LA ONU RECLAMA QUE ARGENTINA CUMPLA LEGISLACION INTERNACIONAL
(AGENCIA WALSH) la ONU cuestionó al gobierno argentino por graves incumplimientos en los derechos de las comunidades indígenas y sus tierras, también por los desalojos violentos cometidos contra estas, así como fumigaciones con agro tóxicos e incremento de empresas mineras en tierras nativas.
El Comité DESC, a través del documento presentado en diciembre del año pasado, expresa preocupación por «las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias».
De igual modo, se mostró preocupado por las demoras que habría en la entrega de títulos a las comunidades.
Minería y soya
Deficientes procesos de consulta
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lamentó las deficiencias que, afirma, existen en los proceso de consulta con las comunidades afectadas en desplazamientos o desalojo violentos de sus tierras tradicionales.
En algunos casos -señala el informe-, tales procesos de consulta «han dado lugar a la explotación de los recursos naturales en los territorios tradicionalmente ocupados o utilizados por esas comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado, y sin una indemnización justa y equitativa, en violación de la Constitución (art. 75) y del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.»
En ese sentido, el Comité instó al Estado Argentino a que tome medidas necesarias para poner fin a las violaciones a los derechos indígenas, y a que celebre consultas efectivas con las comunidades antes de otorgar concesiones a empresas estatales a terceros «para la explotación económica de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados o utilizados por ellas».
Asimismo exhortó a que el Estado «cumpla con la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de quienes se vean afectados por esas actividades económicas.»
Preocupa represión a indígenas
Por otra parte, el informe del Comité señala la preocupación de sus autores por el empleo de represalias y fuerza desproporcionada que habrían realizado las fuerzas de seguridad, tanto públicas como particulares, contra «defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de discusiones sobre la tierra».
En ese sentido, el Comité pide al Estado Argentino que «vele por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia».