El Ejecutivo comenzará a suspender el acceso al agua para aquellos que no estén al día con el pago de sus facturas de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). La iniciativa forma parte del proceso de “normalización” impulsado por Javier Milei, orientado a que la empresa estatal funcione bajo parámetros similares a los de una compañía privada.
A partir del lunes, los usuarios con deudas recibirán notificaciones por carta y correo electrónico advirtiendo sobre la inminente suspensión del servicio. Hasta ahora, se priorizaba garantizar el acceso al agua potable como un derecho esencial, tal como era la práctica desde la época de la ex Aguas Argentinas. Sin embargo, con la llegada de Milei a la presidencia, se ordenó operar bajo criterios similares a los de las empresas de electricidad. “Si no pagás la factura de Edenor o Edesur, te cortan la luz; acá debe ser igual”, explicaron desde la empresa.
La decisión se tomó en el contexto de un nuevo ajuste tarifario y un programa para regularizar deudas. Según datos de Aysa, hay alrededor de 700.000 usuarios morosos que tendrán que acogerse a planes de pago en cuotas o beneficiarse con la condonación de intereses para evitar la suspensión del servicio.
La situación se agravó este año, ya que las facturas del agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se cuadruplicaron, con un nuevo incremento del 3% previsto para diciembre. Esto se suma a la presión que enfrentan los hogares debido a los múltiples aumentos tarifarios. Según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, en noviembre una familia tipo necesitó $134.173 mensuales para cubrir los servicios básicos sin subsidios, con un aumento del 305% interanual en el costo del agua.
“Si un inmueble tiene deudas, según la normativa vigente, AySA está habilitada para restringir o suspender el servicio por falta de pago”, aclararon desde la empresa. “Para usuarios residenciales, sólo se puede limitar el suministro, garantizando un caudal mínimo de agua por conexión. En cambio, para usuarios no residenciales, el servicio puede ser interrumpido por completo. En ambos casos, estas medidas se aplicarán previa notificación y tras agotar las instancias de reclamo establecidas”, detallaron los responsables de implementar el plan a partir de diciembre.
Aysa es una de las empresas incluidas en la ley marco aprobada por el Congreso que habilita su privatización. En el entorno libertario aseguran que es necesario “normalizarla” para que pueda ser transferida al sector privado en condiciones óptimas.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com
