Tras el revés que sufrió la semana pasada, cuando se frustró la licitación con la que buscaba anotarse un éxito en gestión, el gobierno de Javier Milei reactivó el conflicto en torno a la hidrovía con tres señales clave dirigidas a la oposición, a los grupos de presión y a las cámaras empresariales que tienen injerencia en la principal vía navegable del país.
En primer lugar, dejó en claro que avanzará a fondo, tanto en el plano administrativo como en el judicial, contra la compañía belga Deme Dredging International (DEME), a la que acusa de haber “saboteado” el proceso licitatorio que terminó siendo cancelado. Esta empresa, que fue la única oferente, presentó múltiples impugnaciones a las condiciones de la licitación, alegando que favorecían a Jan de Nul, actual encargada del dragado y ex concesionaria de la hidrovía.
Acusan a Mauricio Macri
Durante una exposición ante la Comisión de Transporte de Diputados, el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, apuntó directamente contra DEME, el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Transporte Guillermo Dietrich y el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.
“Miembros de la política y empresarios se coordinaron para hacer que el proceso licitatorio se cayera. Un trabajo y una coordinación perfecta de estos actores que no tenían ningún interés en que esto saliera adelante y que lo único que les interesaba era voltear el procedimiento para que, llegado el caso de que volvieran a la función ejecutiva, pudieran terminar asignando el contrato para un lado o para el otro», denunció el funcionario.
Arreseygor, quien formó parte de la gestión macrista y luego se sumó al equipo libertario bajo la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, reafirmó las acusaciones contra DEME y sostuvo: “Vamos a avanzar con todo el peso de la ley, porque tenemos la presunción de que presionó al resto de las empresas para que no se presenten y que es la principal responsable del sabotaje a la licitación”.
Los próximos pasos del Gobierno en la hidrovía
En los próximos días, el Gobierno solicitará formalmente a la Comisión de Defensa de la Competencia que investigue si DEME ejerció «presión sobre otras empresas» e incurrió en una «presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado y de los productores argentinos». Ante la ofensiva oficial, en el sector portuario ya dan por hecho que DEME tiene el “boleto picado” y que, más allá de sus reclamos, no podrá ganar ninguna licitación de dragado bajo la actual administración.
El segundo mensaje que dejó el Ejecutivo es que no hay apuro por reabrir la licitación. Según fuentes del área de Transporte consultadas por Letra P, el nuevo llamado se realizará una vez que concluyan las investigaciones de Defensa de la Competencia y avance la causa judicial por el presunto sabotaje.
Con el calendario electoral en el horizonte, lo más probable es que la futura licitación se postergue hasta finales de año o incluso hasta los primeros meses de 2026.
El pliego en revisión
Aunque aún no hay detalles concretos, fuentes oficiales admiten que el Gobierno deberá revisar y modificar varios puntos de los pliegos de bases y condiciones diseñados en conjunto con las provincias ribereñas y las empresas del sector.
Entre los aspectos que podrían reformularse están la duración del contrato, actualmente fijada en 30 años con opción a prórroga por otros 30; el plan de obras para incrementar el calado en el tramo principal; los ajustes tarifarios y los estudios de impacto ambiental exigidos a la futura concesionaria.
Mientras tanto, la ANPYN confirmó que las obras de dragado seguirán en manos de Jan de Nul, mientras que las tareas de señalización continuarán bajo la gestión de Emepa, empresa que fue socia de la concesionaria privada que administró la hidrovía desde los años 90 hasta septiembre de 2021.
El contrato de Jan de Nul se renueva periódicamente, mientras que Emepa ganó la “licitación corta” realizada en 2022, manteniendo el control del balizamiento hasta que una nueva concesionaria se haga cargo de la hidrovía.
Por otro lado, Jan de Nul también quedó bajo la lupa del juez federal Sebastián Casanello a raíz de una denuncia impulsada por legisladores de la Coalición Cívica. En los últimos días, la empresa fue allanada por el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de una investigación que busca determinar por qué el pliego de la frustrada licitación incluía una cláusula que garantizaba el cobro de una deuda estatal de 78 millones de dólares. Según las reglas establecidas en el proceso fallido, el adjudicatario debía abonar un canon equivalente a ese monto, que luego sería utilizado por el Gobierno para saldar la deuda con la empresa.
La Nueva Comuna
