El Gobierno de Javier Milei deberá garantizar la continuidad de los programas de género, mientras sigue el debate por la eliminación del femicidio.
En medio de la controversia generada por la propuesta del Gobierno de Javier Milei de suprimir la figura del femicidio del Código Penal, anunciada por el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, la Sala Feria A de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal emitió la resolución 11167/2024. Esta medida prohíbe al Ejecutivo recortar o desmantelar los programas dirigidos a la prevención y asistencia de mujeres y niños víctimas de violencia de género.
La medida judicial llega en un contexto de alta tensión política y social, especialmente tras las declaraciones de Cúneo Libarona, quien afirmó que el gobierno buscará “eliminar la figura de femicidio del Código Penal Argentino”. Según el ministro, el feminismo “es una distorsión del concepto de igualdad” que divide a la sociedad al enfrentar “a una mitad de la población contra la otra”. Estas palabras han generado un amplio rechazo y avivado el debate sobre las políticas de género de la actual administración.
Los alcances de la resolución judicial
La resolución 11167/2024 estipula que el Gobierno no puede reducir los recursos ni modificar la estructura de los programas vinculados a la prevención de la violencia de género, administrados por la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia. Asimismo, se ordena garantizar la publicación continua de estadísticas y datos relevantes sobre esta problemática.
El fallo responde a una acción judicial presentada por diversas organizaciones sociales, como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, FUNDEPS, MxM y FEIM, que exigieron garantías para la continuidad de estos programas en el marco de las obligaciones legales e internacionales asumidas por Argentina.
Un precedente en la defensa de derechos
Este fallo representa un hito importante, al ser la primera decisión judicial durante el gobierno de Javier Milei que busca proteger los derechos de mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Por primera vez, las organizaciones sociales que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres han sido reconocidas como representantes legítimas de este colectivo, reforzando su capacidad para garantizar la continuidad de políticas públicas en la materia.
El fallo subraya el rol esencial de las organizaciones sociales y del movimiento feminista como actores clave en la defensa de los derechos de las mujeres, asegurando que los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género no queden expuestos a decisiones gubernamentales que los comprometan.
Con información de Infocielo
Publicado en lanuevacomuna.com
