Esto se desprende de la respuesta oficial que el propio Ministerio de Capital Humano proporcionó a una solicitud de acceso a la información realizada por InfoGremiales. El caso se encuentra en trámite en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4. Las contrataciones a través de la OEI están bajo escrutinio tras el descubrimiento de que un grupo de rugbiers del colegio La Salle utilizaba este mecanismo para facturar.
Las contrataciones del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, ya están siendo investigadas por la justicia federal. Esto se desencadenó después de que se revelara que, a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la cartera permitía que hasta un grupo de rugbiers del colegio La Salle facturara mediante este método, lo que llevó a la presentación de una denuncia que aún se encuentra en fase de investigación.
Esto surge de una respuesta formal proporcionada por la gestión de Capital Humano en relación a un pedido de acceso a la información pública presentado por InfoGremiales hace casi tres meses. En dicha solicitud se pedía acceso a las listas de personal contratado y a los criterios utilizados para su selección, en un contexto donde no se realizan controles ni pruebas de idoneidad, a pesar de los recortes sistemáticos en la planta estatal.
Tras una prórroga solicitada, la gestión libertaria se negó a proporcionar los detalles de las contrataciones, argumentando que «debe tenerse en cuenta que el 31 de mayo del presente año, luego de una investigación interna realizada por el sujeto obligado, el propio Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal con el fin de que se investiguen asuntos relacionados con el tema solicitado en la petición de acceso a la información pública anteriormente mencionada».
Asimismo, se explica que dicha causa se está tramitando ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la intervención de la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo del Dr. Ramiro González.
Desde el ministerio aseguran que «en el contexto de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón Nº 124429/2024, el Sr. Fiscal Federal (conforme Res. MP 52/21) de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISeS) también está examinando hechos que están inmediata y directamente relacionados con la información solicitada».
Para Pettovello, «mientras la Justicia Federal se encuentre en etapa investigativa, hacer pública la documentación y/o información relacionada con los casos, tal como se indicó anteriormente, no solo podría obstaculizar o frustrar los fines de las investigaciones, lo cual es un riesgo real e identificable, sino que, además, también podría afectar, sin duda, los derechos de las personas investigadas».
Los acuerdos con la OEI —que existen desde hace tiempo— suelen estar destinados a proyectos en educación, cultura y ciencia, entre otros. Se trata de una entidad de cooperación multilateral que utiliza fondos del erario público argentino que, en este caso, podrían haber sido desviados de su objetivo original tras la aparición de un grupo de personas en una lista con facturaciones de entre 600.000 y 1.400.000 pesos, pero que no tenían funciones asignadas en la cartera. Es decir, «ñoquis».
Con información de Infogremiales
Publicado en lanuevacomuna.com
