En la provincia de Jujuy, se desató un desalojo violento en una comunidad originaria, en medio de tensiones políticas y sociales. El conflicto tiene como contexto el avance de proyectos mineros y el rechazo de las comunidades locales a la expropiación de sus tierras. Las fuerzas policiales actuaron con agresividad, lo que ha generado una fuerte crítica por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad que ven en este desalojo un claro abuso de poder.
El gobierno provincial de Jujuy, liderado por el gobernador Gerardo Morales, ha sido señalado como el principal responsable detrás de la decisión de desalojar a la comunidad. Se argumenta que este acto responde a intereses económicos relacionados con la minería, un sector clave para la administración provincial, lo cual pone en peligro el acceso y los derechos territoriales de las comunidades indígenas que habitan la región desde hace siglos.
Las imágenes de la represión, que incluyen el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, han circulado rápidamente por las redes sociales, provocando indignación a nivel nacional. Los medios locales y nacionales han mostrado cómo los miembros de la comunidad intentaron resistir pacíficamente el desalojo, pero fueron reprimidos por la fuerza pública. Este episodio se inscribe en una serie de medidas que el gobierno de Morales ha implementado, con un enfoque de represión hacia la protesta social.
Organizaciones de derechos humanos, académicos y políticos de la oposición han condenado la violencia, señalando que la represión busca silenciar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, la intervención de fuerzas policiales en este contexto ha sido vista como una herramienta del poder político para avanzar en un modelo económico extractivista, donde las tierras de las comunidades originarias son vistas como recursos estratégicos a explotar, sin respetar los derechos ancestrales.
Este conflicto también ha puesto de relieve la necesidad de un diálogo genuino y de políticas públicas que respeten la identidad y la autodeterminación de las comunidades indígenas. Los líderes comunitarios exigen el fin de los desalojos y una revisión de las políticas mineras que afectan su modo de vida, mientras que la comunidad internacional ha comenzado a poner atención sobre este caso, llamando a una mayor protección de los derechos humanos en la región.
La Nueva Comuna
