Lo que está ocurriendo con Julia Mengolini no es un hecho aislado ni espontáneo: es una operación de persecución política organizada, pública y desproporcionada, dirigida desde el mismísimo Presidente de la Nación. En las últimas horas, Javier Milei compartió más de 60 publicaciones que replican una fake news infame sobre la periodista, que la vincula sexual y afectivamente con su hermano.
Esta noticia falsa —cínicamente impulsada por las usinas digitales libertarias— se sostiene sobre un espejo distorsionado de las propias especulaciones que giran en torno a la relación entre Milei y su hermana Karina, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia y ha sido presentada públicamente, incluso en eventos internacionales, como la «primera dama» de Argentina. Lejos de ser una confusión inocente, ese dato contextual objetiva que no se trata de una “teoría conspirativa”, sino de una estrategia para desviar la atención y construir enemigos internos.
En esa lógica, el libertarismo digital no se limita a tuits: inundó las redes con videos creados con inteligencia artificial, contenidos sexualmente violentos, diseñados para humillar y quebrar a Mengolini. La periodista ya manifestó que no puede más. El nivel de degradación es intolerable.
Uno de los responsables visibles de esta campaña es Fran Fijap, un operador digital libertario que, aunque no figura en ninguna nómina del Estado, ingresa con frecuencia a Casa Rosada autorizado por Adorni y Karina Milei, y responde directamente a Santiago Caputo, el estratega en las sombras del oficialismo. Ninguno de ellos asume responsabilidad legal, ni tiene cargo formal, pero manejan la comunicación y el hostigamiento desde el corazón mismo del poder.
Fijap llegó incluso a tuitear que Crónica había confirmado un supuesto embarazo incestuoso de Mengolini, algo completamente falso. El medio jamás publicó semejante aberración. Pero eso no importa: el objetivo es difundir basura hasta que quede pegada, generar saturación, miedo, silenciamiento.
Mientras tanto, el presidente no recurre a canales institucionales para responder a periodistas, sino que da luz verde a una patota digital que actúa como brazo comunicacional del Estado. No es un error, no es un exceso: es parte de una estrategia deliberada para disciplinar a las voces críticas.
La diferencia de poder es obscena. De un lado, un Presidente de la Nación, con acceso a todos los recursos del aparato estatal, que utiliza sus redes para amplificar odio y violencia. Del otro, una periodista, sin protección, sin estructura, expuesta a un nivel de acoso que ningún gobierno democrático debería tolerar.
Nahuel Barros / La Nueva Comuna