Diputados cercanos a Cristina Kirchner presentaron una denuncia penal contra el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D ‘Alessandro, por posibles tareas de espionaje ilegal durante el operativo de la policía local el último sábado frente al domicilio de Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta.
La denuncia fue redactada el mismo sábado por los diputados del Frente de Todos Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, quienes además integran la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, encargada de estudiar y detectar posibles casos de espionaje ilegal.
Sustentaron su denuncia en fotos viralizadas el sábado con policías uniformados en los balcones de Recoleta filmando a los manifestantes, poco antes que se trenzaran con los efectivos que sostenían las vallas frente al domicilio de Cristina Kirchner.
El Congreso investigará la denuncia de Carrió a Bullrich por espionaje ilegal
Con esas pruebas solicitan a la justicia citar a esos policías, al jefe del operativo para que exhiba la oren de servicio y determinar si el Gobierno de la Ciudad Autónoma o la Policía de la Ciudad recibió una orden judicial que justifique tareas de inteligencia.
Los diputados piden además investigar si hubo policías de civil haciendo inteligencia entre la gente. Citan un tuit de la periodista Rosario Ayerdi, en el que relata que policías desde un handy anuncian el arribo del ministro de Desarrollo de La Comunidad de la Provincia de Buenos Aires Andrés «Cuervo» Larroque y aclaraban que «no tiene fueros ni inmunidad diplomática», como dándole vía libre para actuar.
Los diputados basan su denuncia en pruebas de policías filmando desde los balcones o comunicando datos personales de los funcionarios que se acercaban. Y piden citar al jefe del operativo para detalle las orden que instruyó. Habrá una ronda de testimonios en la bicameral de inteligencia.
La ley de inteligencia vigente prohíbe que cualquier organismo obtenga información o almacene datos de personas «por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».
Tampoco habilita ninguna actividad de inteligencia que pueda «influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo».
Ni permite «revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial». Por lo tanto, ni aún con una orden judicial esas tareas serían fáciles de justificar por los jefes del operativo policial.
Los diputados recuerdan la denuncias a la Ciudad por la utilización de los datos biométricos de las personas, que obligaron a suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP).
«Tal suceso, revela la indebida utilización de tecnología de reconocimiento facial a disposición del gobierno local, desviando los fines con la que fuera autorizada y excediendo ampliamente el marco legal de implementación», agregan.
El debate llegará a la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia que preside Moreau y el viernes, antes de los incidentes, se involucró en una denuncia de Elisa Carrió sobre posible espionaje de sus custodios.
Los identificó como efectivos enviados por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien luego aclaró que la custodia de Lilita estaba a cargo del gobierno porteño.
Según registros a los que accedió LPO, al menos en 2019 el fallecido juez Claudio Bonadío le asignó a Carrió una custodia de la policía porteña, que también escoltó a las diputada Mariana Zuvic y Paula Olivetto.
La bicameral iniciará una investigación sobre la denuncia de Carrió y otra sobre el operativo del sábado, en la que citarán a funcionarios y autoridades policiales, información que luego se aportará a la justicia y servirá para otras denuncias.
La comisión tuvo a cargo la investigación de las últimas denuncias resonantes sobre episodios de inteligencia paralela, como la red del abogado Marcelo D’Alessio o la de ex agentes de la AFI que derivó en una denuncia contra Mauricio Macri por la intervención de los teléfonos de los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. En julio fue sobreseído.
La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
