Estados Unidos investiga a un fondo de inversión por supuestas prácticas de espionaje ilegal contra funcionarios argentinos durante el kirchnerismo.
Agentes israelíes, bases de operaciones en Uruguay y la India, tarjetas SIM británicas, una trama que parece salida de una novela y más… La Justicia estadounidense está investigando al abogado que forzó al Estado argentino a pagarle US$2000 millones al fondo de inversión que representaba. ¿La sospecha? Que empleó métodos de espionaje ilegal para acceder a correos electrónicos, documentos oficiales y datos privados comprometedores con el fin de presionar a los funcionarios argentinos.
La investigación se enfoca en Jay Newman, el abogado que durante años actuó en nombre del fondo Elliott Management, cuyo rostro visible era el financista Paul Singer. Los fiscales en Estados Unidos también están solicitando al Reino Unido la extradición de un exagente de inteligencia israelí, Amit Forlit, a quien acusan de haber sustraído de forma ilegal correos electrónicos del gobierno argentino.
Tanto Newman como Forlit, así como el fondo Elliott, niegan haber cometido ilícitos en su disputa con Argentina cuando fueron interrogados por la Fiscalía y en declaraciones a la prensa. No obstante, el abogado y el exagente israelí permanecen bajo investigación, especialmente por el pago de US$20 millones a una empresa controlada por Forlit mediante una triangulación de fondos a través de DCI Group, una consultora con sede en Washington.
La teoría de la fiscalía estadounidense es que Newman habría recurrido a Forlit para obtener información delicada sobre funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, tanto en su gestión pública como en su vida personal, en particular sobre activos relacionados con posibles actos de corrupción que podrían estar escondidos en paraísos fiscales, con el objetivo de presionarlos para que negociaran el pago de bonos de deuda en default.
Hasta ahora, los investigadores no han detallado si Newman y Forlit lograron obtener información comprometida de los funcionarios kirchneristas. Sin embargo, hay indicios: en 2013, en plena disputa con el Estado argentino, el fondo Elliott Management se presentó ante un tribunal en las islas Caimán para solicitar que un banco revelara detalles sobre la cuenta bancaria con al menos US$602.000 de un funcionario argentino cuyo nombre no fue revelado. La petición fue rechazada por el juez, quien consideró que constituía un “abuso de información confidencial”.
Los investigadores también sospechan que Newman habría plasmado sus experiencias, posibles hackeos y campañas de desprestigio que habría planeado con Forlit en una novela que publicó en 2022 en Estados Unidos, titulada “Undermoney”. En sus páginas, el abogado detalla cómo un fondo de inversión incurre en actividades delictivas para obtener grandes ganancias.
Newman mismo ha hecho alarde de la precisión de su novela en varias entrevistas y presentaciones públicas. “No hay mucha ficción en ‘Undermoney’”, comentó en una entrevista para un podcast. En un evento en Miami, incluso afirmó que muchos personajes están inspirados en personas reales que conoce, incluidos individuos del ámbito de la inteligencia.
Crítico acérrimo del Estado argentino –y del kirchnerismo en particular–, Newman fue parte de la ofensiva judicial global del fondo Elliott, la cual incluyó la retención de la fragata Libertad, el buque insignia de la Armada argentina, en un puerto de Ghana en 2012.
Durante años, el fondo Elliott desplegó un equipo de 100 personas para investigar a Argentina. Este equipo incluía abogados, contadores, economistas, expertos financieros e investigadores, muchos de los cuales trabajaron previamente en la «task force» que indagó en Nevada, Delaware, y en paraísos fiscales del Caribe, Europa y hasta en las islas Seychelles, buscando información sobre la familia Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
Finalmente, la disputa tuvo éxito en el tribunal del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, cuando en 2016 los abogados de Elliott Management lograron que el Estado argentino pagara los bonos de deuda en default adquiridos por el fondo en el mercado secundario, lo que multiplicó la inversión inicial.
Poco después de esa victoria judicial, Newman se retiró de Elliott con US$70 millones, pero continuó reuniéndose con Forlit para discutir otros proyectos, aunque no prosperaron, según reportó The Wall Street Journal.
En sus círculos cercanos, algunos afirmaron que el equipo de Newman utilizó tarjetas SIM británicas, además de exespías israelíes de habla hispana, para analizar documentos obtenidos ilegalmente, aunque públicamente aseguraban que provenían de la “deep web”.
Actualmente, un abogado que representa al gobierno de Estados Unidos está buscando la extradición de Forlit en Londres, mientras los fiscales evalúan cómo proceder con Newman, quien sostiene que no actuó fuera de la ley. Por su parte, Elliott defendió su conducta, pero se distanció de las acciones de Newman.
Con información de La Nación
Publicado en lanuevacomuna.com
