En una nueva avanzada contra las y los trabajadores de la educación, el gobierno de Javier Milei publicó este martes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, que declara a la educación como «servicio esencial» exclusivamente a los efectos de limitar el derecho a huelga de docentes y sindicatos del sector. La medida fue rápidamente repudiada por CTERA, que denunció una “grotesca conculcación” de un derecho humano fundamental y anunció acciones gremiales y judiciales.
El decreto reedita una discusión saldada hace más de dos décadas, cuando la Justicia laboral declaró inconstitucional un intento similar del gobierno de Fernando de la Rúa. Aquella vez, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló en favor de CTERA y anuló el decreto 843/00 y las resoluciones 480 y 632/01 del entonces Ministerio de Trabajo, encabezado por Patricia Bullrich.
CTERA remarcó que el nuevo DNU de Milei reproduce el contenido del cuestionado DNU 70/23, también declarado inconstitucional en 2024 por la Justicia Nacional del Trabajo, por lo cual sostiene que la medida resulta «arbitraria y manifiestamente inconstitucional».
¿Es la educación un “servicio esencial”?
El punto en disputa se centra en la calificación de la educación como “servicio esencial” y su vínculo con el derecho a huelga. Según la jurisprudencia nacional y los pronunciamientos internacionales, la educación no se considera un servicio cuya interrupción ponga en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población —los únicos casos en los que pueden restringirse legalmente medidas de fuerza.
Así lo expresó el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que, ante una queja presentada por CTERA, sostuvo que «no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término… el sector de la educación». El mismo informe recuerda que sólo los funcionarios con funciones de autoridad estatal o aquellos que prestan servicios cuya interrupción comprometa la vida o la seguridad pueden ver restringido su derecho de huelga.
Un nuevo frente de conflicto
La medida se inscribe en una serie de decisiones del gobierno nacional que tensionan la relación con el movimiento obrero organizado. Para CTERA, el DNU 340/25 no sólo reedita viejas recetas del macrismo y del período postdictadura, sino que también vulnera tratados internacionales con rango constitucional y afecta directamente la democracia sindical.
La entidad gremial adelantó que recurrirá nuevamente a los organismos internacionales competentes y aseguró que tomará “todas las medidas legítimas de acción sindical” para hacer cesar lo que consideran una conducta antijurídica del Estado nacional.
“La democracia, la libertad sindical y la dignidad jamás serán nuevamente vulneradas”, advirtió la Junta Ejecutiva de CTERA en su comunicado.
Mientras tanto, el nuevo decreto abre un conflicto de alta intensidad en el inicio del segundo semestre del año, con una agenda laboral ya marcada por despidos en organismos públicos, conflictos paritarios sin resolución y un creciente malestar gremial frente a las políticas de ajuste.
La Nueva Comuna