Una nueva jornada de violencia institucional por parte del gobierno nacional terminó con 82 personas heridas y al menos cuatro detenidas, entre ellas periodistas que cubrían la movilización de jubilados. La represión, ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se desató este miércoles frente al Congreso, donde manifestantes reclamaban mejoras en el sistema previsional.
La protesta se realizó horas después de que el oficialismo de La Libertad Avanza decidiera no dar quórum en Diputados para debatir el aumento de las jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional. Previamente, se celebró una misa ecuménica frente al Parlamento, donde referentes de las iglesias católicas y evangélicas denunciaron el accionar represivo del gobierno de Javier Milei. “No puede ser que se siga atacando cada semana a las y los jubilados que están llevando adelante un reclamo justo”, expresó el padre Paco Olveira, quien ya había sido agredido en movilizaciones anteriores.
El Congreso amaneció completamente vallado y la avenida Rivadavia fue cerrada al tránsito por disposición de las fuerzas de seguridad. El operativo se activó cerca de las tres de la tarde e incluyó la intervención de la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la PSA, que utilizaron gases lacrimógenos y golpes con tonfas contra los manifestantes. Según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre los heridos se encuentran personas con quemaduras faciales por el uso de agentes químicos. Una mujer sufrió una herida en la cabeza que requirió hospitalización tras ser golpeada por un miembro de la Prefectura. También fue agredido Guillermo Lorusso, sobreviviente del centro clandestino “El Vesubio” y fundador de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
Los trabajadores de prensa no estuvieron exentos del operativo. Pablo Corso y Diego Pérez Mendoza, del canal LN+, resultaron lesionados, mientras que a la periodista Lula Álvarez, de El Destape, la atacaron con gas y la golpearon con una tonfa en la cabeza. Los reporteros gráficos Javier Iglesias y Tomás Cuesta —quien colabora con la agencia AFP— fueron detenidos y luego liberados gracias a la intervención de la fiscal Malena Mercurial. Mariana Nadelcu, otra fotógrafa presente, sufrió la rotura de su cámara mientras registraba la represión. Iglesias, junto a Leandro Nahuel Cruzado y Pablo Daniel Luna, fue trasladado a la alcaidía ubicada en la calle Madariaga 6900.
“Prefieren gastar una fortuna en estos despliegues represivos en lugar de dialogar con un sector duramente golpeado”, señaló la diputada Natalia Zaracho (Unión por la Patria), quien acompañó la protesta en la Plaza del Congreso. “Miércoles tras miércoles son golpeados y gaseados por las fuerzas de Bullrich, que convierte todo en un show porque no pueden dar respuestas de otro modo”, agregó.
Desde la CPM, su director Roberto Cipriano García repasó lo ocurrido en las semanas previas: “El miércoles pasado fueron 100 personas heridas, la semana anterior 58. Una Justicia que no actúa, actores políticos que eluden el tema y medios hegemónicos que respaldan al gobierno son el caldo de cultivo para esta escalada represiva que deteriora nuestra democracia”, afirmó en diálogo con este medio.
Durante la misa ecuménica, celebrada horas antes de los incidentes y tras el bloqueo parlamentario al debate sobre jubilaciones, representantes religiosos de diversas confesiones denunciaron el hostigamiento constante a los adultos mayores. “Hay que avisarles a los efectivos que están acá que hay que seguir andando, no seguir gaseando”, expresó uno de los curas, en alusión a una de las canciones que se cantaban durante la ceremonia. Eduardo de la Serna, del colectivo Curas en Opción por los Pobres, añadió: “Siempre se dice que hay que ser voz de los que no tienen voz, pero acá lo que falta son oídos. Cuando ves a los corruptos que hoy no votaron a favor de los jubilados, el problema no es la voz sino la plata que les tapa los oídos y les endurece el corazón. Cuando eso pasa, necesitamos un fibrilador urgente”.
Leonardo Schindler, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, también repudió la violencia estatal: “No solo sufren un ajuste brutal que afecta sus ingresos y su salud, sino también una agresión física que se repite cada miércoles. Desde nuestra fe, no podemos dejar de decir que esto va en contra del propósito de Dios y de la dignidad de nuestros mayores”, manifestó. Además, se refirió al apoyo evangélico que recibe Milei: “Algunos acompañan este gobierno y sus políticas, pero es importante aclarar que hay un sector amplio de las iglesias evangélicas que no respalda este proyecto, sino que lo rechaza”.
La Nueva Comuna