Acusan que la privatización de la Hidrovía incluye una cláusula para excluir a empresas chinas
Gremios y sectores de la oposición han expresado su preocupación tras la decisión del gobierno nacional de privatizar la Hidrovía. Como parte de esta medida, se anunció la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). La AGP es la segunda empresa estatal cerrada por esta administración, después de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf).
La iniciativa implica el cese de operaciones de la sociedad estatal que gestionaba el Puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, la Hidrovía del Río Paraná, una vía fundamental para el comercio exterior de la Argentina.
Tras publicarse la resolución este lunes en el boletín oficial, Pedro Wasiejko, presidente del Astillero Río Santiago, advirtió que la medida “esconde un negocio diseñado para favorecer a empresas privadas”. En diálogo con Tiempo, subrayó que la gestión de la AGP durante estos tres años dejó un “balance positivo”, pero que con esta disposición el gobierno de Javier Milei busca “regresar al modelo implementado durante el gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo”.
El nuevo organismo tendrá la tarea de administrar la Hidrovía, asumiendo competencias que el Ejecutivo considera “dispersas” en otras entidades. Según Manuel Adorni, portavoz presidencial, “la Agencia Nacional de Puertos y Navegación asumirá funciones que antes estaban divididas entre múltiples organismos, eliminando duplicaciones y logrando un ahorro significativo para el Estado. Este es un paso importante hacia una gestión más eficiente y actualizada”.
En contraste, Wasiejko señaló que durante el gobierno de Alberto Fernández, la administración del canal troncal, que había sido privatizada en los años 90, volvió al control estatal. “Con la gestión de la AGP, solo en el primer año se generó un superávit de 19 millones de dólares, reinvertido en mejoras del sistema. Un ejemplo fue el recambio de claraboyas, con un 95% de insumos provistos por empresas nacionales. También se implementó tecnología para monitorear en tiempo real la ubicación de las embarcaciones y cámaras de seguridad utilizadas por el Ministerio de Seguridad”.
Según Wasiejko, el cierre de la AGP abre paso a “un negocio excepcional” al proyectar una licitación del canal troncal por 30 años, renovable por otros 30, “sin exigir contraprestaciones”.
“El objetivo principal es eliminar cualquier herramienta estatal para gestionar el canal troncal – destacó Wasiejko –. Si en el futuro hay un cambio de gobierno, no existirá ningún recurso para retomar la administración, lo que obligaría a comenzar desde cero”.
Restricciones a empresas chinas
El alineamiento de Milei con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y su estrategia de guerra comercial con China empieza a tener impacto. Wasiejko mencionó un artículo “restrictivo” en la resolución que establece que “quedan excluidas de la licitación las personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias gubernamentales”.
“Este punto está dirigido específicamente a impedir la participación de cualquier empresa dragadora china con acciones estatales – explicó Wasiejko –, lo cual constituye una discriminación flagrante y una violación de acuerdos comerciales internacionales”.
Un ejemplo es Shanghai Dredging, subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC), que queda automáticamente excluida debido a su carácter estatal. Esta compañía, que se dedica al dragado y mantenimiento portuario, desempeña un rol clave en las ambiciones geopolíticas y militares de China.
Con información de Tiempo
Publicado en lanuevacomuna.com
