En Argentina, el caso Loan ha puesto de manifiesto las fallas y deficiencias del sistema de protección para los más de 500 niños y niñas que desaparecen cada año, especialmente en las provincias que limitan con países vecinos. Esta problemática, que ha empeorado durante el gobierno de Javier Milei, es una mancha oscura en la sociedad argentina que merece ser atendida con urgencia.
El tráfico de órganos y de personas, particularmente de niños, se ha incrementado de manera alarmante en los últimos años. Milei, con su ideología de liberalismo extremo, ha desfinanciado todos los programas destinados a combatir la trata de personas, dejando a las infancias en una situación de extrema vulnerabilidad.
La mano invisible del mercado, tan alabada por Milei, parece haber dado rienda suelta a este lucrativo y siniestro negocio, donde los niños son vistos como simples mercancías que pueden ser compradas y vendidas al mejor postor. Esta realidad es aterradora y pone en entredicho los principios más básicos de respeto y protección a los derechos de la niñez.
Es preocupante constatar que el gobierno nacional, bajo el mandato de Milei, ha abandonado su responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar de los más pequeños. La desfinanciación de los programas destinados a combatir la trata de personas ha dejado a las infancias en una situación de total desamparo, expuestas a los peligros del tráfico y la explotación.
La magnitud de este problema es alarmante, con cientos de niños y niñas que desaparecen cada año, en su mayoría en las provincias fronterizas. Esta situación no solo pone en riesgo la integridad física y psicológica de los menores, sino que también socava los cimientos de una sociedad justa y equitativa.
Es imperativo que el gobierno nacional, bajo el liderazgo de Milei, asuma su responsabilidad y adopte medidas urgentes para frenar esta ola de tráfico de niños. Esto implica reactivar y fortalecer los programas destinados a la prevención, la protección y la atención de las víctimas, así como establecer mecanismos de coordinación efectiva entre los diferentes organismos e instituciones involucrados.
Asimismo, es necesario que se realice una profunda revisión y reforma del sistema de protección de la infancia, con el fin de garantizar que todos los niños y niñas de Argentina tengan acceso a un entorno seguro y a los recursos y servicios que necesitan para su desarrollo integral.
En conclusión, el caso Loan ha puesto en evidencia una problemática preocupante y urgente que afecta a cientos de niños y niñas en Argentina. Es imperativo que el gobierno de Milei asuma su responsabilidad y actúe de manera decisiva para proteger a las infancias y erradicar este flagelo que atenta contra los derechos más fundamentales de los más pequeños.
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Publicado en lanuevacomuna.com
