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JUSTICIA CORRUPTA: DIPUTADA PROCESADA POR LAVADO DE DINERO NO IRA PRESA NI SERA DESAFORADA





Lavado de dinero: procesaron con prisión preventiva a la diputada oficialista Aída Ayala pero no irá presa



Mientras el oficialismo demora en la cámara baja su pedido de desafuero, la Justicia Federal continúa avanzando. La legisladora se descompensó y fue internada.

La Justicia Federal de la provincia de Chaco dispuso este lunes el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos), acusada de lavado de activos cuando se desempeñaba como intendenta de Resistencia. Sin embargo, en 48 horas, Cámara Federal de Apelaciones de Chaco resolvió revocar la prisión preventiva de la diputada.

En tanto, la legisladora fue internada durante la madrugada en un sanatorio de la capital chaqueña, según informaron personas allegadas a ella.

El procesamiento con prisión preventiva de Ayala había sido dictado por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien también dispuso similares medidas para el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, entre otros.

La misma medida fue aplicada a Alejandro Fischer, Patricia Vázquez, Rolando Javier Acuña y Fátima Rigassio, el resto de los imputados en la causa.

La jueza había ordenado además embargos a distintas empresas bajo investigación y la inhibición general de bienes de Ayala y del resto de los procesados.

Si bien la Justicia ya había pedido su desafuero a la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialismo demoró el trámite para protegerla, a diferencia de lo que sucedió con Julio De Vido.



Marcha atrás a pedido del gobierno

La Cámara Federal de Apelaciones de Chaco resolvió en la jornada revocar la prisión preventiva de la diputada de Cambiemos Aida Ayala, en el marco de la causa que investiga a la funcionaria por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El fundamento principal de la resolución es que Ayala es diputada nacional, cargo que tiene fueros y que deben ser removidos en una votación -como pasó en el caso de Julio De Vido- para que pueda ser detenida. En el fallo de primera instancia, la jueza federal Zunilda Niremperger justificó el pedido de detención al manifestar que la funcionaria puede incidir en la causa por haber sido ex intendenta de Resistencia y ex secretaría de Asuntos Municipales de la Nación.

Tras el fallo en primera instancia, Ayala -representada por Olga Mongelós y Ricardo Gil Lavedra- apeló la decisión al cuestionar «la arbitrariedad de la detención solicitada».

Junto a Ayala, en el fallo de primera instancia también fueron procesados el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Alejandro Fischer, como así también Patricia Vazquez, Rolando Javier Acuña y Fatima Rigassio.

La magistrada Niremperger embargó a Ayala por 200 millones de pesos y le dictó la inhibición general de sus bienes en el marco de la causa que investiga el fiscal federal Patricio Sabadini.

En esta investigación esta acusada por presunto «lavado de activos, agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y funcionario público», en calidad de autora; en concurso real con los delitos precedentes de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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