El Sumo Pontífice compartió el episodio durante una reunión con líderes de movimientos sociales de todo el mundo, incluido Juan Grabois, en la que también criticó la represión de las protestas en Argentina bajo el gobierno actual.
«Un empresario internacional me contó que estaba realizando inversiones en Argentina para expandir sus proyectos. Cuando presentó un nuevo plan al ministro, fue recibido cordialmente y el funcionario le dijo: ‘Déjelo aquí, ya lo llamaremos’. Al día siguiente, el secretario del ministro lo contactó para que pasara a buscar la autorización”, relató Francisco.
El Papa continuó diciendo que, tras recibir los documentos firmados, el empresario se disponía a retirarse cuando el funcionario le preguntó: “¿Y para nosotros, cuánto? ¿Y para nosotros, cuánto?”. Según Francisco, esa fue la solicitud de coima. “El Diablo entra por el bolsillo, no lo olviden”, advirtió.
En el mismo evento, el Papa también cuestionó al gobierno de Milei por la represión a las manifestaciones sociales.
Esta denuncia se suma a otros presuntos casos de corrupción en el gobierno de Milei que han salido a la luz en las últimas semanas, mostrando un patrón repetitivo.
Uno de los casos más notorios fue el pedido de un soborno de 15 millones de dólares a empresarios pesqueros para renovar la cuota de pesca de merluza hubbsi, un proceso que debió ser cancelado tras el escándalo.
Otro incidente involucró al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, quien fue destituido después de que trascendiera que un allegado suyo solicitó sobornos a empresarios para cerrar un negocio con la compañía.
Existen otros casos bajo sospecha, donde se repite el esquema que el Papa resumió con la frase: «¿Y para nosotros, cuánto?».
Por ejemplo, el manejo de la pauta oficial se estaría realizando a través de consultoras privadas, que cobrarían una comisión del 13 al 17,5 por ciento sobre el monto contratado con empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, YPF y Banco Nación.
En este entramado aparece mencionada la firma AB Comunicaciones, propiedad de Carlos Azzariti, vinculada a Página/12, cuyo dueño es Víctor Santa María. Este último está relacionado con la consultora Alejandra Rafuls, considerada la mente maestra detrás del esquema.
También se habla de importantes estudios de abogados que estarían ofreciendo sus servicios para gestionar los trámites de ingreso al RIGI, cobrando entre el 1% y el 3% del total de la inversión, que suele comenzar en los 200 millones de dólares y puede superar ampliamente esa cifra.
En varios de estos casos se menciona el nombre de Santiago Caputo, quien estaría a cargo de la pauta oficial y tendría injerencia en el comité del RIGI, además de haber sido mencionado en el escándalo de los pesqueros, donde algunos intermediarios habrían afirmado actuar en su nombre.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
