Tras la aprobación en general del Presupuesto 2026, la oposición obtuvo una victoria inesperada al bloquear el polémico capítulo 11 del proyecto, donde el Gobierno había incorporado la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
Desde el inicio del debate en la Cámara de Diputados, el foco de la controversia estuvo puesto en ese capítulo, que a través del artículo 75 buscaba dejar sin efecto normas que ya habían sido sancionadas y ratificadas por el Congreso, pese al veto del presidente Javier Milei. Para evitar una derrota, el oficialismo desplegó distintas maniobras: primero, impulsó que la votación se realizara por capítulos y no artículo por artículo, como reclamaba la oposición. Luego, sumó modificaciones de último momento al mismo capítulo 11 con el objetivo de asegurar adhesiones.
La estrategia no dio resultado. Aunque el Presupuesto consiguió media sanción en términos generales, el capítulo cuestionado fue rechazado por 123 votos contra 117, provocando desconcierto en las filas oficialistas y festejos en los bloques opositores. “La Patria no se vende”, cantaron los diputados de Unión por la Patria pasada la 1.30 de la madrugada del jueves.
Minutos antes de la votación, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, había estallado en el recinto. “¡Son unos chantas!”, lanzó luego de que el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis “Bertie” Benegas Lynch, informara la incorporación de nuevos ítems al capítulo 11. Entre ellos figuraban el giro de fondos reclamados por la gestión porteña de Jorge Macri en concepto de coparticipación, a partir de un fallo de la Corte Suprema, y una partida de 21 mil millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura.
“Siguen agregando cosas al capítulo 11 para blindarlo”, advirtió Martínez, quien interpretó que los recursos destinados a la Justicia buscaban desalentar cualquier cuestionamiento judicial posterior. Además, planteó una objeción clave: que el oficialismo explicara de dónde saldría el financiamiento para los miles de millones añadidos a último momento, un requisito que el propio Gobierno suele exigirle a la oposición.
Cuando pasada la 1 de la madrugada llegó el turno de votar el capítulo, el debate volvió a tensarse. Hubo un nuevo intento para que se votara artículo por artículo, pero no prosperó. Tanto Martínez como el radical Martín Lousteau alertaron que aprobarlo implicaría desconocer decisiones adoptadas por la propia Cámara con mayorías calificadas pocos meses atrás. El capítulo 11 también contemplaba la derogación de la ampliación del régimen de zonas frías y de la actualización por inflación de la AUH y de las asignaciones familiares.
Aun así, pocos anticipaban un rechazo. La derrota dejó al gobierno de Javier Milei frente a una disyuntiva política clara: aplicar efectivamente la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, dos medidas que hasta ahora se ha negado a instrumentar.
La sesión estuvo a punto de naufragar incluso antes de comenzar. El oficialismo estuvo a cuatro minutos de no alcanzar el quórum necesario, lo que habría significado un golpe de peso en el estreno de la nueva composición de Diputados. La presencia de los legisladores del bloque Unidos, con Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot a la cabeza, permitió llegar a los 129 presentes. Superado ese momento crítico, La Libertad Avanza logró articular una mayoría cercana a los 130 votos que le permitió imponerse en casi todas las votaciones de la extensa jornada, con la única excepción del capítulo 11.
El Presupuesto en general fue aprobado con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. El oficialismo contó con el respaldo del bloque Fuerzas del Cambio (Pro-UCR) y de bancadas alineadas con gobernadores considerados dialoguistas, que en los días previos habían recibido señales favorables desde la Casa Rosada.
Resultaron determinantes los apoyos de los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), junto a los mandatarios provinciales Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). En las horas previas, todos ellos negociaron con el ministro del Interior, Diego Santilli, obras y recursos para sus distritos.
Informes de consultoras especializadas advirtieron sobre el fuerte incremento en la distribución de ATN por parte del Ejecutivo durante diciembre, especialmente en los últimos días del mes. No sorprendió que entre las provincias más beneficiadas se encontraran las gobernadas por estos aliados circunstanciales, en quienes el Gobierno deposita expectativas para avanzar no solo con el Presupuesto, sino también con el paquete de reformas —encabezado por la laboral— previsto para las sesiones extraordinarias.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com