El Juzgado Correccional N°1 ordenó la detención de Lucas Alberto Acosta, abogado y hasta hace poco auxiliar letrado del Ministerio Público Fiscal. Se lo acusa de amenazas y lesiones leves calificadas contra una mujer. El funcionario fue suspendido de sus funciones y el caso sacude a la Fiscalía local.
La Justicia de Necochea dictó este martes una orden de detención contra Lucas Alberto Acosta, un abogado que se desempeñaba como auxiliar letrado del Ministerio Público Fiscal en la ciudad. El funcionario, que fue suspendido recientemente de sus funciones, está imputado en una causa por amenazas y lesiones leves calificadas en el marco de una denuncia por violencia de género presentada por G….( se resguarda la identidad).
La resolución fue firmada el 9 de abril por el juez Ernesto Carlos Francisco Juliano, titular del Juzgado Correccional N°1, quien declaró la rebeldía procesal del acusado y ordenó su inmediata detención y captura. La causa se tramita bajo el expediente N° 15518 y se inició formalmente en agosto de 2023.
Según confirmaron fuentes judiciales, Acosta prestaba funciones en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3, ubicada en avenida 75 N° 371, en la zona de la Villa Balnearia de Necochea, y fue separado del cargo tras la escalada del proceso penal en su contra. La situación ha generado un fuerte malestar en el ámbito judicial local, ya que el acusado formaba parte del órgano que debe garantizar la legalidad de los procedimientos penales y actuar en defensa de la ley.
«Compromete la credibilidad del sistema»
El caso reviste una gravedad institucional inusitada: se trata de un miembro del aparato de justicia ahora acusado de cometer los mismos delitos que debía ayudar a investigar o prevenir. “Este hecho compromete la credibilidad del sistema y exige una respuesta ejemplar por parte de las autoridades judiciales”, expresó una fuente allegada al fuero penal, en diálogo reservado con este medio.
En el escrito judicial se instruyó, además, que el acusado sea inscripto en el Registro Único de Detenidos (RUD), conforme lo establecido en los artículos 303, 304 y 151 del Código Procesal Penal. Al momento de firmar la orden, el juez estableció que, una vez detenido, Acosta quedará a disposición del tribunal.
Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM
