Gerardo Morales y el show de la xenofobia
Desde esta semana los extranjeros tendrán que pagar en Jujuy un seguro de salud para ser atendidos en los hospitales. Gerardo Morales impulsó la ley –que la legislatura local aprobó– luego de un altercado con Bolivia por un supuesto maltrato a un músico argentino accidentado en el país andino. La oposición jujeña denuncia que todo es “una bomba de humo” para tapar los problemas reales: inflación, pobreza, tarifazos y desocupación. Organismos de Derechos Humanos advierten que estas medidas son inconstitucionales e incumplen obligaciones internacionales del Estado argentino.
La aprobación de la ley de cobro de un seguro de salud a extranjeros en Jujuy coronó una semana con otros hechos políticos que tuvieron a la xenofobia como eje. En la legislatura jujeña los diputados de la oposición advirtieron que el debate que instaló Morales sobre el tema es “una bomba de humo” para tapar los verdaderos problemas que sufren los jujeños. Pero además, Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que la aprobación del proyecto en Jujuy, sumado al decreto que firmó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, para prohibir el ingreso a esa provincia o expulsar a extranjeros condenados, con antecedentes penales o con condenas no firmes y el caso de Vanessa Gómez, de nacionalidad peruana, que fue expulsada del país con su hijo argentino llevan a un “estado de incertidumbre” en el que se desdibujan los derechos no sólo de los extranjeros sino también de los propios ciudadanos nacionales. Ante este panorama el CELS, junto a Amnistía Internacional y ANDHES, entre otros organismos, realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que advirtieron que estas medidas no sólo son contrarias a la Constitución Nacional y a Ley Nacional de Migraciones sino también incumplen las obligaciones internacionales del Estado y debilitan los derechos de las personas migrantes.
“Estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación por Decreto de Necesidad y Urgencia de la ley Nacional de Migraciones en 2017. Estas decisiones se basan frecuentemente en información falsa o distorsionada que busca asociar migración con criminalidad y encuentra respaldo en los discursos discriminatorios de algunas autoridades públicas”, aseguraron en su presentación los organismos de derechos humanos.
En el inicio del año electoral Gerardo Morales volvió a instalar el debate sobre el cobro de salud a extranjeros en base a una supuesta falta de reciprocidad que habría con el gobierno de Bolivia. En lugar de buscar mecanismos diplomáticos para ampliar derechos en el país vecino –que por otra parte recién en marzo de este año implementará un sistema universal de salud gratuita– promovió el recorte de derechos básicos para aquellos que utilizan el sistema de atención sanitaria en Jujuy a través de una ley que, además, es inconstitucional. El cónsul de Bolivia en Jujuy, Nélson Guarachi Mamaní prefirió no dar declaraciones porque señaló que la iniciativa es parte de un show mediático.
El Presidente del bloque de Cambiemos en la legislatura jujeña, Alberto Bernis, después de arrojar cifras respecto al costo de la atención de los extranjeros dentro del presupuesto, pero sin especificar si se trataba de residentes o no, señaló “que todos los jujeños pusieron 135 millones de pesos para que fueran atendidos todos los extranjeros. Y eso está bien, pero lo que queremos es igualdad. Esto no es xenofobia ni discriminación. Lo que queremos es igualdad, reciprocidad”. Y en ese marco el oficialismo votó para que los ciudadanos de otros países no puedan recibir atención médica gratuita en la provincia de Jujuy.
Fuera de los números que gritó Bernis en su discurso, sin especificar la fuente, lo cierto es que el gobierno provincial desde 2017 no publica la información y ninguna de las consultas realizadas por parte de este medio a la Secretaría de Comunicación solicitando los datos respecto a la atención de extranjeros en el sistema de salud tuvo respuesta. De los datos publicados, en 2015 sólo 193 egresos hospitalarios fueron realizados por parte de extranjeros, lo que representó un 0,39 por ciento del total de internaciones. En 2016 el número se redujo a 132.
