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Juicio por la muerte de Diego Maradona: nulidad en curso y nuevo proceso judicial en evaluación

El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona se encuentra virtualmente anulado, luego de que se presentaran elementos que comprometen la imparcialidad de una de las magistradas del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. La fiscalía, a cargo de Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, expuso durante una audiencia cuatro elementos audiovisuales vinculados a la jueza Julieta Makintach, que demuestran su participación en la producción de una serie documental titulada Justicia Divina, cuyo contenido sugiere una condena anticipada a tres de los imputados: el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Las evidencias presentadas incluyen un tráiler de un minuto y medio, otro de seis minutos, imágenes en crudo de filmaciones y el guión completo de la serie, compuesto por seis capítulos. Según los fiscales, el material apunta a un relato que anticipa una sentencia condenatoria, lo cual comprometería el principio de imparcialidad del proceso judicial. En el guión se describe incluso una escena en la vivienda de la magistrada, con detalles personales, lo que reforzaría su involucramiento.

Frente a estos hechos, los otros dos jueces del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, expresaron públicamente no haber tenido conocimiento ni participación alguna en la realización del documental y rechazaron de forma categórica cualquier vinculación. En consecuencia, el tribunal convocó a una nueva audiencia para este jueves al mediodía con el objetivo de definir los pasos a seguir.

De confirmarse la nulidad, se ordenará el sorteo de un nuevo tribunal, se convocará a las partes para establecer nuevamente las pruebas y los testigos, y se fijará una nueva fecha de inicio. Fuentes judiciales estiman que difícilmente el nuevo juicio pueda comenzar antes de 2026.

El lunes, fiscales del Ministerio Público de San Isidro —Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Armallo, bajo la coordinación del fiscal general John Broyad— encontraron en un pendrive perteneciente a uno de los productores de Justicia Divina el material decisivo. En él, la jueza Makintach aparece reiteradamente en escenas vinculadas a su rol institucional, e incluso afirma haber sido convocada para participar, contradiciendo sus declaraciones previas en las que negó cualquier relación con la producción.

El guión del proyecto, que propone un enfoque de tipo true crime, contiene referencias directas al proceso judicial en curso y plantea una narrativa centrada en la jueza como figura protagonista. La existencia de estos elementos, sumada a las contradicciones en las declaraciones de la magistrada, condujo a que múltiples partes intervinientes —fiscales, defensas y querellas— solicitaran formalmente su apartamiento por pérdida de imparcialidad y credibilidad.

En el ámbito judicial de San Isidro se analiza también si la participación de la magistrada en la serie respondió a una búsqueda de posicionamiento profesional en torno a la figura del “delito por omisión”, eje central del debate en este caso. Si bien no hay indicios de que haya recibido contraprestaciones económicas, se investiga si hubo un beneficio indirecto para personas cercanas a la jueza que participaron en la producción del material.

En el entorno tribunalicio se considera que la participación de un juez en un proyecto audiovisual con posicionamiento anticipado sobre el fallo contamina inevitablemente el trabajo colegiado, afectando la validez del proceso en su totalidad. La posibilidad de iniciar nuevamente el juicio genera preocupación por los altos costos institucionales y emocionales que implica, tanto para los familiares del fallecido como para los imputados.

Además del esfuerzo logístico que conllevará repetir testimonios y audiencias, existe el riesgo de que las declaraciones pierdan espontaneidad, y de que el clima del nuevo juicio se vea condicionado por lo sucedido. Aun así, se destaca que gran parte de la causa se sustenta en evidencia documental, como la autopsia, registros médicos y comunicaciones entre los profesionales.

Más allá de las consecuencias procesales inmediatas, el episodio representa un fuerte golpe a la credibilidad del Poder Judicial argentino, dado que se trata de una causa de repercusión nacional e internacional en torno a la muerte de una figura emblemática como Maradona. La transparencia y el correcto desarrollo del nuevo juicio serán determinantes para restaurar la confianza pública en la administración de justicia.

Con información de Página 12

La Nueva Comuna

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