La medida fue comunicada por el ministro de Defensa, Luis Petri, a través de varias publicaciones en redes sociales, donde curiosamente adoptó un tono defensivo sin que mediara un ataque previo, anticipándose a eventuales cuestionamientos.
La normativa se aplicará principalmente en zonas fronterizas, donde las Fuerzas Armadas desarrollan tareas de control y vigilancia. Según Petri, esta modalidad ya se implementa en “todos los países limítrofes con la Argentina”.
Tras difundir la medida, el propio ministro salió a justificarla con vehemencia: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar», lanzó desde su cuenta en la red X.
La reacción no tardó en llegar. Agustín Rossi, exministro de Defensa, fue uno de los primeros en advertir sobre los peligros que entraña la disposición: “La medida no es controversial, es ILEGAL”, subrayó. Según Rossi, estas funciones atribuidas al personal castrense “entran en contradicción” con lo establecido en la Ley de Defensa y en la Ley de Seguridad Interior.
Asimismo, señaló que “el personal militar que acate estas órdenes (de detener civiles) está absolutamente desprotegido legalmente”, ya que se le estarían asignando tareas reservadas por ley a las fuerzas de seguridad, algo expresamente prohibido por la normativa vigente.
Inspiración en el modelo estadounidense
Petri defendió su decisión asegurando que “la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras” y que “la posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los códigos procesales de las provincias y la Nación». No obstante, no especificó qué marco normativo respalda concretamente la resolución ministerial, y continuó atacando a quienes cuestionan la iniciativa: “Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras”.
Incluso mencionó a Estados Unidos como referencia. “Estados Unidos lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?», se preguntó, dejando en claro el alineamiento conceptual que guía la medida.
«No exponga al personal militar a ilegalidades»
Desde una postura crítica, Rossi argumentó que el gobierno de Javier Milei recurrió a esta disposición mediante una resolución ministerial “floja de papeles”, luego de que el Congreso rechazara su intento de reformar la Ley de Seguridad Interior.
Recordó que “las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Nación”, cuya función primordial es “proteger la soberanía” en el ámbito “terrestre, marítimo y aéreo”. Y sostuvo que “para enfrentar el delito común u organizado están las fuerzas de seguridad federales y provinciales, que deberían contar con el personal suficiente y el equipamiento adecuado para cumplir su rol”.
Rossi también denunció que “lo siniestro de esta medida es que el ministro Petri, quien debería velar por el bienestar del personal militar, lo impulsa a actuar al margen de la legalidad”.
El exfuncionario fue más allá en su interpelación directa al ministro: “Deje de dar vergüenza Ministro Petri. Póngase los pantalones largos, deje de ser una marioneta de la Ministra Bullrich”, y cuestionó: “¿Dónde va a estar cuando empiecen a llover las denuncias contra los militares por actuar fuera de la ley?”.
En este sentido, lo llamó a rectificar la medida: “Derogue esa ILEGAL ‘Regla de empeñamiento’, y no obligue al personal militar a actuar fuera de la ley”.
Los alcances de la resolución
El texto de la disposición oficial aclara que el objetivo es «restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber».
Asimismo, especifica que no estará permitido «el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, recintos, destacamento, aun existiendo sospechas fundadas de un acto ilícito».
La Nueva Comuna