El Poder Judicial ha requerido al Ejecutivo que justifique el DNU que autoriza la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, la causa $LIBRA avanza, y se investigará el patrimonio de Javier y Karina Milei.
La Justicia continúa con dos investigaciones que generan tensión en el gobierno: la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita un nuevo endeudamiento con el FMI.
La fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano ha pedido examinar la evolución patrimonial de Javier Milei tras su promoción del token $LIBRA, que habría perjudicado a inversores en distintas partes del mundo. De manera simultánea, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dispuso la reconstrucción de las transacciones de las billeteras digitales asociadas a esta criptomoneda.
Por otro lado, a raíz de denuncias presentadas en la Justicia, el Ejecutivo debe responder sobre la legalidad del DNU que permite contraer deuda con el FMI. Tras este requerimiento, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el acuerdo con el organismo sería por 20 mil millones de dólares.
Sin embargo, en medio de la falta de claridad del Gobierno, la propia vocera del FMI afirmó que el monto aún no está definido y que podría desembolsarse en cuotas. Un nuevo indicio del «des-gobierno».
Investigación sobre el patrimonio de los Milei
Lejos de quedar en el olvido, la causa por la criptoestafa en la que está involucrado Javier Milei sigue su curso y podría traerle complicaciones a su administración. Actualmente, el caso se encuentra en disputa de jurisdicción entre la jueza federal de Buenos Aires, María Servini, y la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
A pesar de esto, la investigación avanza por distintos frentes. Eduardo Taiano, designado por Servini para llevar adelante la causa, ordenó analizar el patrimonio no solo de Milei, sino también de su hermana Karina y de otros presuntos implicados, como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
Para profundizar en esta línea, Taiano solicitó la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), con el fin de rastrear los movimientos financieros de los involucrados desde 2023 hasta la actualidad.
Mientras tanto, Arroyo Salgado tomó nuevas medidas y dispuso que la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal realice una reconstrucción detallada de las transacciones vinculadas a $LIBRA.
El objetivo de esta medida es identificar el recorrido del dinero asociado a la criptomoneda y determinar si los fondos han sido transferidos a plataformas de compraventa de criptoactivos. En caso de ser posible, se buscaría congelar esos activos para su eventual recuperación.
El escándalo se desató el 14 de febrero, cuando Milei promocionó la criptomoneda en su cuenta de X (antes Twitter). Tres días después, el Presidente volvió a mencionarla indirectamente al compartir una publicación de Darío Epstein sobre cómo adquirir el activo digital.
Tras ese reposteo, la cotización de $LIBRA volvió a subir, pero Milei eliminó la publicación una hora más tarde. En su dictamen, Arroyo Salgado sostiene que el caso podría encuadrarse en una “estrategia de fraude cripto”, basada en las tácticas de “rug pull” y “pump and dump”.
Dudas sobre el DNU de endeudamiento
El juez del fuero Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, le solicitó al Gobierno que en un plazo de cinco días justifique, con la documentación correspondiente, la decisión de tomar deuda con el FMI a través de un DNU.
La denuncia fue presentada por el economista Claudio Lozano, el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, el abogado Marcos Zelaya y María Eva Koutsovitis, del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Los denunciantes buscan que se declare la “nulidad absoluta e insanable” del DNU 179/2025, así como de cualquier acto derivado de su implementación.
Entre los argumentos presentados, sostienen que el gobierno se atribuyó “facultades legislativas” para aprobar “operaciones de crédito público futuras con el FMI sin definir los términos del programa ni establecer límites o bases para la negociación”. Esta acción, afirman, va en contra de los artículos 4, 75 (incisos 4 y 7) y 76 de la Constitución Nacional.
También señalan que el DNU no trata sobre “materias determinadas de administración o emergencia pública”, lo que contradice el artículo 76 de la Constitución.
En tercer lugar, argumentan que el Gobierno no justificó la “necesidad y urgencia” del decreto para evitar el trámite legislativo, dado que el Congreso está en sesiones. Por este motivo, consideran que se vulnera el artículo 99, inciso 3 de la Constitución.
Cabe recordar que, en lugar de someter la cuestión a debate en el Congreso, Milei optó por avanzar mediante un DNU, facilitando así la aprobación del endeudamiento con la sola validación de la Cámara de Diputados.
Finalmente, los denunciantes advierten que al arrogarse la facultad de contraer deuda sin control legislativo, el Ejecutivo “se atribuye un poder desmedido que podría comprometer el futuro económico de los argentinos”, lo que podría constituir una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional.
La Nueva Comuna
