Si el panorama ya era delicado, el escenario para el año próximo aparece aún más comprometido: el Gobierno nacional decidió no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y las casas de estudio enfrentan un proceso de desangramiento presupuestario. Con el Presupuesto ya sancionado, se confirma un recorte de fondos que pone en jaque el inicio del ciclo lectivo y enciende alarmas sobre la autonomía universitaria.
A fuerza de movilizaciones multitudinarias y con un fuerte respaldo social, durante estos dos años de gestión libertaria —y pese al ahogo financiero y a las reiteradas descalificaciones del oficialismo— las universidades lograron preservar su capital simbólico. En términos generales, la sociedad continúa reconociéndolas como pilares de la vida democrática. Sin embargo, de cara a 2026, el rumbo aparece definido: el Ejecutivo no muestra señales de retroceder y el ajuste se profundizará tras la aprobación del Presupuesto nacional, que recorta un 34 por ciento los fondos universitarios en comparación con 2023.
Desde las universidades advierten, además, que lo aprobado en el Senado vulnera su autonomía, ya que el giro de recursos queda ahora sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Los gremios son categóricos: si no hay cambios en el financiamiento, si los salarios docentes y no docentes continúan deteriorándose y si no se actualizan las partidas para becas y funcionamiento, el inicio de las clases está seriamente comprometido. “Está en juego el presente de nuestros trabajos y el futuro de nuestros hijos”, remarcan.
En ese marco, la Justicia pareció recoger el reclamo universitario y activó herramientas institucionales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento que garantiza la subsistencia del sistema.
Más allá de ello, el viernes el Senado sancionó la Ley de Presupuesto 2026, que implica una caída real del 7,2 por ciento en relación con 2025 y del 34 por ciento respecto de lo ejecutado en 2023. Mientras las universidades reclamaban 7,2 billones de pesos, el Gobierno asignó 4,8 billones.
A su vez, la Secretaría de Educación quedó habilitada a administrar con discrecionalidad el envío de fondos, incluso con la facultad de congelar partidas si considera inadecuado su uso. Este punto genera especial preocupación, ya que podría erosionar la autonomía de las casas de estudio, supeditadas a la apertura o cierre del grifo presupuestario según la voluntad oficial. El Presupuesto también eliminó el piso del 6 por ciento del PBI para educación, las metas de inversión progresiva en ciencia y tecnología —garantizadas por una ley sancionada en 2021—, el fondo para escuelas técnicas y partidas destinadas al sistema de defensa.
Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, lo explica con claridad: “El presupuesto nacional está aprobado y al mismo tiempo la Ley de Financiamiento Universitario no fue anulada, sino que está vigente. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es implementarla ya. Es una norma que se aprobó cuatro veces, cuyo veto fue rechazado en el Congreso. Durante el debate del presupuesto se rechazó su derogación en Diputados y el viernes el Senado confirmó el proyecto de presupuesto que venía de Diputados”. En síntesis, el financiamiento universitario sigue en pie y cuenta con respaldo parlamentario.
Durán subraya luego la contradicción central: “Efectivamente, hay una contradicción entre el presupuesto nacional, que habla de 4,8 billones de pesos para universidades, y la Ley de Financiamiento, que fijaba ese valor en 7,2 billones. Entiendo que estando vigente la norma de financiamiento universitario, el Gobierno debería aplicar el reajuste. Un impacto sobre los salarios y los gastos de funcionamiento que se traduciría en un aumento nominal del 50 por ciento”.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada y vetada en dos oportunidades. El segundo veto fue rechazado por el Congreso y Javier Milei se vio obligado a promulgarla en octubre pasado, aunque dejó su aplicación en suspenso “hasta que hubiera fondos”. Una inaplicación de hecho, justificada bajo el argumento del déficit cero. Una semana atrás, en pleno debate presupuestario, Diputados logró eliminar el artículo que derogaba, entre otras normas, la ley de financiamiento universitario.
Cautelar de la esperanza
Días atrás se conoció una medida cautelar del juez Martín Cormick que obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar al reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional para que se apliquen específicamente los artículos 5° y 6°, referidos a la actualización salarial de docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles.
Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, anticipa: “Entre las fiestas y la feria, la cautelar no va a tener ningún resultado. Habrá que esperar hasta febrero. El Gobierno insistirá con alguna modificación de la Ley de Financiamiento, porque sabe que desde lo judicial lo lógico es que deba ejecutarla. Pienso que se abrirá un marco de negociación, porque el presupuesto 2026 no nos beneficia en nada”.
Y advierte: “Si el Gobierno no cumple la ley y no hay ninguna mejora en cuanto a salarios, el funcionamiento, las becas y los demás reclamos, va a estar muy difícil el comienzo de año”.
Ni tiempo para brindar queda
Entre todas las instituciones públicas, las universidades nacionales figuran entre las más golpeadas en estos dos años de gobierno libertario. Recibieron recortes materiales y ataques simbólicos, con acusaciones y estigmatizaciones que recuerdan la relación que Donald Trump estableció con universidades como Harvard. Para el oficialismo, aparecen como supuestas usinas de “wokismo” y pensamiento crítico.
Desde diciembre de 2023, frente al desfinanciamiento sostenido, los gremios universitarios vienen advirtiendo que podrían mantener cerradas las aulas. La Universidad Tecnológica Nacional fue una de las más firmes: sus docentes ya anticiparon que, si no se cumple la ley, el primer cuatrimestre de 2026 no comenzará.
Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, sostiene: “Que las universidades puedan funcionar el año que viene es responsabilidad del gobierno nacional. Con esta negativa a implementar la Ley de Financiamiento vigente, está poniendo en riesgo el ciclo 2026 de más de 2 millones de estudiantes a lo largo y ancho del territorio nacional”. Y agrega: “Con un recorte que ya se acerca al 50 por ciento, con docentes que no llegamos a cubrir lo básico para reproducir nuestras vidas, no podemos esperar otra cosa que un 2026 conflictivo. Y ese conflicto tiene una explicación: está en juego la existencia de universidades públicas gratuitas y de calidad en nuestro país, el presente de nuestros trabajos y el futuro de nuestros hijos”.
No obstante, dentro del sistema universitario existen matices sobre las estrategias de resistencia. Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, plantea una advertencia: “Hay una realidad: si no hay clases en la primaria, hay un quilombo familiar. Si no hay clases en la universidad, no hay tal quilombo. El problema con eso es hasta dónde se termina siendo funcional a lo que al Gobierno le interesa”. Y al Gobierno —subraya— le interesan las aulas vacías.
Aliaga profundiza: “La herramienta más útil es que el Gobierno sienta que esta es una causa que le genera un costo político porque la sociedad valora a las universidades. Han intentado deslegitimarlas y, sin embargo, la gente sigue confiando. De hecho, el Gobierno tuvo que cambiar el discurso que las señalaba como espacios de corrupción”.
Limosnas apenas
El 23 de diciembre, mientras la atención pública estaba puesta en las fiestas, el Ejecutivo redefinió la asignación de recursos y anunció una “ampliación de los fondos con el objetivo de atender gastos derivados de la política salarial” en universidades nacionales. El entusiasmo inicial se diluyó al conocerse los montos.
En concreto, se trata de apenas 53 mil millones de pesos adicionales. Para dimensionarlo, Aliaga es contundente: “Esto es apenas un puchito, un refuerzo que no implica nada ni resuelve ni por asomo la diferencia salarial que reclaman las universidades. Haría falta, por el contrario, un aumento presupuestario inmenso. Por la pérdida salarial estamos hablando del orden de billones de pesos”.
Y añade una comparación: “El desastre que el Gobierno hizo en ciencia y técnica, desfinanciando la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y la Secretaría del área, es otro orden de magnitud comparado con el conflicto universitario. Con 150 mil millones de pesos, la ciencia podría empezar a reactivarse”.
Es, efectivamente, otro orden de magnitud. Mientras los rectores estiman que se necesitan 7,2 billones de pesos para sostener el sistema, el oficialismo solo prevé 4,8 billones, asignados además de manera discrecional. El futuro de las universidades públicas, advierten, sigue pendiendo de un hilo.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com