En un preocupante giro hacia la liberalización total del acceso a las armas de fuego, el gobierno de Javier Milei habilitó este martes un mecanismo digital denominado “Tenencia Express”, que reduce drásticamente los tiempos y requisitos para que civiles y fuerzas de seguridad puedan obtener legalmente armamento letal. La medida fue oficializada mediante la Resolución 45/2025, firmada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y se inscribe en un escenario social cada vez más tensionado por la violencia institucional, los discursos de odio y el clima de persecución política impulsado desde el propio oficialismo.
Bajo el discurso de “eficiencia” administrativa y modernización digital, la plataforma “MiAnmac” permitirá que individuos y personal de fuerzas represivas adquieran armas con mayor celeridad, sin los filtros que antes implicaban procesos presenciales y burocráticos más estrictos. La resolución se enmarca en el llamado Plan de Transformación Digital Integral de la agencia, que, lejos de una política neutral, aparece en un momento en el que las referencias del oficialismo agitan con virulencia consignas de represión, estigmatización y confrontación directa con quienes piensan distinto.
El gobierno asegura que esta digitalización permitirá verificar antecedentes de forma automática, emitir credenciales electrónicas y facilitar el acceso a municiones a través de la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM), integradas en la app oficial MiArgentina. Todo el proceso busca recortar pasos y “agilizar” la tenencia, lo cual ha encendido las alarmas entre organismos de derechos humanos, sectores judiciales y parte de la sociedad civil que advierte sobre los riesgos de fomentar la circulación armada en un país con tensiones sociales en aumento y antecedentes recientes de violencia política.
La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anticipado en 2024 un proyecto de ley para “promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas”. Según la justificación oficial, habría más de 800.000 armas en situación irregular, y el objetivo sería «blanquear» esas tenencias. Sin embargo, lo que se instala es un modelo profundamente ideologizado, inspirado en la cultura armamentista estadounidense, que ya ha demostrado consecuencias devastadoras en términos de violencia civil.
Resulta particularmente alarmante que esta política se despliegue a tan solo dos años del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un hecho que aún sacude la memoria democrática del país. No se trata de un episodio aislado: los vínculos de los responsables materiales del atentado con sectores que hoy integran el espacio libertario son cada vez más evidentes, y la impunidad con la que se mueven esos actores se convierte en un mensaje peligroso.
En este marco, la facilitación de armas no puede ser leída como una medida administrativa, sino como una pieza más en el avance de una matriz autoritaria: discursos violentos desde lo más alto del poder, criminalización de la protesta, destrucción del Estado de derecho, legitimación del enemigo interno, y ahora, armas más accesibles para todos. Una combinación que acerca a la Argentina al modelo de pseudo-fascismo liberal que tantos sectores vienen denunciando y que encuentra su espejo más claro en los Estados Unidos.
El Estado, en lugar de proteger a su población, parece decidido a armarla.
La Nueva Comuna