El máximo tribunal solicitó al procurador Eduardo Casal que emita un dictamen sobre la posibilidad de agravar la condena contra la exmandataria. La movida sugiere que los jueces podrían pronunciarse y dejarla fuera de carrera para cargos públicos.
La causa conocida como «Vialidad», donde se define buena parte del porvenir judicial y político de Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra ahora en manos del procurador interino Eduardo Casal. La Corte Suprema le solicitó su parecer respecto del recurso impulsado por el fiscal ante Casación, Mario Villar, quien reclama que se aumente a doce años de prisión la pena de seis años dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada por la Cámara de Casación, sumada a la inhabilitación permanente para funciones públicas. Este nuevo movimiento de los cortesanos —que volvieron a ser tres tras la renuncia de García Mansilla— se produce en un contexto de fuerte presión desde sectores políticos, mediáticos y empresariales, que buscan dejar a CFK fuera del escenario electoral de este año.
Jugadas medidas
En la Corte hay actualmente 17 recursos de queja vinculados a la causa «Vialidad», en la que la ex jefa de Estado fue condenada por presunta administración fraudulenta. Ahora, el máximo tribunal solicitó a Casal que dictamine específicamente sobre el planteo de Villar, quien —alineado con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola— busca que la condena incluya el delito de asociación ilícita. De prosperar ese cambio, la pena podría duplicarse e implicaría también su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Cuando un fiscal interpone un recurso de queja, la Corte debe consultar al jefe de los fiscales para saber si mantiene ese pedido. No hay un plazo determinado para hacerlo, pero debía concretarse en algún momento. El tribunal eligió avanzar este miércoles, justo un día después de que el diario La Nación destacara en su portada digital: “La Corte retiene la causa contra Cristina Kirchner y se despeja el camino para que sea candidata”. Al día siguiente, el mismo medio tituló: “La Corte movió un casillero y aleja las sospechas sobre un pacto para favorecer a Cristina Kirchner”.
El pedido a Casal fue formulado mediante una escueta nota de una línea: “Córrase vista a la Procuración General de la Nación”, en referencia al escrito de Villar. No se le giraron los planteos de las defensas —lo cual no era obligatorio— ni se fijó una fecha límite para su dictamen, algo que en otras ocasiones sí se ha hecho. Sin embargo, fuentes cercanas al procurador aseguran que su respuesta no tardaría más de un mes. Aunque el dictamen no es vinculante, su contenido funciona como un indicador. En este caso, la clave será si Casal respalda la solicitud de los fiscales, que pidieron condenar por asociación ilícita en un juicio donde, según muchas observaciones, apenas se mencionó a CFK. Su análisis deberá centrarse en si los argumentos de Villar tienen peso. Si se pronuncia en contra, podría implicar el rechazo al recurso.
Lo que está en disputa
Una incógnita mayor gira en torno a cuánto está dispuesta a intervenir la Corte y en qué momento. En los debates internos, Ricardo Lorenzetti habría manifestado su intención de abordar el tema con rapidez durante el primer semestre. En cambio, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vice del tribunal, prefieren manejar los plazos sin sobresaltos, afirmando que se respetan los tiempos habituales. Sin embargo, en este tipo de causas, los plazos no son sólo jurídicos: son políticos. Y la historia reciente muestra que no hay un patrón fijo.
Por ejemplo, la causa “Dólar Futuro” estuvo en la Corte más de tres años antes de que se resolviera el sobreseimiento de Cristina y Axel Kicillof sin pasar por juicio oral. En el caso Ciccone, a Amado Boudou se le confirmó la pena en apenas seis meses, aunque en ese caso estaba detenido, lo que exige mayor celeridad. En la causa por el Memorándum con Irán, la Corte ordenó el juicio oral luego de un año y dos meses. Recientemente circulan versiones sobre un inminente pronunciamiento en la causa por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez, aunque allí no hay recurso del Ministerio Público sino de la defensa, por lo que podría haber otro tipo de tratamiento.
En “Vialidad” se acusa a la expresidenta de haber tenido un rol clave en el presunto direccionamiento de 51 obras públicas en Santa Cruz a favor de Báez. Las consecuencias de lo que decida la Corte están atadas al calendario electoral. Si el fallo confirma la condena, Cristina podría quedar bajo arresto, aunque por su edad tendría derecho al régimen domiciliario. Si decide competir por una banca en la provincia de Buenos Aires, podría adquirir inmunidad. En caso de que no haya primarias, el cierre de listas sería el 7 de agosto; si se postulara para diputada nacional, el plazo es el 17 del mismo mes. Cualquiera de esos cargos le otorgaría fueros, aunque seguiría latente el debate sobre su inhabilitación.
No sería raro, como ocurrió en otros expedientes, que la causa permanezca largo tiempo en la Corte. Los jueces deben analizar no sólo el recurso de Villar y lo que dictamine Casal, sino también las apelaciones del resto de los acusados. En su presentación, Cristina cuestionó la imparcialidad del tribunal, recordando los vínculos entre los jueces y el expresidente Mauricio Macri; la falta de peritajes en las obras mencionadas; la ausencia de comparaciones con contratistas alternativos y la incorporación de pruebas sin exhibición ni posibilidad de responder en audiencia. Su abogado, Carlos Beraldi, expresó en conferencia: “No hay ninguna posibilidad de que Cristina vaya presa en el corto plazo y es falso que la Corte rechaza estos recursos en todas las oportunidades”.
Con información de Página 12
La Nueva Comuna