Los legisladores de la oposición señalaron que nada va a cambiar ya que la incidencia de la atención a ciudadanos extranjeros es mínima. “El propio diputado Alberto Bernis dijo que el gasto en salud en ciudadanos extranjeros es del 4 por ciento”, dijo Iñaki Aldasoro, diputado provincial del Partido Obrero. “Lo entendemos como una medida que apunta a un proceso de vaciamiento y posterior privatización de la salud pública. El año pasado cuando se quiso discutir este proyecto en la legislatura denunciamos que era la punta de lanza de un proceso de privatización más general y lo vimos durante el año con el proyecto de ley de recupero de prestaciones, con la participación privada en salud pública, con la presentación con el Ministro de Salud de la Nación de la Cobertura Universal de Salud, acá en la provincia, que brinda una cobertura mínima y después de eso se supone que los ciudadanos tienen que abonar en el sistema público por otro tipo de prestaciones y con la declaración del propio ministro Bohuid de que la línea es ir hacia el pago de un co-seguro para todos los ciudadanos. Acá se ha valido de un desafortunado acontecimiento con un ciudadano jujeño en Bolivia para volver a meter por la ventana un proyecto que a todas luces es improvisado y reaccionario”.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Esquivel, del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, expresó: “Sin estadísticas que la justifiquen, al margen de la Ley Nacional de Migraciones, restringiendo derechos, se aprobó una ley de dudosa aplicabilidad y se construyó un enemigo externo desde una fuerte carga xenófoba. Con esta ley Morales avanza como ariete de Macri en la política intervencionista contra el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Según la antropóloga Gabriela Karasik, Jujuy tiene después de Buenos Aires y Capital Federal, la tercera población más grande de bolivianos en el país. Mientras en el proyecto aprobado hablan de extranjeros que están en Jujuy en forma transitoria, en el debate se habló de extranjeros “en tránsito”, en referencia a los turistas. Pero, además de que éstos últimos también tienen derechos, para Karasik este término es “la primera trampa. ¿Cómo los identificas? Los bolivianos pueden estar viviendo y trabajando acá hace tiempo y sus papeles pueden ser de residencia permanente, temporaria o precaria. Pueden estar trabajando en negro, por ejemplo. Pero más allá de ese foco incierto de si es transitorio en Jujuy o en los papeles, lo cierto es que impacta en todos por la sospecha de que se aprovechan de algo que no les corresponde, y en particular de los que van al hospital público. Ya hay registro de que los están maltratando más”, aseguró. Además señaló que “una parte importante de los ciudadanos bolivianos que viven en Jujuy, muchos con papeles regulares, los tienen en negro, por ejemplo en el tabaco o en el servicio doméstico. Y si están en negro no tienen obra social y tienen que ir al hospital público. Siempre se habla del gasto de los bolivianos, pero nunca del aporte que hacen a la economía”. Por último, agregó: “Desde el gobierno operan no solo identificando al boliviano o al indio como los malos, sino que buscan diferenciarse de ellos y se los usa como chivo expiatorio para desviar la atención de lo que verdaderamente pasa”.
En ese marco, en Jujuy aseguran que “ahora que no están más los tupaqueros para responsabilizarlos de los problemas, usan a los bolivianos”.
Elena Chávez, Coordinadora Institucional de ANHES en Jujuy explicó: “Tal como establece la ley de Migraciones, el Estado argentino tiene la ineludible obligación de brindar el acceso a la salud y asimismo garantizar de manera absoluta la igualdad de esos derechos entre nacionales y extranjeros, prohibiendo cualquier restricción con base en el estatus migratorio. El Estado en todas sus jurisdicciones, debe asegurar el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. La ley 6.116/19 propone distinguir entre residentes permanentes y transitorios para acceso a la salud. Pero la Ley migratoria vigente establece que todos deben recibir atención, incluso aquellos migrantes transitorios que ingresan con motivos de tratamiento médico. Por otro lado, a través del artículo 75 de la Constitución Nacional, el Estado argentino ha incorporado tratados internacionales que contienen normas específicas que resguardan la vida y la salud de todos los habitantes del territorio nacional. Por lo tanto, si existe una ley de migraciones que de acuerdo a los pactos internacionales garantiza el acceso universal a la salud y la educación, no podría coexistir una ley provincial interponiendo condiciones que limitan el acceso a derechos, especialmente si esa limitación se funda en motivos discriminatorios como es la distinción por nacionalidad”.
En ese mismo sentido, Diego Morales, del CELS, advirtió que la Constitución Nacional establece que en Argentina los extranjeros tienen que tener los mismos derechos que los argentinos. La reciprocidad establece que los nacionales y extranjeros deben tener el mismo trato dentro de lo que establece la legislación en cada país. “De lo contrario habría que pensar en otro modelo de Constitución, que establezca que los extranjeros en Argentina van a tener derechos siempre y cuando haya reciprocidad en sus legislaciones. Pero no está escrito así”.
