneas. El 85% de la población está cubierta por la red celular, los servicios de 4G es un beneficio para los grandes centros urbanos, el 3G para algunas zonas periféricas a estos centros, el resto del país no tiene conectividad. Los servicios domiciliarios de fibra óptica (FTTH) cubren las grandes zonas urbanas con poder adquisitivo que permite su contratación. El resto del país tiene servicios deficitarios con cortes que superan los 15 días dejando a las personas (clientes) sin acceso a Internet. La situación es tan desesperante que, ante el reclamo de los clientes, las empresas (caso Telecom) ofrecen cargarle datos para el celular, de modo de utilizar el dispositivo, cuya conexión 4G o 3G es inestable para conectarse a internet.
El abandono de la infraestructura de telecomunicaciones realizado por empresas como Telefónica y Telecom ha llevado a esta situación límite. Sus ganancias continúan siendo enormes, pandemia mediante, no reinvierten en tendidos y mejoras de sus redes que conforman la infraestructura privada de telecomunicaciones.La concentración en el sector de las telecomunicaciones cada vez es mayor y las empresas trasladan las ganancias a las filiales centrales. Además, no cumplen con el decreto 690/20 aplicando aumento no autorizados por el ente regulador del país.
Este tiempo signado por la pandemia, el acceso a internet tomo una envergadura central, tuvimos y tenemos que afrontaracciones como enseñar, educar, aprender; los médicos diagnosticar y realizar tratamientos, las personas que necesitan un plan social lo tramitan por servicios de gobierno electrónico, trabajamos en modalidad teletrabajo, nos recreamos y consumimos espectáculos culturales por streaming o video por demanda. Los servicios de las tecnologías de informática y comunicaciones y el acceso a los mismos se convirtieron en algo esencial para la vida cotidiana.
El gobierno nacional anunció la entrada en vigencia desde el 1 de enero de 2021 de un plan básico universal obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y tv por suscripción con un precio a partir de $150, al tiempo que aprobó incrementos que aplicaron las empresas de hasta el 8% para el resto del universo de sus clientes.
Entre los beneficiarios figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo, entre otros.
Todos estos servicios, a diferencia de los otros servicios públicos, son en competencia, es decir que los clientes o usuarios si prefieren pueden cambiar de compañía que presta servicio de celular o internet. Esta competencia no es tal. El mercado se encuentra centralizado en Telecom, Telefónica y Claro que, además, en algunas ciudades son únicos prestadores directos o indirectos através de cooperativas locales. Latransmisión de voz, datos, imágenes a través de diversas redes de telecomunicaciones es una industria de capital intensivo, en la cual se generan economías de escala y monopolios favorecidos por el efecto de despliegue de la red y los servicios que prestan. El modelo actual ha demostrado que es inviable, la convivencia de las redes de cada prestador no garantiza la interoperabilidad y la cobertura en el territorio nacional.
Las buenas iniciativas del gobierno nacional, mediante el ente regulador ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) como el decreto 690/20 y fijar precio máximo para la prestación básica universal no garantiza la libre competencia ya que las empresas configuran modelos de negocios con mejores servicios para el que los pueda pagar descuidando la calidad de las prestaciones de PBU y no extendiendo la cobertura del mismo.
En el ámbito de la regulación, la pandemia demostró que se puede ser capaz de actuar rápidamente y encontrar soluciones innovadoras orientadas al bien común. La colaboración y el diálogo promovido por el reglador ENACOM entre las múltiples partes interesadas puede ser un buen mecanismo para encontrar soluciones comunes, que ayuden a potenciar la inversión y la inclusión digital. A pesar de estas iniciativas Cablevisión Holding desconoció el aumento autorizado y les facturo a sus clientesaumentos de hasta un 20% por los servicios de cuádruple play.
La pandemia del COVID-19 ha replanteado las prácticas sociales, educativas, de salud y los sistemas productivos. Todo ha cambiado: Mas del 50% de la población no está asistiendo a sus lugares de trabajo habituales, hemos suspendido los encuentros sociales con familiares y amigos, y nuestros hijos asisten intermitentemente a las aulas para educarse. Pese a que la brecha digital (BD) que se ha profundizado en el período 2016-2019, buena parte de la población ha enfrentado sus tareas de trabajo, ha logrado mantener el contacto con sus seres queridos, y ha podido aprovechar las plataformas video conferencia (sincrónicas) para que las actividades en contexto de pandemia no se interrumpan.
