La primera nota de Gendarmería en la que pide la prórroga data del 14 de enero de 2020, a un mes del cambio de gobierno y a dos del inicio de la misión del Grupo Alacrán en Bolivia.
Hace explícita referencia a la Autorización 974/19 y 982/19. La primera era por los pertrechos y equipamiento de los gendarmes del grupo de elite. La segunda, la ampliación con los cartuchos que anexaron el 12 de noviembre, el mismo día en que partió el Hércules C-130 de El Palomar. Con la firma del Alferez Lucas Alejandro Belfiori, de la sección comercio exterior de Gendarmería se la dirige a Cozzi. El 23 de enero, la ANMAC autoriza la prórroga de las 70 mil municiones e invoca el motivo de “brindar seguridad y protección” a la embajada en Bolivia. El escrito lleva la firma de Ana Rulli (autorizaciones especiales) y de Daniel Mondelo. Cozzi -designado en el cargo durante el macrismo- recién renuncia el 27 de enero, pero su dimisión se hizo efectiva el 22 de marzo de 2020 a la dirección ejecutiva de ANMAC, en ese momento bajo la égida de Marcela Losardo por la cartera de Justicia. Cozzi, por el momento, no se encuentra imputado por la justicia. Sin embargo, comienzan a crecer interrogantes acerca de una serie de cambios en reglamentaciones que tuvo esa agencia durante 2019 y cómo esto se podría enlazar con actividades de empresas privadas interesadas en el comercio de materiales controlados. Un dato adicional: el rango de Belfiori es sensiblemente inferior al de los comandantes mayores -cinco jerarquías por encima- que firmaron el resto de los pedidos iniciales.
La siguiente nota que revela este diario también se origina en Gendarmería: data del 23 de abril de 2020 y la firma el Comandante Mayor Daniel Gustavo Mendoza, de la Dirección de Servicio Financiero de esa fuerza. Mendoza será luego el destinatario de la nota que envía Recalde el 15 de julio cuando solicita que dé de baja del sistema de Gestión Logística los 70 mil cartuchos aduciendo “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en comisión”. Solo tres armas que llevaron los Alacranes eran aptas para disparar esas municiones. Hubiesen quedado inutilizables con apenas la mitad de lo que supuestamente habrían utilizado en disparos. Los Alacranes, en sumario interno, declararon que no dispararon un solo tiro. A Mendoza no pareció llamarle la atención el argumento de Recalde para justificar la desaparición de las municiones. Hasta ahora no se sabía que una de las prórrogas había sido solicitada por él.
La nota del 23 de abril ya no fue dirigida a Cozzi, que no estaba más en el cargo, sino directamente a Rulli. A esa misma funcionaria la había puesto en copia el comandante Mayor Director de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski cuando hicieron el pedido original para que ANMAC autorice lo que iban a llevar los Alacranes y también la “carga extra” de 70 mil municiones el 11 y 12 de noviembre de 2019, además de a Cozzi. El circuito de documentos pasó así por las mismas manos entre los gobiernos de Macri y Fernández. Losardo ascendió a Rulli a Coordinadora de Operaciones en octubre 2020 por 180 días.
La última prórroga -casi automática- está fechada el 4 de mayo de 2020 y está firmada por Hortensia Ávila y José Martínez Tato por parte de la ANMAC. Y allí, adicionalmente, se enumera el listado completo de material controlado que fue enviado a Bolivia –por otros 90 días-, lo que incluye todos los pertrechos que utilizaban los Alacranes en la misión y también, dentro de esa lista, las 70 mil municiones, junto a los nombres de los gendarmes autorizados.
A favor de la ANMAC, el procedimiento de autorización se asienta en la declaración del solicitante, lo que impide controlar el estado real de lo que figura fuera del país. Lo mismo sucede con Aduana. Pero la maniobra de extender el lapso para informar que esos bienes “consumibles” –como las municiones- habían sido efectivamente consumidos, según la versión de Gendarmería, alejaba la posibilidad de investigar el verdadero destino de ese material bélico que apareció luego en depósitos de la policía.
Es por esto que podría investigarse todo este recorrido administrativo como parte del delito de contrabando que se intentó justificar a través de la nota de Recalde que intentó ponerle un cierre a la maniobra. Gendarmería así aparecía justificando en lo formal que aquello que habían solicitado, aprobada su salida del país, verificado por Aduanas y pedido sucesivas prórrogas había sido utilizado en el transcurso de la misión. Sin esos pedidos de extensión de autorización, hubiesen tenido que dar explicaciones antes sobre el verdadero destino de aquello que se investiga si fue entregado al mismo momento en el que el avión tocó tierra en La Paz.
Prensa Casa Rosada
Publicado en lanuevacomuna.com