Además, el director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, planteó las dificultades en términos legales de las disposiciones que tuvieron lugar la pasada semana vinculada con los extranjeros en Jujuy, Chubut y en el caso de la mujer peruana expulsada. “Los que estamos empezando a señalar es que hay un estado de incertidumbre. Esto es lo que están provocando a través de estas medidas. Hay un total estado de incertidumbre acerca de cuáles son los derechos, cuáles son las posibilidades que uno tiene: ¿te pueden detener por temas migratorios? ¿Te pueden expulsar con tu hijo aún cuando es argentino? Todo esto empieza a generar muchas situaciones de inseguridad. ¿Vas a ir a un hospital? ¿Vas a preguntarle a un funcionario policial donde hacer un trámite? Porque todo eso va a formar parte de la necesidad de ocultarte. Y eso empieza a tener un efecto en la convivencia cotidiana, más si denuncias alguna violación. Si tu empleador no te paga, ¿lo vas a denunciar o vas a preferir no hacerlo? Eso sí va a tener un impacto social determinado. A partir de estas medidas se desdibujan cuáles son las reglas de convivencia”.
Lo cierto es que si bien el discurso xenófobo no es nuevo, esta serie de medidas concretas se dan al inicio de un año electoral. Si bien no hay datos estadísticos respecto a cómo impacta la xenofobia en la campaña electoral, para Artemio López “la función del odio en la gramática macrista, ante la ausencia de discurso político, es oficiar de rasero a las diferencias sociales, culturales y estéticas emparentando destinos muy divergentes. Odian transversal y verticalmente, y sin más. Odiando igualan, opacando diferencias. La xenofobia es horizontal a los segmentos sociales y probablemente mayor a medida que se desciende en la pirámide de estratificación. Por eso ojo con el pobrismo que está en la base del discurso economicista, que supone que las víctimas del sistema económico rechazan sus valores”.
En Jujuy los legisladores denunciaron que con este debate el gobierno busca ocultar los verdaderos problemas que afectan a los argentinos. Y esta idea se puede trasladar a lo que sucedió en los otros casos. “Esto es una cortina de humo para ocultar la verdadera realidad que vive el pueblo trabajador: la inflación, la pobreza, los tarifazos, los bajos salarios, la precarización laboral, la desocupación. Esa es la agenda que se debería estar tratando en una sesión extraordinaria”, denunció Alejandro Vilca, diputado provincial del FIT. “Es mentira que hay una población que está esperando esta ley”, dijo Esquivel en relación a la afirmación del diputado oficialista Luciano Rivas que aseguró que el 90 por ciento de los jujeños deseaba que se apruebe esa medida. “Es una mentira. Porque cuando le cobremos al extranjero no vamos a garantizar que atiendan afuera a los argentinos, eso se resuelve diplomáticamente entre estados soberanos”, dijo el legislador del FUyO.
La licenciada en Psicología Nora Merlín, autora del libro “La colonización de la subjetividad”, en diálogo con Nuestras Voces advirtió que “el neoliberalismo y el odio van juntos, son un par que se retroalimentan. El neoliberalismo implica una concentración totalitaria de todo el poder: simbólico, económico, mediático. Todo el poder concentrado corporativo que instala el sentido común y ese totalitarismo necesita segregar. Las dos cosas van juntas. El todo siempre se funda en la excepción. Siempre hay una excepción que tiene que quedar afuera, que está segregada. En eso descartado van los improductivos, los discapacitados, los que no rinden, los débiles, los pobres, los negros, los extranjeros. Se usa la técnica del chivo expiatorio. Donde no hay un estado responsable, se buscan culpables. Se demoniza a cierto sector, los que no entran en esa masa de iguales, que también es la oposición la que esta demonizada, odiada. Porque no sólo el núcleo duro del macrismo está diciendo eso. Hay toda una subjetividad que yo llamo colonizada que actúa por contagio, que actúa por identificación y sugestión y que terminan todos repitiendo lo mismo. Porque es una masa donde no opera el pensamiento critico sino eso de la sugestión y el contagio, es como un virus”.
NUESTRAS VOCES
PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM