Luego del escándalo en torno a la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei, este lunes el Congreso se convierte en un escenario de alta tensión. Diversos bloques opositores han impulsado pedidos de juicio político contra el mandatario y han solicitado que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convoque al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que brinde explicaciones sobre el papel del Ejecutivo en la estafa ocurrida el viernes pasado.
Durante el fin de semana, legisladores de distintos espacios salieron a cuestionar con dureza la decisión del Presidente de respaldar una memecoin que rápidamente se desplomó, generando pérdidas entre quienes confiaron en la recomendación. La reacción en el Congreso, donde Milei necesita negociar si pretende avanzar con su agenda legislativa, se da en un contexto de sesiones extraordinarias en las que se discuten temas sensibles para el oficialismo, como la ley de Ficha Limpia, la suspensión de las PASO y la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Este escenario hace que la semana parlamentaria sea especialmente desafiante para el Gobierno.
Un juicio político difícil de concretar
El proceso de juicio político enfrenta obstáculos. Uno de los principales es que Menem nunca reconoció formalmente a la diputada libertaria Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político, lo que ha generado una interna dentro de La Libertad Avanza desde abril del año pasado. Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados han señalado a El Destape que «en extraordinarias seguro que no» se convocará a la comisión para definir sus autoridades, postergando cualquier avance en el tema al menos hasta marzo.
Aun si el proceso superara esta traba inicial, la oposición necesitaría reunir al menos dos tercios de la Cámara para que la iniciativa prospere en el Senado, un desafío que hasta ahora ha resultado difícil en votaciones anteriores.
Apenas se hizo pública la estafa vinculada al mandatario, los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein pidieron que Francos sea citado a dar explicaciones y adelantaron que este lunes presentarán un pedido formal de juicio político contra Milei. «Vemos la oportunidad del juicio político como una oportunidad de que el Presidente pueda ejercer su derecho a defensa. Que no quede la duda si hay o no un vínculo comercial con esta gente por parte del Presidente, si ha habido algún tipo de intercambio de dinero, qué pasó en esas reuniones reiteradas que hubo entre Karina Milei, el Presidente, (Manuel) Adorni y los titulares de Kip Protocol», explicó Paulón. «El daño reputacional que ha hecho esta irresponsable publicación del presidente todavía no lo dimensionamos, va a ser muy muy grande», agregó.
Dudas sobre los votos necesarios
El juicio político ha logrado alinear a la oposición en su rechazo al accionar del Presidente. Sin embargo, experiencias previas han demostrado que alcanzar los dos tercios en Diputados no es tarea sencilla. Intentos recientes de la oposición para revertir vetos presidenciales, como el que afectó la ley de financiamiento universitario o la modificación de la fórmula previsional, fracasaron por no reunir el respaldo suficiente.
A pesar de esto, el diputado de Unión por la Patria (UP) Juan Marino afirmó a El Destape que la iniciativa es «una cuestión ética». «Lo mejor que podemos esperar del pedido es contribuir a recabar evidencia que sirva para el proceso penal económico», sostuvo. Agregó que, si las investigaciones avanzan y se confirma la existencia de una estafa, «el juicio político va a avanzar por sí solo».
Controversia en la Comisión de Juicio Político
En abril, la Comisión de Juicio Político designó a Marcela Pagano como presidenta, pero ni Milei ni Menem respaldaron la decisión. Menem suspendió la reunión de la comisión poco antes de su inicio y nunca reconoció la autoridad de Pagano. Esto derivó en su alejamiento de la escena política y en la salida de Oscar Zago, entonces jefe del bloque oficialista, de La Libertad Avanza.
«En el caso concreto de la Comisión de Juicio Político, una vez conocida la nómina de sus integrantes, varios legisladores me manifestaron su disconformidad con tal integración y la necesidad de un replanteo en tal conformación», argumentó Menem en su cuenta de X en ese momento. «Desde el punto de vista jurídico, quien tiene las facultades para citar a la reunión constitutiva, también tiene las potestades para suspenderla», añadió.
Mientras el oficialismo intenta dilatar el tema hasta el inicio de las sesiones ordinarias en marzo, la oposición parece haber encontrado un punto de unidad en su rechazo a la polémica generada por Milei. En un año electoral, la pérdida de credibilidad del Presidente podría traducirse en una caída del apoyo a La Libertad Avanza, que hasta hace pocos días mostraba números sólidos en las encuestas.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com
