Tras haber dirigido críticas a figuras públicas como Lali Espósito y Ricardo Darín, el presidente Javier Milei sumó un nuevo objetivo a su lista: Ian Moche, un niño de 12 años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), conocido por su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad. El mandatario lo señaló públicamente, acusándolo —junto al periodista Paulino Rodrigues— de “operar” en su contra.
La escena tuvo lugar en la red social X (ex Twitter), donde el Presidente compartió un posteo que denunciaba, sin ningún sustento, una supuesta maniobra política detrás de la aparición televisiva de Ian. La publicación original hacía referencia a “un nene con autismo que opera contra Milei” y lo vinculaba con una “familia ultrakirchnerista”. Milei no solo replicó ese mensaje, sino que sumó su propia voz: “Pautino siempre del lado del mal… Siempre del lado de los kukas”, en alusión al periodista de LN+.
Este episodio no solo representa un hecho insólito en la historia democrática reciente —que un jefe de Estado dirija ataques personales contra un niño—, sino que exhibe una preocupante insensibilidad institucional hacia la infancia y la discapacidad. En un país con más de medio millón de solicitudes pendientes de pensiones por invalidez, el gesto presidencial no puede leerse como un simple exabrupto: es una señal política de profundo desprecio.
Ian Moche no es un militante, ni un operador, ni un adversario político. Es un niño que lleva años compartiendo su experiencia con el autismo para construir una sociedad más empática. “Nos costó mucho lograr esos derechos. Que diga que no son adquiridos es faltarle el respeto a toda la lucha”, respondió el propio Ian en el programa Circo Freak. Además, pidió reunirse con el Presidente: “Quiero contarle cómo vivimos nosotros”, expresó.
El ataque contra Ian se suma a una serie de declaraciones preocupantes dentro del mismo gobierno. Durante una reunión con Ian y su madre, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, afirmó: “Tener un hijo con discapacidad es un problema de la familia, no del Estado”. Una frase que condensa la ideología de recorte y desresponsabilización estatal que hoy amenaza a miles de familias.
El contexto de esta tensión es la inminente discusión en Diputados del proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027, presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria). La iniciativa busca garantizar derechos fundamentales en salud, transporte, educación, trabajo y pensiones. Desde el oficialismo ya adelantaron su rechazo, con el argumento de que afectaría las metas de déficit cero. La Agencia Nacional de Discapacidad incluso calificó el proyecto como “asistencialista y regresivo”.
La gravedad de los dichos de Milei no se mide solamente en términos políticos. Se trata de un jefe de Estado que, con el poder de su investidura, eligió confrontar con un menor, visiblemente vulnerable, por expresar su voz en defensa de derechos básicos. No es un hecho aislado: es una muestra más del clima de hostilidad y desprotección que viven hoy los sectores más frágiles frente a un gobierno que parece considerar enemigo a cualquiera que disienta —aunque ese “cualquiera” sea un niño de 12 años con autismo.
La Nueva Comuna