Bajo el argumento de «modernizar» el sistema y reducir costos, el gobierno nacional, a través de la gestión del subsecretario de Asuntos Registrales, el contador Carlos Medina, decidió eliminar la cédula azul. Este documento era una herramienta clave que permitía a los propietarios autorizar a terceros para conducir sus vehículos. Sin embargo, lejos de lograr los objetivos planteados, la medida ha generado múltiples complicaciones que afectan directamente la economía de los ciudadanos y, a la vez, favorecen a un reducido grupo de profesionales.
Del ahorro a un costo excesivo: el negocio detrás de la cédula azul
La cédula azul tenía un costo accesible de 6.400 pesos, lo que facilitaba a familias y empresas autorizar a otros para manejar sus vehículos. Sin embargo, con su eliminación, los propietarios ahora deben recurrir a poderes notariales, cuyo valor supera los 140 mil pesos, una cifra exorbitante en comparación con el sistema anterior.
Lejos de representar un ahorro, como insiste el gobierno de Javier Milei, esta medida ha incrementado los gastos de los ciudadanos de manera drástica. Todo indica que la eliminación de la cédula azul ha resultado ser un gran negocio para los escribanos, quienes ahora concentran un trámite que antes era simple y accesible.
Mientras tanto, la solución «moderna» anunciada por el gobierno, que permitiría realizar autorizaciones a través de la app Mi Argentina, sigue sin estar operativa. Esta demora deja a los ciudadanos sin herramientas digitales efectivas para gestionar el trámite.
En un país con una importante brecha digital, la falta de una alternativa inmediata perjudica especialmente a quienes no tienen acceso a la tecnología, generando una doble penalización: no solo enfrentan costos más elevados, sino que además quedan excluidos del sistema por completo.
Empresas y particulares: los principales afectados
El sector automotriz y de transporte se encuentra entre los más perjudicados por esta decisión. Las empresas que administran flotas de vehículos ahora deben tramitar poderes notariales individuales para cada conductor, lo que eleva significativamente sus costos operativos y afecta su competitividad.
Para los particulares, esta medida supone un obstáculo considerable. Aquellos que comparten vehículos o planean viajar al exterior se enfrentan a trabas burocráticas que pueden derivar en la prohibición de ingreso a países vecinos o en el secuestro de sus vehículos por falta de documentación válida. Las soluciones improvisadas del gobierno, como constancias o documentos de respaldo, han resultado insuficientes y han generado mayor confusión en lugar de aportar claridad.
Riesgos legales y económicos: un sistema que desprotege a los ciudadanos
La eliminación de la cédula azul también plantea serias implicancias legales. Sin un documento físico que respalde la autorización para conducir, las disputas en casos de accidentes o conflictos legales se vuelven mucho más difíciles de resolver.
Además, la decisión de eliminar la fecha de vencimiento de la cédula verde fomenta la compraventa informal de vehículos, aumentando los riesgos legales y fiscales tanto para compradores como para vendedores.
Carlos Medina: el responsable de una decisión cuestionable
El subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, es el principal responsable de esta problemática. Su decisión de eliminar la cédula azul sin ofrecer una alternativa eficiente demuestra una desconexión alarmante con la realidad de los ciudadanos y una falta de compromiso con su bienestar.
En lugar de implementar soluciones prácticas y accesibles, Medina parece haber favorecido a un sector específico, transformando un trámite económico en un negocio elitista. Mientras tanto, los ciudadanos deben asumir las consecuencias de esta medida desproporcionada.
La eliminación de la cédula azul no es un hecho aislado, sino un ejemplo más de cómo el gobierno adopta políticas sin evaluar sus efectos reales. Aunque el discurso oficial insiste en la reducción de costos y la simplificación de trámites, la realidad indica que las medidas implementadas solo han generado más gastos, más burocracia y mayores dificultades para los ciudadanos de a pie.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
