La Tasa Vial Solidaria, destinada a la reparación y conservación de las calles tanto urbanas como rurales de Necochea y Quequén, ha sido objeto de rechazo por parte de las principales agroexportadoras, que se niegan a pagarla. Desde 2017, más de 1.860.000 camiones atravesaron el distrito rumbo al puerto, pero las empresas responsables —que, según el Centro de Acopiadores, representan el 82% del PBI local— no hacen ningún aporte para sostener la infraestructura que utilizan de forma intensiva.
El intendente Arturo Rojas denunció públicamente que “los sectores poderosos se niegan a pagar una tasa que les corresponde por ley”, y anunció que el municipio iniciará acciones tanto legales como administrativas. “El circuito de exportación está subsidiado por los vecinos que pagan tasas municipales para tapar los pozos que dejan los camiones”, expresó.
Las compañías intentaron justificar su postura alegando que “no usan las calles, sino los camioneros”, argumento que fue rebatido por funcionarios locales: “Si no usaran las calles, no podrían exportar ni importar. No hay trenes, no hay alternativas”, recordaron.
Desde las cámaras del sector agropecuario y portuario aseguran que la tasa encarece los costos logísticos y perjudica la competitividad del puerto de Quequén frente a Bahía Blanca. Sin embargo, análisis independientes indican que el impacto económico es mínimo, y que la negativa se basa más en una posición de poder que en una cuestión de números.
El problema trasciende el mantenimiento vial: el debate revela un modelo económico desequilibrado, donde los actores con mayores ganancias no se hacen responsables de los efectos que provocan. Mientras tanto, el municipio intenta mantener servicios con recursos provenientes de los contribuyentes comunes. La Tasa Vial Solidaria no es un tributo más: es una herramienta para distribuir de forma más justa las responsabilidades en una ciudad donde, si los que concentran el poder económico no ceden, el desarrollo seguirá sin despegar.
¿A quién representan?
Detrás de la oposición a la tasa también surge una inquietud de fondo: si las entidades del agro defienden a los pequeños productores o si, en realidad, actúan en sintonía con los grandes operadores portuarios, que terminan trasladando sus costos al eslabón más débil. La discusión sigue abierta, pero los datos son contundentes: quienes más ganan no están dispuestos a colaborar ni con lo mínimo.
La Nueva Comuna