Las políticas públicas han realizado importantes aportes como los $9.900 millones de pesos financiados por el Fondo Fiduciario Universal para los 9 programas que desarrollan soluciones a la problemática de conectividad evidenciada .
El enorme esfuerzo que esta realizando el Estado Nacional nos pone en la necesidad de profundizar los debates y aportes para la construcción de una política de desarrollo de la Industria de las Telecomunicaciones. Es necesario que el regulador continúe profundizando la intervención en el sector en beneficio de los usuarios, trabajadores y la sociedad en su conjunto como condición central para la calidad del servicio.
La infraestructura de la red es el soporte de la convergencia tecnológica signada por las telecomunicaciones y la producción y distribución de contenidos. Si no hay redes no es posible el desarrollo de la convergencia. La situación actual, muestra una superposición de redes de los diferentes prestadores del mercado que han privilegiado la facturación por sobre la calidad del servicio y se han desentendido la integración nacional.
Para el sector privado ya no es redituable sostener una infraestructura de red. Su nuevo modelo de negocios es la producción y distribución de contenidos y las aplicaciones de valor agregado sobre la red que demanda el big data. Por lo cual van a continuar sin invertir en el desarrollo y actualización de sus redes. Nos encontramos en un momento histórico respecto de la evolución de la infraestructura de telecomunicaciones, en el que uno de los mayores desafíos es resolver adecuadamente la ampliación de la cobertura de la red troncal de trasporte y de distribución de fibra óptica para llegar a todos los rincones y localidades de la región lo cual involucra cuantiosas inversiones. Este tiempo demanda que el regulador evalúe las licencias otorgadas ante el incumplimiento de las inversiones que deben realizar las empresas.
En este contexto, es necesario cambiar la ineficiencia de origen, la misma se registra en el régimen regulatorio basado en políticas de mercado que han logrado altas ganancias para las casas matrices de las empresas que prestan el servicio. El caso de muestro país muestra que tanto Telefónica como Telecom tienen su inversión demorada hace años. Con tecnologías de redes fuera de norma, con cableados de tendido aéreo en plena ciudades, con contaminación ambiental, con degradación técnica y laboral, con servicios de baja calidad que llenan demandas de los clientes en los organismos de defensa al consumidor.
Ahora bien, si el sector de las telecomunicaciones es regulado por políticas públicas que garanticen y profundicen el sostenimiento de una infraestructura con servicios declarados esenciales y proporcione acceso universal e interconexión de redes; las empresas privadas van a seguir desatendiendo el desarrollo de nuevas infraestructuras de redes o mejora de las existentes; más aún cuando estas infraestructuras posibilitan, que otras empresas productoras de contenidos, como es el caso de las audiovisuales, sean las aumentan su facturación anual y demandan mayor de ancho de banda y calidad de transmisión de datos.. La alternativa es el sector público en alianza con las Comunidades, Organizaciones Sindicales, Sociales y Productivas. No se trata de que las empresas privadas no obtengan ganancias. Sino que deben cambiar el paradigma inyectado en el país en la década de los 90.
La infraestructura de telecomunicaciones es una necesidad de integración social para el desarrollo del país. Necesitamos el desarrollo y operación de una infraestructura común, planificada y actualizada por empresas de gestión pública. El financiamiento estará dado por los servicios de transporte facturables a las organizaciones del tercer sector y empresas privadas que brinden servicios de valor agregado en la red. Esta alianza permitirá una política abierta a aquellas organizaciones o empresas que desean proveer servicios en la red en régimen de libre competencia.
La infraestructura de la red es una cuestión de Estado, la integración tecnológica y el acceso nacional a las telecomunicaciones ya no pueden esperar en el contexto de la redefinición digital de la vida cotidiana. Es necesario comenzar a regular el uso compartido de las redes existentes. Hay que separar las empresas de transmisión de datos de lasde generación de contenidosaudiovisuales. La pluralidad de voces en la red no es posible conla integración vertical de los servicios de cuádruple play existente.
El contexto actual motorizado por el desarrollo tecnológico nuestro país y nuestra región necesita de estados con políticas públicas que promuevan un modelo de desarrollo soberano con integración social y económica de las infraestructuras tecnológicas sobre las que se asienta el pasaje de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento.
Una infraestructura de telecomunicaciones en manos de un Organismo Público con representación comunitaria y parlamentaria, es una garantía de acceso igualitario y de calidad en el servicio de Internet. Es un derecho impostergable de los pueblos.
Alfredo Moreno Profesor TIC en Universidad Nacional de Moreno (Argentina) @ticdata2
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Publicado en lanuevacomuna.com
