«Estamos presenciando una militarización significativa en la región, y somos conscientes, porque conocemos a Bullrich y también a Milei, que para ellos somos considerados delincuentes y ahora narcotraficantes. Por eso siempre existe el miedo de quedar completamente expuestos». Así describió Alcira Figueroa, ex diputada nacional, la situación en el departamento Orán tras los enfrentamientos y la represión que resultaron en la muerte de un trabajador fronterizo y más de 40 heridos, algunos de gravedad.
Los hechos comenzaron en la madrugada del 18 de diciembre, cuando una patrulla de Gendarmería Nacional interceptó a «coqueros», personas que transportan hojas de coca de manera ilegal desde Bolivia a Argentina. Como es habitual, el grupo abandonó los bultos y huyó, pero luego regresaron para intentar recuperarlos, una práctica frecuente. Esto desencadenó un enfrentamiento: piedras de un lado, proyectiles (supuestamente balas de goma) del otro. En medio de este contexto, el trabajador de frontera Fernando Gómez recibió dos impactos de plomo; uno le perforó el pecho y lo mató. Horas después, nuevos incidentes se produjeron debido a la demora en la entrega del cuerpo, lo que provocó la indignación de familiares y vecinos.
Figueroa denunció que ese día hubo operativos conjuntos de «todas las fuerzas de seguridad: Gendarmería, Policía Federal y Policía provincial». Agregó que las fuerzas irrumpieron en las casas «disparando gases lacrimógenos, balas de goma, y también se habla de balas de plomo contra vecinos que estaban completamente desarmados”. Aseguró que las acciones afectaron barrios enteros y que episodios similares ocurrieron también en Aguas Blancas.
Para la ex legisladora, los incidentes están siendo usados como excusa «para aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera, llenándonos de personal armado, uniformado y de inteligencia, que podrían empezar a señalar y detener a quienes estuvieron involucrados». También expresó su preocupación por la falta de detenidos tras la muerte de Gómez: «Ante esta impunidad, el hecho podría repetirse porque la gente está muy enojada e impotente».
A raíz de la represión, Figueroa señaló que 44 personas recibieron atención médica en el Hospital San Vicente de Paul, seis de ellas trasladadas a Salta por lesiones graves en los ojos. Según contó, algunas personas heridas evitaron ir al hospital por miedo a ser criminalizadas. «Están generando un ambiente de miedo, inestabilidad emocional. He escuchado relatos de niños que todavía están aterrados y no quieren salir de sus casas. Todo esto es parte del famoso Plan Güemes», opinó.
Aunque la zona de la frontera salteña parece haber vuelto a la «normalidad», los residentes no comparten esta percepción. «Nada es normal cuando alguien pierde la vida de esta forma. Aquí no solo se perdió una vida, sino que se pone en peligro la justicia y la democracia», afirmó Figueroa, antropóloga y defensora de los derechos humanos.
En Orán, las fuentes de empleo son limitadas: el Ingenio Tabacal, algunas fincas, trabajos temporales y la actividad fronteriza. La mayoría de los trabajadores fronterizos, conocidos como pasadores, forman parte de una economía informal que no ha sido regulada ni cuenta con políticas públicas que les brinden condiciones laborales dignas. «Pasar mercadería es una actividad sacrificada y peligrosa. Muchos se preguntan por qué no trabajan en las fincas, pero en la frontera pueden ganar entre 30 y 40 mil pesos diarios, mientras que en las fincas, también en negro, apenas les pagan entre 6 y 8 mil por día», explicó.
Para Figueroa, la muerte de Gómez es «una tragedia» y exigió que se investigue quién ordenó el operativo y por qué atacaron al grupo de trabajadores en ese momento. Cuestionó la versión oficial sobre el supuesto hallazgo de 51 kilos de cocaína en los bultos abandonados por los coqueros. «Todos en la zona sabemos que estas personas son trabajadores precarizados, no narcotraficantes. Gómez sostenía a su familia de 12 integrantes con la venta de hojas de coca», aseguró.
Finalmente, Figueroa enfatizó que el trabajo de pasador no solo es agotador, sino que es la única fuente de sustento para muchas familias. «Es un empleo tan extenuante que pocos logran continuar más allá de los 30 años, y casi nadie hasta los 40», concluyó, destacando la necesidad de condiciones laborales más dignas para estos trabajadores esenciales en la economía local.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com