En una medida que atenta contra la transparencia, el Poder Ejecutivo bloqueó el acceso público a la información sobre los proveedores del Estado. Esta decisión se tomó luego de que El Disenso revelara que PAMI paga 65 millones de pesos mensuales por el alquiler de un piso, en el marco de un contrato de 36 meses cuyo monto total supera los 2.300 millones. El beneficiario es una empresa de Kevin Pocovi, militante liberal cercano al presidente, quien incluso lo acompañó a la reunión de la CPAC en Mar-a-Lago. La denuncia fue presentada en Comodoro Py.
omo parte de la investigación, se consultó el sistema de Compras del Estado a través de la plataforma Compr.AR, que permitía acceder a un apartado de búsqueda de proveedores. Hasta la fecha en que se publicó el informe sobre PAMI, cualquier ciudadano podía ingresar, buscar el nombre de un proveedor estatal y, con un simple “click”, visualizar su inscripción y las categorías en las que estaba registrado.
Esta herramienta también permitió corroborar que Guillermo Garat, vicepresidente de YPF y vinculado a Santiago Caputo en la consultora política Move Group (antes Green Consult), obtuvo millonarias adjudicaciones vendiendo servicios de consultoría de imagen a Mayra Mendoza en Quilmes y “galletitas de agua” al gobernador Axel Kicillof a través de la empresa “2 Tapitas”.
Tras la publicación de la investigación sobre los fondos del PAMI destinados a la empresa de Pocovi, el gobierno modificó la página de Compr.AR, eliminando la posibilidad de conocer los titulares de las empresas registradas como proveedoras del Estado. Esta decisión representa un retroceso en términos de acceso a la información pública y dificulta la tarea del periodismo al momento de investigar el destino de los recursos administrados por el Estado.
Con esta maniobra, se favorece la opacidad en la asignación de contratos estatales, allanando el camino para empresarios prebendarios y funcionarios que desvían negocios públicos hacia firmas de dudosa procedencia.
La Nueva Comuna
