El excomisario general de la Policía Federal Horacio Giménez ha sido nombrado al frente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reemplazo de Waldo Wolff. Su designación llega en medio de la crisis que enfrenta la gestión de Jorge Macri debido al hacinamiento en comisarías y alcaldías porteñas, además de la disputa interna del PRO con el gobierno nacional, en particular con la exministra Patricia Bullrich.
“Es tiempo de policías (…) No tenemos dudas de que su profundo conocimiento en la materia y su compromiso con el orden serán clave para que Buenos Aires siga siendo una Ciudad segura y ordenada”, publicó Macri en la red social X al anunciar los cambios en su Gabinete, marcando una línea de acción definida.
La llegada de Giménez es celebrada por sectores de ultraderecha, no solo por su perfil, sino también por su historial vinculado a operativos represivos en la Ciudad. Entre 2011 y 2016 estuvo al mando de la Policía Metropolitana bajo la gestión de Mauricio Macri en el gobierno porteño. Durante ese período, fue procesado por la violenta represión contra trabajadores, pacientes y periodistas en el Hospital Borda, una causa que aún espera resolución en la Corte Suprema de Justicia.
Un oficial formado en tiempos turbulentos
Nacido en 1955, Giménez ingresó siendo muy joven a la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Ramón L. Falcón. Según su propio relato, “desplegó una vasta carrera en la PFA”, alcanzando cargos como jefe del Departamento de Seguridad de Organismos Nacionales, director General de Seguridad Interior y superintendente de Interior y Delitos Federales Complejos. Ocupó este último puesto durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Sin embargo, mucho antes de llegar a esas posiciones de poder, cuando aún era un oficial en ascenso, formó parte de los operativos represivos de la Policía Federal contra lo que las clases dominantes de la época denominaban “subversión”.
Bajo la presidencia de Isabel Perón y la influencia de José López Rega, Giménez integró el contingente de 5.000 efectivos, encabezado por el Ejército, que desplegó el Operativo Independencia en Tucumán a partir de 1975. Aquella operación fue el primer ensayo de lo que, un año después, se extendería a todo el país con el golpe militar del 24 de marzo de 1976.
El decreto 261, firmado por Isabel Perón en enero de 1975, ordenó “aniquilar el accionar de elementos subversivos” en la provincia, lo que dio vía libre a una ola de secuestros, torturas y asesinatos de trabajadores, estudiantes y militantes políticos. Documentos de la época revelan que los propios ejecutores del operativo reconocieron la existencia de 80 “lugares de reunión de detenidos” en Tucumán, al menos 11 de los cuales operaron como centros clandestinos de detención. El más conocido, la Escuelita de Famaillá, habría recibido entre 1.500 y 2.000 secuestrados.
Además de su paso por Tucumán, Giménez participó en operativos represivos en Santa Fe, específicamente en Villa Constitución, un bastión de la resistencia obrera. En marzo de 1975, esa ciudad fue escenario de una represión masiva contra trabajadores de Acindar y militantes sindicales, con la participación de fuerzas estatales y grupos parapoliciales como la Triple A.
Desde noviembre de 2023, en los Tribunales Federales de Rosario, se desarrolla un juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución. Entre los acusados figuran un exgerente de Acindar, un militar y más de veinte efectivos de la Policía Federal. Giménez, sin embargo, no fue imputado, al igual que muchos otros oficiales de la época.
Que nunca haya sido procesado ni condenado por estos hechos no implica necesariamente su inocencia. Organismos de derechos humanos han denunciado durante décadas que los condenados por delitos de lesa humanidad son apenas una fracción del enorme aparato represivo que operó en Argentina entre los años 70 y 80.
De la dictadura a la “democracia”
Como muchos de sus colegas, Giménez supo mantenerse en actividad después de la dictadura. Durante su carrera en la Policía Federal, su ascenso fue respaldado por diversos gobiernos, desde Alfonsín hasta los Kirchner.
Durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la ministra de Seguridad Nilda Garré impulsó cambios en la cúpula de las fuerzas federales. Giménez fue entonces pasado a retiro, aunque su salida no fue solo una cuestión administrativa: dentro de la misma Federal lo apodaban “el jefe de los traidores”, ya que en 2009 habría ordenado fotografiar y espiar a agentes que manifestaban interés en sumarse a la Policía Metropolitana.
Ya retirado, Giménez percibe una de las jubilaciones más altas del sistema estatal, en contraste con la mínima que reciben miles de trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales han sido reprimidos por la misma fuerza que él comandó.
En 2011, a punto de cumplir 59 años, fue convocado por Mauricio Macri para asumir como jefe de la Policía Metropolitana en reemplazo de Eugenio Burzaco. Al asumir, afirmó estar “comprometido” con “el respeto y la garantía de los derechos humanos”, declaración que despertó escepticismo entre quienes conocían su historial.
Uno de los episodios más recordados de su gestión en la Metropolitana fue la violenta represión de abril de 2013 en el Hospital Borda, donde trabajadores, pacientes y periodistas fueron brutalmente atacados por la fuerza policial. La represión, ejecutada en el contexto de la demolición de talleres del hospital por orden del gobierno porteño, dejó más de 50 heridos y varios detenidos. Por estos hechos, Giménez, junto a Mauricio Macri y otros funcionarios, fue procesado, aunque en 2015 todos fueron sobreseídos.
Actualmente, la causa del Borda sigue abierta y su resolución depende de la Corte Suprema de Justicia, aunque no hay indicios de que el tribunal tome una postura adversa a los funcionarios involucrados.
Seguridad y represión bajo el ala de Jorge Macri
Pese a su controvertido historial (o quizás, justamente por ello), desde el lunes pasado Giménez dirige el Ministerio de Seguridad de la Ciudad bajo el mando de Jorge Macri, primo del expresidente y exjefe de Gobierno porteño. Su nombramiento parece responder a la necesidad de fortalecer la relación con el Ministerio de Seguridad nacional, liderado por Patricia Bullrich, quien fue una de las principales impulsoras de la salida de Wolff.
En sus primeras 24 horas de gestión, Giménez ya dejó en claro su enfoque: envió efectivos a reprimir a vecinos de la Villa 1-11-14, que celebraban el carnaval en su barrio. Un operativo represivo en línea con la política de “orden” que promueve el nuevo ministro y que augura tiempos difíciles para la protesta social en la Ciudad de Buenos Aires.
La Nueva Comuna