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El gobierno contrata a múltiples encuestadoras en el inicio de la campaña

Con la campaña electoral en marcha, Javier Milei ha decidido recurrir a 17 encuestadoras para realizar estudios de «monitoreo de la gestión y opinión pública».

Los nombres de las empresas seleccionadas son diversos e incluyen a Aurelio, Analía Del Franco, Gustavo Córdoba, Opinaia, Demos, Tinargen y Barda Comunicación, entre otras.

A pesar de que algunas de estas consultoras mantuvieron una estrecha relación con el gobierno de Alberto Fernández, eso no fue impedimento para ser contratadas por la actual administración libertaria.

Todo indica que el gobierno busca compensar su falta de estructura política recurriendo intensamente a encuestas. Por ahora, la mayoría de los relevamientos indican que Milei ha logrado estabilizar su imagen tras varios meses de desgaste. Según estas mediciones, el presidente conserva una base sólida de apoyo popular que refuerza su posición política.

Milei utiliza las encuestas como estrategia para fortalecer su imagen

Es una práctica habitual que los gobiernos contraten a las principales consultoras, con la expectativa de que esta relación comercial influya en la manera en que estas presentan la percepción pública del oficialismo. Esta dinámica genera dudas sobre la objetividad de los informes que proyectan una imagen fortalecida del presidente, incluso en un contexto económico adverso.

Sin embargo, no todas las grandes firmas participaron en este esquema. Consultoras como Poliarquía, Synopsis, Opina Argentina, Fixxer y Roberto Bacman no fueron incluidas en esta convocatoria.

Por otro lado, a pesar de haber presentado propuestas económicas competitivas, la Universidad Nacional de Tres de Febrero quedó excluida del proceso. La queja presentada por la institución fue desestimada por el gobierno. Esta decisión se enmarca en la confrontación de Milei y su ministra de Educación, Sandra Pettovello, con las universidades públicas.

Costos y alcance de las encuestas contratadas

Los costos de los estudios contratados varían considerablemente: desde 6 millones de pesos para encuestas telefónicas con una muestra de 500 personas, hasta 90 millones para entrevistas presenciales de 40 minutos con 3.000 casos. Los focus groups de 6 a 8 participantes y dos horas de duración superan el 1,2 millones de pesos.

De acuerdo con los términos de la licitación, el gobierno podrá contratar estos servicios por un período inicial de seis meses, con la posibilidad de extenderlos por un semestre adicional.

Con información de La Política Online

Publicado en lanuevacomuna.com

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