Con el reto de dejar de lado las tensiones, las diferentes facciones del peronismo se reunirán el próximo miércoles en la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, donde buscarán exhibir una nueva muestra de poder contra el gobierno de Javier Milei.
La consigna que unirá a los manifestantes será la defensa de la educación pública, frente al inminente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que se oficializará la próxima semana. El objetivo es replicar la imagen de la multitudinaria marcha del 25 de abril, que reunió a sectores muy diversos y sorprendió a Milei con una inesperada derrota política. No obstante, esta vez hay dudas sobre si se logrará una convocatoria igual de masiva.
“El veto ya está listo y se publicará en estos días. Estamos intentando cerrar la paritaria antes de que aparezca en el Boletín Oficial”, comentó a elDiarioAR un funcionario cercano al Presidente. Por eso, están demorando la publicación del decreto, aunque tienen una fecha límite: el 3 de octubre, justo un día después de la marcha, cuando vence el plazo legal.
El jueves, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hizo un intento desesperado: convocó de urgencia a los gremios para ofrecerles un 5,8% adicional en octubre. En la Casa Rosada saben que es tarde para desactivar la movilización, pero algunos dirigentes han comenzado a moverse para intentar reducir su impacto, preocupados por evitar una imagen similar a la de abril. La ministra Pettovello ofreció el aumento como un gesto “histórico” y “sin precedentes”, pero los sindicatos lo rechazaron, considerándolo insuficiente, ya que calculan haber perdido entre el 35% y 55% de su poder adquisitivo en lo que va del año.
La protesta también tiene implicancias en la interna libertaria: la responsabilidad de no haber logrado frenar la marcha recae sobre el Ministerio de Capital Humano, que incluye a la Secretaría de Educación. Algunas voces señalan que Santiago Caputo, siempre atento a los focos de conflicto, se apartó de las negociaciones con los rectores, dejando que la funcionaria asuma el costo político si la protesta se convierte en un evento masivo.
El peronismo se prepara para retomar las calles. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocará y participará de la marcha, al igual que La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner. También se sumará la izquierda y una fracción del radicalismo cercana a Martín Lousteau. De hecho, la Mesa Nacional de la UCR confirmó en los últimos días la suspensión de los radicales que se alinearon con el Presidente tras el veto a la movilidad jubilatoria. En un comunicado, llamaron a sus bloques parlamentarios a seguir apoyando la ley de aumento presupuestario para las universidades públicas.
La Confederación General del Trabajo (CGT), que suele ser criticada por su tardanza en movilizarse, también participará. Pablo Moyano, líder de Camioneros y uno de los más combativos de la cúpula, confirmó la adhesión de la central obrera, que confluirá con las dos CTA, la UTEP, el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales.
“Convocan todas las agrupaciones peronistas, todos los sectores. Queremos que sea una gran marcha, pero no sabemos cuánta gente de la comunidad universitaria se sumará esta vez ni cuántos independientes se movilizarán. Sabemos que será difícil igualar la marcha de abril”, confesó a elDiarioAR un dirigente peronista que participará en la protesta. Distintas voces anticipan una lectura: el oficialismo intentará comparar ambas movilizaciones, por lo que están preocupados por lograr que sea igual de multitudinaria.
Algunos sugieren que el dato de pobreza del 52,9% publicado por el Indec, el más alto desde 2003, podría aumentar la convocatoria. A ese número se suma el descontento social reflejado en las encuestas, que indican una fuerte caída en la imagen de Milei durante el último mes. “Todo indicaba que sería una marcha más pequeña, pero el dato de pobreza y el creciente malestar social podrían llevar a más personas a las calles”, opinó un intendente del conurbano.
La marcha será de carácter federal, con expresiones de apoyo desde distintas provincias. Como antesala, las universidades nacionales llevaron a cabo un paro de 48 horas entre jueves y viernes. La defensa de la educación pública es una causa que cuenta con un amplio respaldo social, y el Gobierno no tiene asegurado el apoyo que obtuvo para sostener el veto a la reforma jubilatoria. En este caso, el panorama es más incierto, e incluso algunos aliados naturales del PRO dudan en respaldar el veto.
El malestar entre los rectores va más allá de lo que el Gobierno pueda ofrecer en las negociaciones salariales, ya que muchos creen que el Presidente tiene un sesgo ideológico contra la educación pública. Ricardo Gelpi, rector de la UBA, afirmó estar convencido de que existe “un plan sistemático para desmantelar la educación pública”. También señaló que la ley que buscan anular representaba “una mínima porción del PBI, pero era crucial para sostener el sistema universitario”. Como ocurrió con las movilizaciones en defensa de la reforma jubilatoria, en la Casa Rosada aseguran que la marcha universitaria no afectará a Milei, quien ya tiene preparado el veto y lo publicará en los próximos días.
Con información de El Diario Ar
Publicado en lanuevacomuna.com
