Después de que se descubrieron candidatos fallecidos hace una década en las listas electorales y otros que no habían dado su consentimiento para ser incluidos, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, procesó a los apoderados de cuatro partidos políticos que participaron en las elecciones Primarias de 2023. El fraude generó un costo para el Estado superior a los 500 millones de pesos. Se han ordenado embargos.
La investigación, que comenzó en julio del año anterior, llevó a Ramos Padilla a procesar a los apoderados de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo. Además, en una resolución de más de 180 páginas, se les prohibió salir del país y se les embargaron bienes.
La calificación del delito fue precisa: “Maniobras fraudulentas llevadas a cabo por un grupo de apoderados y autoridades partidarias que consistieron en la creación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”. ¿El propósito? “Acceder a los recursos financieros que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en las elecciones”.
Según el mismo documento, Raúl Ernesto Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos utilizaron datos de ciudadanos para constituir afiliados y órganos partidarios, formando así agrupaciones políticas.
Para llegar a estos resultados, la Justicia Electoral de Buenos Aires ordenó en julio de 2023 la elaboración de informes preliminares sobre las listas y un cruce de datos de todos los precandidatos. Así se constató que los cuatro partidos mencionados incluían entre sus precandidatos a personas fallecidas, en algunos casos, hacía más de diez años. A partir de ahí, se abrieron cuatro causas penales que se unificaron en un solo expediente.
Se llevó a cabo un seguimiento de los gastos, se convocó a la AFIP, pero sobre todo se citó a declarar a 216 candidatos. El resultado fue revelador: 170 nunca habían prestado su conformidad para integrar las listas de candidatos, y la mayoría desconocía la existencia de los partidos en los que figuraban como precandidatos a diputados nacionales, senadores nacionales o parlamentarios del Mercosur.
En cuanto al dinero, dos de los partidos recibieron los fondos asignados por la Dirección Nacional Electoral. A Proyecto Joven se le otorgaron un total de 352.050.020 pesos para aportes de campaña e impresión de boletas para las categorías de diputados y senadores nacionales, y parlamentarios del Mercosur distrito Regional. Además, recibió más de 76 millones de pesos para imprimir boletas para las internas de los partidos.
A Justicia y Dignidad Patriótica se le asignaron más de 124 millones de pesos. En el caso de Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal, no llegaron a recibir los fondos porque sus listas fueron rechazadas por las autoridades electorales.
Durante la investigación se determinó que uno de los cuatro procesados estaría al frente de las operaciones. Se trata de Habra, apoderado del partido Encuentro Republicano Federal. Tras los allanamientos ordenados por el juez, se encontró en sus domicilios documentación electoral relacionada con decenas de partidos políticos.
En la misma resolución firmada por Ramos Padilla, se afirma que, con el dinero obtenido de manera ilícita por dos de las agrupaciones, habrían encargado la impresión de boletas a una imprenta de la ciudad de Santa Fe. Esta elección no habría sido casual, ya que el propio Habra es socio de dicha imprenta.
“Se lograron establecer vínculos entre dichos apoderados y autoridades partidarias con la imprenta que era seleccionada para la impresión de boletas por los partidos involucrados en esta investigación”, concluye el documento.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com
