En muchos casos, las empresas recibieron solo alrededor del 40% de los fondos acordados durante la administración previa.
El Gobierno suspendió los pagos de programas de apoyo a al menos 370 pequeñas y medianas empresas que habían concursado y obtenido financiamiento para proyectos específicos. Estas iniciativas, desarrolladas en la gestión anterior, contaron con el aval de un comité de evaluadores y técnicos que aún permanecen en el equipo económico actual. Se estima que solo en la subsecretaría PyME las deudas superan los $20.000 millones, a valores de 2023.
Aunque el Gobierno afirma que no ha incumplido contratos, Ámbito pudo comprobar que, desde finales del año pasado, el Estado ha acumulado deudas con más de 300 empresas que concursaron para obtener Aportes No Reembolsables en el Programa Potencia Pymex, una iniciativa orientada a fomentar proyectos de exportación.
“No se ha firmado nada adicional. No se ha emitido ningún pago, y parece que no hay intención de hacerlo; en el Fondep todo está paralizado hace tiempo,” reveló una fuente conocedora del estado de los expedientes del ex Ministerio de Desarrollo Productivo a Ámbito.
Incertidumbre en el sector empresarial
Las empresas están en un clima de incertidumbre. En muchos casos, recibieron solo el 40% de los fondos comprometidos durante la administración anterior, pero ahora no tienen certeza sobre el resto de los pagos programados para este período. Algunas empresas, esperando los desembolsos, siguen pagando seguros de caución, lo que representa una pérdida en un contexto desfavorable para la industria.
“El apoyo del Estado es un incentivo para la inversión; en nuestro caso, no representaba más del 20% del total,” comentó un empresario afectado por la suspensión de pagos. “Nosotros presentamos las garantías, avanzamos con el proyecto, compramos las máquinas e incluso inspeccionaron todo y nos dijeron que estaba bien, pero ahora no nos quieren pagar,” añadió.
Este empresario, quien pidió mantener el anonimato, comentó que desde la Secretaría dirigida por Marcos Ayerra no han respondido ni a él ni a la cámara que representa su sector. Además, mencionó que ha enviado varios correos electrónicos sin recibir respuesta.
¿Y la continuidad del Estado?
Aunque los programas fueron adjudicados en la gestión anterior, resulta difícil catalogarlos como “políticos”. Pasaron por un comité de evaluadores, recibieron varias firmas de diferentes despachos y fueron validados por técnicos que aún forman parte del equipo económico. El pago de estos aportes no es opcional; es un compromiso estatal.
“Es habitual que con un cambio de gobierno se demoren los pagos, ya que las nuevas administraciones suelen revisar las decisiones de las anteriores. Cuando asumió Mauricio Macri hubo un retraso, pero se pagó, y con Alberto Fernández fue igual. Lo que está pasando ahora no tiene precedentes,” apuntó un consultor con experiencia en el tema.
Según los documentos firmados en 2023, más de 300 empresas se han visto perjudicadas. Los sectores afectados son diversos: metalurgia, autopartes, biotecnología, vitivinicultura, textiles, agro, plásticos, cosméticos, entre otros. La deuda acumulada supera los $20.000 millones a valores del año pasado. Una fuente del Ministerio de Economía también reconoció que existen deudas con entidades como cámaras empresariales y universidades.
Estos programas de apoyo a empresas no son nuevos. La Secretaría PyME ha realizado concursos similares, con auditorías internas y externas, sin que hasta el momento se haya reportado ninguna irregularidad.
Con información de Ámbito
Publicado en lanuevacomuna.com
