El Ministerio de Defensa presentó este jueves un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone modificar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional en respuesta a actos considerados “terroristas” por las autoridades. Esta información fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada.
“El Ministerio de Defensa ha enviado al Congreso una propuesta legislativa que busca autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de terrorismo. La iniciativa incluye una reforma del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior para añadir una nueva opción de despliegue militar a solicitud de un comité de crisis”, informó el portavoz.
Adorni detalló que “la propuesta sugiere que las Fuerzas Armadas colaboren con las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo a través de patrullajes, controles de personas y vehículos en áreas específicas”, y destacó que estas intervenciones serían “por un tiempo limitado” y permitirían “detenciones en flagrancia”.
“En el pasado, se firmaron pactos de silencio que causaron gran dolor y sufrimiento en Argentina; hoy, estos actos se enfrentan con todo el peso de la ley”, afirmó.
Actualmente, la Ley de Seguridad Interior solo permite el uso de unidades militares para seguridad interna bajo la declaración de estado de sitio, en circunstancias excepcionales de grave gravedad y conmoción.
La reforma propuesta por el Ministro de Defensa, Luis Petri, con el respaldo de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pretende evitar la necesidad de declarar el estado de sitio, condicionando la actuación militar a una solicitud específica de un comité de crisis que deberá calificar como terrorista a los hechos que generan conmoción interna.
Además, la reforma estipula que el patrullaje militar debe estar coordinado con las fuerzas federales de seguridad y que la intervención de las Fuerzas Armadas debe ser solicitada explícitamente por el gobernador de la provincia afectada. Esto sigue la misma lógica que se aplica actualmente para los operativos de las fuerzas de seguridad federales en una provincia: la solicitud debe partir del gobernador.
En caso de que se autorice el despliegue de fuerzas armadas, las unidades militares deberán informar sus acciones de inmediato al fiscal correspondiente, igual que ocurre con los operativos de seguridad realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la PSA.
Con información de El Diario Ar
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